El Deliberante de Neuquén pide informes al TSJ sobre las domiciliarias por COVID
El MPN y Juntos por un Cambio en sus diferentes conformaciones aprobaron que el máximo órgano judicial de la provincia indique qué seguimiento se realiza a los internos cuando se les otorga prisiones domiciliarias por la pandemia.
Camilo Echevarría fue el autor del proyecto, secundado por el bloque del MPN y Juntos por el Cambio (Foto Yamil Regules)
En un áspero debate sobre el otorgamiento de prisiones domiciliarias por la pandemia, los concejales cambiaron una comunicación que planteaba la «preocupación» por el otorgamiento de las prisiones domiciliarias y sancionaron hoy un pedido de informes al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre cómo se cumplen las domiciliarias otorgadas por COVID.
La iniciativa fue de Frente Integrador Neuquino (FRIN), e indicaba la preocupación de los concejales a la jueza de ejecución provincial, Raquel Gass, por las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria de un interno en Junin condenado por abuso que logró la domiciliaria por COVID.
La prisión en la casa se resolverá este viernes, con un fallo que dictará la sala penal del TSJ.
«Como en 15 días la situación cambió, pido modificar«, dijo el autor de la iniciativa, Camilo Echevarría.
Fue asistido en la modificación sobre tablas por los concejales del MPN, pero se conservaron los mismos argumentos en los que se fustigaba duramente el otorgamiento de domiciliaria por el caso Junín.
El proyecto votado pide informes sobre las medidas de control adoptadas para el cumplimiento de las domiciliarias por Covid en la provincia.
El pedido de informes omitió al Tribunal Oral Federal de Neuquén, del cual dependen los condenados de la jurisdicción que están alojados en la cárcel de Senillosa (blanco de los argumentos de otos concejales de Juntos por el Cambio) y que definió unas 20 domiciliarias por Covid desde mediados de marzo.
Sí le requirió al juez federal de Instrucción, Gustavo Villanueva (que aseguró publicamente que no había otorgado domiciliarias por COVID 19), que indique «el seguimiento, control y monitoreo» de las personas «liberadas y a liberar de acuerdo a lo recomendado por la Cámara Nacional de Casación Penal» (sic)
Varios concejales plantearon indistintamente «liberaciones» como sinónimo de prisiones domiciliarias.
«Los jueces con absoluta ligereza liberan presos«, cuestionó el concejal Marcelo Bermúdez del Pro Juntos por el Cambio. Aseguró que había una «ideología sacapresos» que impulsaba el otorgamiento de las domiciliarias y sostuvo que «no hay casos de coronavirus» en las cárceles.
Fustigó duramente a la Asociación de Magistrados que (tras un amparo) «dejó sin facultades» al Consejo de la Magistratura para «que se pueda juzgar el desempeño de los jueces» que «dejan libres a los violadores», en directa referencia al vocal Richard Trincheri.
El MPN respaldó la propuesta de Echevarría y la solicitud de informes, que será enviada al Ejecutivo para que se haga por intermedio de intendente Mariano Gaido.
El requerimiento al máximo tribunal sobre las condiciones de la ejecución domiciliaria por COVID salió por mayoría, con el rechazo del FIT y del Frente de Todos.
Desde el Frente de Izquierda se criticó el oportunismo político del pedido de informes, la desprolijidad de los argumentos que formaron parte de un proyecto inicial que dejó de ser una comunicación de preocupación para mutar en un pedido de informes y se indicó que la base de la iniciativa era una «mezcolanza ideológica» que buscaba señalar a los condenados por delitos sexuales como el nuevo enemigo que perdía los derechos a la salud y a la vida a partir de que ingresaban en el penal.
La concejal Hormazabal acusó a los impulsores del proyecto de sancionar una comunicación «sin datos» y les recordó que el 5,5% de los encarcelados en Senillosa fue por delitos de integridad física, mientras que el 40% cumple condenas por «narcomenudeo», el otro 40% por homicidios y robos violentos, y recordaron que en su mayoría los reclusos son personas de escasos recursos.
«Digan que es contra los pobres en las cárceles«, desafió la edil, mientras que su par de bancada, Angélica Lagunas recordó que en los argumentos que cuestionan las domiciliarias se omitió indicar que la policía de la provincia fue la que elaboró el informe de las personas en condiciones de solicitar la domiciliarias, entre quienes se colocó a José Poblete, condenado por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba.
También se aprobó la creación de un cuerpo de guardas ambientales para que funcione como poder de policía y de control ambiental de la ciudad en Neuquén.
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