“El Estado debe calmar las aguas” ante la epidemia de “justicieros”

Los intentos de “justicia por mano propia” van en aumento en el país: este año ya se registraron 25 casos fatales, uno por semana. En esta tendencia se también se revela que hay dos millones de armas registradas en Argentina y que circulan unas 9 millones, según el Renar –algo así como una de cada personas está armada–.

En esta discusión reavivada sobre la inseguridad y los límites de la legítima defensa, el sociólogo Roberto Gargarella no deja de insistir: “No hay que asumir que impunidad es igual a venganza privada. Así como la pobreza no convierte a alguien en irresponsable penalmente, tampoco la inseguridad convierte a un “justiciero” en alguien no responsable penalmente. Tanto las elites penales de derecha como de izquierda justifican el uso penal diciendo que cuando el Estado no da justicia, la gente hace justicia por mano propia y se venga. Esa justificación es discutible porque está basada en un reclamo vacío de evidencia empírica. En los años en que hubo impunidad por las leyes del perdón para los crímenes de lesa humanidad, la gente no salió corriendo a matar y a hacer justicia por mano propia contra los responsables de los peores crímenes”.

En su último libro, “Castigar al prójimo” (editorial Siglo XXI), este doctor en Leyes por la Universidad de Buenos Aires plantea repensar el derecho penal desde sus bases para recuperar los lazos con una democracia inclusiva y de deliberación colectiva.

P- Ud. afirma que “el castigo constituye una actividad muy difícil de justificar en situaciones de fuerte desigualdad”. ¿Qué es el castigo? ¿Cuándo y cómo debiera castigarse?

R- Una definición habitual del castigo es “imposición deliberada de dolor.” Y resulta un problema, desde el arranque, y frente a cualquier situación u ofensa, que el Estado se involucre en esa tarea de “imponer dolor” o violencia. Y esa dificultad para justificar al Estado imponiendo dolor es mayor cuando hablamos de un Estado que actúa en contextos de desigualdad, porque allí el riesgo es el de que esas políticas coercitivas terminen guiándose por principios que favorecen a los que están en posiciones privilegiadas dentro de esa desigual sociedad. Esto tiende a ser así por el simple hecho de que las desigualdades económicas tienden a trasladarse a todas las demás esferas: la esfera social, la esfera política, y la esfera jurídica por ejemplo.

P- Su planteo hace eje en repensar “los modos en que una comunidad decente, justa e igualitaria podría lidiar con el tema del reproche hacia quienes cometen faltas graves”. Entonces, ¿cómo plantear esta cuestión cuando de modo generalizado se piensa “como has provocado un dolor tan grande entonces nosotros te provocaremos dolor”?

R- Que haya profundos sentimientos de dolor entre las víctimas, sus familiares y amigos, y aún sentimientos de venganza entre muchos de ellos, no nos dice nada definitivo acerca de cuáles son los criterios que deben guiar las políticas estatales en la materia. Una buena política de seguridad, sin duda, debe tomar en cuenta el punto de vista de las víctimas y sus allegados, pero una cosa muy distinta es pensar que deba ser guiada por esos puntos de vista. esa es una falacia inaceptable. En una sociedad democrática, las políticas penales, sociales, económicas, deben ser el resultado de una conversación colectiva, y no el producto de lo que opine un grupo. Las víctimas de un crimen requieren apoyo, asistencia, cuidados especiales. Eso muy diferente, en cambio, que la idea de que merecen que las políticas penales se orienten conforme a los criterios que ellos propongan.

P- ¿Hay algún modo satisfactorio en este relación entre el mal cometido y el castigo recibido?

R- Esa es una pregunta especialmente relevante para los “retributivistas,“ que ven al castigo en términos de “retribuirle dolor a quien impuso dolor”. No es mi forma de entender el tema. Creo que una sociedad tiene razones para reprochar ciertas conductas que ha detectado de antemano como inapropiadas u ofensivas o inaceptables. Pero reprochar no es sinónimo de castigar, como castigar no es sinónimo de imponer cárcel.

P- En su libro refiere al sueño de Jean-Jacques Rousseau, quien hablaba de ser “esclavos de la ley”. ¿Cómo se puede recuperar hoy ese sueño? Por momentos con las noticias que uno lee ve que muchos delincuentes matan o roban no por desvío momentáneo de la ley sino que delinquir es “un estilo de vida”. ¿Cómo se puede trabajar de nuevo ese precepto o mandamiento de “no matarás”?

R- El sueño de Rousseau hoy implica ser cada vez más dueños, autores de nuestras propias vidas, en términos individuales y sociales. Sin embargo, no es lo que ocurre. En términos del derecho, y el derecho penal en particular, diría que seguimos guiados por las decisiones de pequeñas elites, a veces más conservadoras, a veces más progresistas, a veces populistas, pero siempre elites.

P- En tiempos tan caóticos donde se habla de “hacer justicia por mano propia” o de “linchar” a quien comete un delito, ¿cómo seguimos viviendo todos juntos?

