El desalojo en una toma de Cipolletti depende del poder político
Mientras se define si la fiscalía concretará el procedimiento, los lugareños avanzan con la consolidación de las viviendas. Hay más de 100 casillas y una gran organización.
En la toma Labraña viven más de 100 familias.
En la entrada de la toma Ruculef, a escasos metros del barrio Labraña de Cipolletti, suena una cumbia que alegra una de las últimas mañanas cálidas de verano. Un hombre, con mate en mano, observa la huerta de su vivienda que ya empieza a mostrar frutos. El asentamiento que nació a fines de agosto del año pasado también florece.
El sol de marzo todavía convida calor a las más de 100 casillas que se levantaron en la nueva toma cipoleña, pero se espera un invierno crudo para las 400 personas que viven allí. En eso trabajan las familias que, a contrarreloj, intentan terminar de aislar los ambientes.
Algunos se acopian de leña, otros, con más recursos, pudieron cerrar con construcción en seco. Incluso, en varios terrenos se ven bases de cemento para la edificación clásica de ladrillos. Un niño en un techo a dos aguas asegura con tornillos unos chapones, es una de las viviendas más desarrolladas en el asentamiento.
Mientras los lugareños terminan de instalarse, la fiscalía espera un gesto político para efectuar un desalojo forzoso. La medida cautelar está firme y no solo depende del Ministerio Público Fiscal la orden. Para llevarla a cabo necesita el visto bueno del ministerio de Seguridad a cargo de Betiana Minor.
Este medio intentó comunicarse con la funcionaria provincial, pero no obtuvo respuestas. Quien lleva el operativo adelante es el fiscal jefe Gustavo Herrera. El responsable del Ministerio Público en la ciudad aseguró que todo indica que el procedimiento se concretará, pero se desconoce cuándo.
Cipolletti no tiene antecedentes de desalojos forzosos y menos de un asentamiento de tales magnitudes, viven allí más de 400 personas. El único precedente en el Alto Valle Oeste es uno de Fernández Oro que ocurrió en 2018. El más cercano fue el de La Esperanza de Roca en octubre del año pasado.
Incluso, cuando estaba todo listo para arrasar con las casas del Barrio Obrero, el por entonces gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck salió públicamente a decir que no iba a poner a disponer de las fuerzas de seguridad. Fue a fines de 2016, en las vísperas de un año electivo.
La historia de las tomas en Cipolletti es larga y acumula más de 40 barrios irregulares. Muchos de ellos se asentaron mientras Weretilneck era intendente, entre 2003 y 2011. Algunos sectores populares comenzaron a regularizarse tímidamente con la gestión de Aníbal Tortoriello y continúan con ese procedimiento lento con el actual intendente Claudio Di Tella.
Dato
- 400
- efectivos policiales se necesitan para llevar adelante el desalojo forzoso en el asentamiento.
Río Negro pudo averiguar que para llevar adelante el desalojo en el sector se necesitan al menos 400 efectivos policiales, además de varios funcionarios y agentes de distintas áreas gubernamentales como la Senaf y la defensoría de Menores, entre otros, para garantizar el debido proceso. Parece difícil que el gobierno de Arabela Carreras se somete al tal procedimiento con el costo político que podría tener en un año electoral.
Sobre todo en estos tiempos políticos de convulsión, con la designación del principal opositor Martín Soria en el gobierno nacional y con la publicación de una encuesta que arroja pobres resultados para Carreras y Di Tella. Sin embargo, pese a los contra tiempos políticos, desde la fiscalía confían en que el procedimiento puede consumarse.
Weretilneck frenó la medida en el Obrero
Todas las tomas que se consolidaron el año pasado en Cipolletti, con la crisis económica y la pandemia, se encuentran con órdenes de desalojo firme. Fueron más de cinco, pero algunas lograron ser desactivadas por la fiscalía.
Sin embargo, pese a los esfuerzos políticos y al costo judicial (se hicieron muchísimas audiencias con jueces, fiscales, defensores) ningún desalojo se materializó.
Todo indica que la vía penal no es la solución, tampoco la civil puesto que el último desalojo “frenado” literalmente por el entonces gobernador Weretilneck, que no prestó la policía, había quedado firme por orden de una Cámara Civil y Comercial.Fue en el barrio Obrero, uno de los asentamientos que va camino a la regularización.
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