El consenso perdido

La ampliación de los límites a la movilidad definidas por el gobierno nacional por el fuerte incremento de los contagios incluyeron un pedido al Congreso para delegar en el Ejecutivo nuevas facultades para tomar “restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”, lo que muestra las dificultades para una estrategia coherente contra la pandemia, en un defectuoso sistema federal con fuerte polarización política.

En un reciente artículo publicado en el Dipló, el investigador Ernesto Calvo, doctor en ciencia política de la Universidad de Maryland, analiza los problemas para gestionar crisis en los sistemas federales, especialmente cuando los gobiernos nacionales y provinciales son de distintos partidos. A los mandatarios opositores, señala el autor, les conviene “mostrarse ambiguos, cooperar con el gobierno federal pero también diferenciarse y trasladar la responsabilidad (de lo que sale mal) al otro”. De este modo, lo que debiera ser un esquema de distribución de responsabilidades entre los distintos niveles (nacional, provincial, municipal) “se transforma en una máquina de asignar premios y castigos, donde los logros son propios y los costos son ajenos”, agrega.

En Argentina se suma el desmesurado peso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el país. El anterior decreto del presidente Alberto Fernández abarcó casi exclusivamente a la capital federal y el conurbano bonarense, cuando distritos como Córdoba, Santa Fe, Mendoza o Tucumán tenían problemas similares. Como ironizó el analista Daniel Montoya, “los problemas del AMBA son nacionales, los del interior son de los gobernadores”.

Un buen ejemplo fue la crisis por las protestas de Salud en Neuquén: durante varios días un conflicto que paralizó la producción de hidrocarburos y desabasteció a dos provincias mereció apenas una atención marginal de los denominados “medios nacionales” y del gobierno central, concentrados en la polémica por las clases presenciales en la Capital, que definirá la Corte Suprema.

A este aspecto institucional se suma la creciente polarización del tablero político. Tanto por ser un año electoral como por actitudes y estilos del presidente, se perdió buena parte del consenso político que primó en la primera ola de la pandemia. Contribuyeron el caso de Vicentin, la reforma de la Justicia y manejos arbitrarios y poco trasparentes como el de las “vacunas vip”. La autoridad del presidente fue erosionada también por cierto exitismo ante la buena respuesta sanitaria inicial, errores de gestión y las contradicciones en la coalición oficialista, donde prima la puja egoísta de poder entre los sectores del PJ.

La oposición, por su parte, libra sus propias peleas de liderazgo con vistas a las próximas legislativas, lo que acentúa sus posturas negativas y especulativas. Los mandatarios provinciales y municipales tienen un margen legal para eludir las recomendaciones federales y privilegiar la propaganda a la prevención, al mismo tiempo que las percepciones de riesgo entre los votantes de uno u otro sector llegan a ser radicalmente diferentes.

En este contexto, en vez de construirse una percepción de riesgo pedagógica basada en evidencia y datos, se apela a mensajes ideologizados y emocionales, lo que garantiza la adhesión de los leales pero bloquea consensos amplios. El desafortunado discurso del presidente comparando a los adultos que cuestionan sus medidas con niños caprichosos que quieren mirar por la ventanilla del auto o culpando a la Capital por “irradiar” la pandemia al resto del país son ejemplos de actitudes paternalistas poco empáticas.

En este juego donde parecen dominar los “halcones” de ambos lados de la grieta, no es sumando facultades discrecionales al Ejecutivo como se recuperará la autoridad presidencial erosionada ni se logrará un mejor manejo de esta segunda ola, sino con más transparencia de gestión, búsqueda de consensos y amplia participación en la gestión de las medidas, única manera de que una ciudadanía agotada y escéptica haga propios los protocolos sanitarios.