El desvío de fondos motivó los allanamientos al sindicato de petroleros
Se trata de la investigación que publicó “Río Negro” sobre una triangulación de servicios. El fiscal provincial Pablo Vignarolli ingresó al edificio minutos antes del mediodía.
La sede del sindicato de petroleros que dirige el senador del MPN Guillermo Pereyra fue allanada por la justicia provincial.
El fiscal Pablo Vignarolli ingresó al edificio de la calle Santa Cruz al 260 a las 11.55. El procedimiento se realizó por la investigación de los periodistas Italo Pisani y Javier Lojo que “Río Negro” publicó la semana pasada sobre el desvío de fondos que realizaría la cúpula del sindicato.
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Por este hecho también fue allanado el estudio contable de Víctor Adrián Pelleteri, en la ciudad de Neuquén, y en el domicilio de la empresa IC&T en la ciudad de Buenos Aires. Los tres, fueron autorizados por la jueza de garantías Carina Álvarez.
Los tres procedimientos fueron realizados por personal de la fiscalía de Delitos Económicos, y por efectivos de la Policía de Neuquén. Se secuestró documentación en papel y computadoras.
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“En el transcurso de los últimos días pedimos informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y sobre la base de esos informes requerimos las autorizaciones para los allanamientos de hoy”, explicó Vignaroli.
“Estamos en una etapa de la investigación donde buscamos información para luego analizarla y posteriormente tomar las decisiones que correspondan”, especificó el fiscal jefe.
La maniobra investigada consiste en que la organización le paga a International Consulting and Tecnology (IC&T) por servicios de “lobby” y luego Pereyra, junto a otros gremialistas, facturan a la empresa por “honorarios” de servicios imprecisos.
Luego de que esta situación tomara estado público, el dirigente petrolero eludió responder sobre la investigación: “a estos periodistas de la prensa amarilla no les hago caso. Forman parte de una campaña”, sostuvo en una entrevista radial.
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Sin embargo, tanto el legislador del FN Mariano Mansilla como la concejala del FIT Patricia Jure apuntaron a que la Justicia investigara. Ya “debería existir un fiscal investigando y pidiendo informes sobre lo que se ha publicado” apuntó Jure y, por su parte, Mansilla consideró que “la información es tan contundente que hasta un estudiante de derecho de primer año sabe que estamos ante el delito de defraudación llevado adelante por una perfecta asociación ilícita”.
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