El municipio de Bariloche dice que la emergencia alimentaria local no sirve
El secretario de Desarrollo Humano Integral de Bariloche destacó la ley nacional que, a diferencia de la norma local, permite resignar partidas y cambiar programas.
La emergencia alimentaria se aprobó después de un año de debate. Foto: archivo
La ordenanza de la emergencia alimentaria sigue generando polémica. Los concejales de Juntos Somos Bariloche resistieron la sanción de la norma durante 11 meses. Pero luego de un viaje del intendente Gustavo Gennuso a Buenos Aires, donde Victoria Tolosa Paz, dirigente cercana al núcleo del presidente Alberto Fernández, sugirió declarar la emergencia en Bariloche, el bloque oficialista votó a favor del proyecto.
A dos meses de la sanción, las organizaciones sociales CTEP, CCC y Somos Barrios de Pie reclaman la implementación de la ordenanza y desde el municipio consideran que la norma «no cuenta con herramientas para ser implementada».
«Pasó más de un año para que el Concejo Municipal entendiera que Bariloche se encuentra en emergencia alimentaria pero ahora ya pasaron 2 meses y aún no tenemos respuestas», plantearon las organizaciones, a través de un comunicado de prensa.
El artículo 8 de la ordenanza establece que el municipio deberá reglamentar, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, la creación del Programa de Seguridad Alimentaria Municipal. Este plazo se venció el 4 de febrero.
Otro artículo establece que a partir de la promulgación de la norma, el municipio y el Concejo Municipal deberán designar, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, a sus representantes a fin de inscribir a las organizaciones sociales, sindicatos y referentes de salud pública. El 14 de enero también venció el plazo establecido.
Desde la Secretaría de Desarrollo Humano Integral del municipio argumentaron que el Concejo Municipal recién designó a los integrantes de la comisión la semana pasada. «Pedimos a través de una nota que se nombraran a las autoridades porque hasta ahora, no se había hecho«, destacó el titular la cartera, Juan Pablo Ferrari.
En relación a la ordenanza que fue aprobada el año pasado por unanimidad, el funcionario municipal consideró que «deberá ser reformada porque no tiene herramientas para ser implementada. Es fácil pedir que se aumente todo pero ¿cómo se hace?, ¿de dónde se saca el dinero?«.
Ferrari señaló que la ordenanza no establece presupuesto y solo puntualiza las acciones a seguir, muchas de las cuales «ya se está haciendo».
Puso como ejemplo, la ley nacional de emergencia alimentaria que permite resignar partidas y cambiar programas. «En vez de adherir a la ley nacional, acá se hizo una norma nueva. Y ahora recibimos un pedido de informes del Frente para la Victoria que no lo pueden hacer como bloque sino a través de la comisión. Si estás preocupado por la gente, fijate qué programas hay«, aseguró Ferrari.
Y expresó que «la tranquilidad que tengo es que todos los programas fueron aumentados económicamente. Las despensas comunitarias cobraban 90 mil pesos; este año, 167 mil pesos. Y ya se estaba haciendo un relevamiento de los comedores«.
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