R- Que haya crímenes, enojos, venganza, pasiones, incluso linchamientos, no dice nada sobre cómo debemos vivir, o qué somos. Creo que en cualquier sociedad conviven impulsos y motivaciones diferentes. Lo importante es –como diría ( el filósofo del derecho) John Rawls- de qué modo nuestras instituciones van a procesar esos elementos, esas pulsiones, etc. Y me parece que lo que debemos encarar son procesos de construcción más democráticos, más inclusivos, más vinculados con el diálogo que con la imposición.

P- Ud invita a que pensemos qué haríamos cada uno de nosotros si un grupo de “nuestros vecinos, al sentirse amenazados”, participan de un linchamiento. “¿Saldríamos nosotros a robar en una situación de desesperación, o frente al cuadro de nuestros hijos hambrientos?”, nos plantea.

R- Simplemente necesitamos hacernos la pregunta de qué haríamos nosotros si hubiéramos estado en la desesperante, situación en que le toca estar ahora a otros. Necesitamos aprender a pensar el mundo desde el lugar de los que están peor.

Frente a la posibilidad de que se cometan faltas serias, plantea Gargarella, las preguntas que debieran surgir serían “¿cómo seguimos viviendo juntos?”, “¿cómo reparamos el daño producido?” y “¿cómo vamos a plantearnos imponer sufrimiento o daño al otro?”. Quién se las hace.

Un 50% “comprende” la justicia por mano propia

Los intentos de justicia por mano propia en este año llegaron a 25 casos fatales, casi uno por semana.

Una reciente encuesta de Clarín revela que el 77% de los argentinos no confía en el Poder Judicial y el 50% apoya los actos en los que las víctimas de un delito matan a los delincuentes.

El 31,7% cree que esos casos ocurren por la ausencia del Estado, el 27,4% por desconfianza en la Justicia.

La inseguridad el tema que más preocupa a los argentinos: con el 34,5%, más que la desocupación (14%); la inflación (13,1%); la corrupción (12,2%).

En nuestra sociedad tanto la recuperación de los bienes sustraídos como la sanción le corresponden al Estado y no al particular.

“Una buena política de seguridad debe tomar en cuenta el punto de vista de las víctimas y allegados, pero una cosa muy distinta es que deba ser guiada por esos puntos de vista”.

Roberto Gargarella,
sociólogo y constitucionalista.

Quién es Gargarella

Abogado y sociólogo

Es uno de los juristas más respetados y consultados en Latinoamérica.

Es abogado y sociólogo (UBA), doctor en Leyes por la Chicago University y la UBA y máster en Ciencia Política (Flacso).

Cursó estudios posdoctorales en el Balliol College, Oxford.

Es profesor titular en la UBA y en la Universidad Di Tella. Sus temas: la democracia y el constitucionalismo, el castigo penal y la desobediencia civil.

“El Estado debe calmar las aguas” ante la epidemia de “justicieros”

P- Gargarella, ¿de qué manera un investigador del derecho lee esta coyuntura atravesada por esta epidemia de “justicieros”?

R- Lo que ponen en evidencia estos casos es la manera errónea en que los pensamos, tanto respecto a la actuación del Estado como a quien ha sufrido una agresión o quien la ha provocado. Hace años que el Estado viene fracasando de modo muy violento en áreas importantísimas, como seguridad o cobertura social. En esa línea, las respuestas de los representantes del gobierno sobre los episodios policiales de los últimos tiempos no fueron atinadas porque en un momento donde era necesario aquietar las aguas y no sumarse a los discursos enfervorizados de los familiares de las víctimas, optaron por tomar partido. El Estado debe calmar las aguas y asumir su propia responsabilidad en la construcción de una situación de maltrato y malas respuestas.

P-¿Por qué cuestiona que el castigo sea una estrategia de primera instancia y no último recurso?

R- Aún frente a hechos descomunales de violencia, una sociedad puede procesar esos dramas de diversas maneras y no necesariamente pensando en un endurecimiento de las penas o incluso en la cárcel. La idea de que reproche es igual que castigo, a imposición de dolor, y que castigo es igual a cárcel forma parte de una locura. No podemos pensar que para reintegrar socialmente a alguien tenemos que excluirlo. Con esa metodología, estamos frente al riesgo de que quien cometió la falta se convierta en un reincidente serial. Por otro lado, es una irracionalidad pensar que más años de cárcel equivale a mayor justicia. La justicia tiene que ver con reestablecer vínculos y debe ser pensada de una manera distinta. (Télam)

Hechos destacados del año

Entre abril y mayo, cinco víctimas de robos mataron a asaltantes en Rosario.

Junio: el dueño de un súper marplatense mató a un asaltante y un comerciante acribilló a un ladrón en Bs. As.

Julio: un taxista apuñaló a ladrón en Barracas, una mujer mató a un asaltante en Mendoza y un hombre mató a un intruso.

Agosto: un médico mató a balazos a un delincuente y fue amenazado.

Septiembre: en Zárate, un carnicero persiguió a un delincuente y lo aplastó con su auto.

En San Martín, un remisero repelió el ataque de un ladrón, le sacó el arma y lo mató.