El nuevo presidente deberá aplicar la Constitución surgida del estallido social

El apoyo a la Convención se ha mantenido constante, pero han irritado algunos “desvíos” de constituyentes para intervenir en los debates de coyuntura política o electoral. Deberá definir el sistema jubilatorio, el acceso a recursos naturales, la gratuidad de la educación y ver si modera o cambia el presidencialismo.

Alfredo Follonier / Télam


En medio de los cambios de fondo que vive Chile, con un proceso constituyente en marcha que busca cambiar la Carta Magna de Augusto Pinochet, los chilenos votarán en unas elecciones presidenciales que definirán el nivel de apoyo del próximo Gobierno a la redacción de un nuevo texto fundamental.

La Convención Constituyente nació de un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición en noviembre de 2019, en medio del estallido social, cuando miles de chilenos abarrotaron las calles exigiendo reivindicaciones políticas, sociales y económicas.

Para nuclear todas las demandas se inició este proceso inédito.

A pesar de ser un organismo que cuenta con un fuerte respaldo ciudadano, esta Convención Constituyente ha venido tocando temas de la contingencia política diaria, lo que le ha generado un “desgaste”, según Marcelo Mella Polanco, politólogo de la Universidad de Santiago de Chile.

“Los niveles de desgaste de la Convención han existido estos primeros meses, lo que se explica quizás por intervenciones de algunos convencionales que participan con mayor frecuencia de lo deseable en debates de coyuntura y de corto plazo”, analizó .

Mella Polanco dio algunos ejemplos como el comunicado de la convención en su primera sesión en el que pidió la liberación de los llamados “presos de la revuelta” de 2019 y la serie de escándalos que afectó a algunos convencionales constituyentes.

En ese primer día de debate, Elisa Loncón, académica mapuche y presidenta de la Convención Constituyente, sostuvo que no era posible que en Chile se debatiera una nueva Carta Magna con personas que, a su juicio, “están presas por tener un pensamiento político distinto”.

La presidenta calificó a la Convención Constituyente que le toca encabezar como un organismo que “nació para dar solución a problemas que estaban afectando a la ciudadanía, sobre todo en materia de disminución de sus derechos fundamentales, en un contexto donde existe una amplia crisis de representación política”.

Sin embargo, para Mella Polanco, cuando este organismo “sale de su ámbito de acción y participa de la política contingente, la única consecuencia probable de eso es el desgaste” y, además, en esa lógica “no tiene mucho que ganar”.

Luego de su instalación, el pasado 4 de octubre, la Convención Constituyente definió su reglamento de funcionamiento y votación para luego pasar al debate de contenidos de la nueva Constitución.

En este debate, estarán presentes algunos temas que fueron reclamos centrales en las calles en 2019 y que hoy se impusieron como bandera varios de los candidatos presidenciales: eliminar el sistema previsional AFP, garantizar el acceso al agua como recurso natural, garantizar un mayor acceso a la educación universitaria, reconocimiento constitucional a las comunidades ancestrales mapuches y mayor autonomía a las regiones.

Además, se espera que dentro del debate de la nueva Constitución se establezca cuál será el sistema político chileno, es decir si será un régimen presidencialista o si, como plantean algunos constituyentes, será un régimen parlamentario, el segundo en la historia de Chile tras un breve experimento entre finales del siglo XIX y 1925.

La dimensión de estos objetivos chocó desde el inicio con el Gobierno de Piñera, que le pidió una y otra vez evitar la coyuntura y limitarse a su función principal: redactar una nueva Constitución.

“Yo diría que la mayoría del país respalda el trabajo de la Convención Constituyente, es favorable a un trabajo exitoso que permita superar la Constitución de la dictadura de Pinochet”, opinó Mella Polanco.

Este respaldo ciudadano, analizó el politólogo chileno, determina que “indirectamente, exista un respaldo, una complementariedad entre la Convención Constituyente y aquellas candidaturas que son favorables a la elaboración de una nueva Constitución”, como las del líder de izquierda Gabriel Boric, el oficialista Sebastián Sichel, la representante de la exConcertación Yasna Provoste, el miembro del Grupo de Puebla Marco Enríquez-Ominami, el dirigente de derecha Franco Parisi y el profesor Eduardo Artés.

El pinochetista José Antonio Kast fue el único que prometió que, en caso de ser electo, buscará que la nueva Constitución no sea aprobada en el Plebiscito de Salida, para que se mantenga la Constitución de Pinochet.

No obstante, también ha dicho que le brindará todo el respaldo a la Convención Constituyente que tiene un plazo máximo de 12 meses para cumplir con su tarea.

El proceso constituyente comenzó con el plebiscito realizado el 25 de octubre de 2020, cuando los chilenos aprobaron escribir una nueva Constitución con casi el 80% de los votos. Un porcentaje similar optó que el organismo que la redacte sea una Convención Constituyente.

Luego vino la elección de los 155 convencionales constituyentes el pasado 15 y 16 de mayo, cuando la oposición y los movimientos independientes fueron los grandes ganadores.

En esta elección, los sectores contrarios al Gobierno, dispersados en diferentes bloques, lograron imponerse en número de constituyentes y el sector conservador solo obtuvo 37 convencionales.



En medio de los cambios de fondo que vive Chile, con un proceso constituyente en marcha que busca cambiar la Carta Magna de Augusto Pinochet, los chilenos votarán en unas elecciones presidenciales que definirán el nivel de apoyo del próximo Gobierno a la redacción de un nuevo texto fundamental.

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