El debate sobre el aborto legal fortaleció a los equipos de salud

“Acá hablamos de aborto”, dice el cartel que está en el pasillo del centro de salud Progreso de la ciudad de Neuquén. En mayúscula, negrita y subrayado con resaltador rosado. Es un mensaje en voz alta, como si fuera un megáfono desde la pared. Explica cómo debe ser la atención en caso de consulta y finaliza con: “la decisión es tuya.”

Hace exactamente un año el Senado rechazó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el primer trimestre de gestación, luego de que lograra media sanción en Diputados. Sin embargo lejos de clausurar el tema, lo amplificó. La movilización social no ha perdido vigencia ni insistencia. Uno de los sectores dónde produjo mayor impacto fue en los servicios de salud.

Desde 2014 existe la “comisión ILE” de la zona metropolitana que reúne a los profesionales que garantizan el acceso al aborto en los supuestos previstos por ley: cuando el embarazo es producto de una violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Participan trabajadores sociales, médicos, psicólogos, ginecólogos, personal de enfermería de los centros de salud de San Lorenzo Sur, Nueva Esperanza, Almafuerte, Confluencia, Villa María, Progreso, San Lorenzo Norte, Valentina Sur y del hospital Heller. Todos forman parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que a nivel provincial, llegan a 348, según el registro del primer encuentro que se realizó, en 2018, en Zapala.

“Se puso mucho más en debate, en algunos centros donde ni siquiera se hablaba. Irrumpió hasta en las mesas familiares. Lo que sí vimos es que se garantizó finalmente la compra del Misoprostol (la monodroga para realizar la práctica). Se hicieron pedidos concretos de compra de la medicación a través del laboratorio Domínguez y eso lo disparó la discusión en el Senado”, aseguró Mariana Aguirres, integrante de la comisión.

Mayra Peralta, que también forma parte del equipo, agregó: “se empezó a visualizar más la práctica y como avance creció la red nacional de profesionales (por el derecho a decidir). Nos fortalecimos como grupo de trabajo”.

Las dificultades persisten (ver aparte). “Los centros de salud reciben la demanda, hacen acompañamiento de primer trimestre, pero si se le presenta una situación del segundo trimestre su hospital de referencia no cuenta con médicos que garanticen la práctica”, planteó Sol Martín de la comisión. El acceso oportuno es muy importante, ya que cuanto antes se realice la interrupción, más segura es. Lucía Durán, del Heller, sumó otro punto: las estadísticas se construyen entre los efectores, no hay publicadas cifras oficiales en Neuquén sobre abortos no punibles.

Gabriela Monteira, de la comisión, remarcó: “este tipo de obstáculos son la evidencia de que el aval institucional es controvertido y que tiene que ver con voluntades personales. No hay un reconocimiento a la gente que está desde antes intentando acompañar y garantizar algo que es legal”.

•Falta de promoción. No hay una campaña masiva (folletería y cartelería) que indique en qué situaciones las personas tienen derecho a una interrupción legal del embarazo (ILE) en el sistema de salud. El material que proviene de Nación llega a cuentagotas, y el plantel de los centros de salud debe elaborar el suyo.

•Segundo trimestre. Después de la semana 14 de gestación es más complejo el acceso a la práctica, ya es más difícil hacerla en un establecimiento de atención primaria.

•Equipos que garanticen derechos. No todos los hospitales de referencia cuentan con profesionales que realicen ILE.