El Congreso daba vía libre a la intervención de Santiago del Estero

La Cámara de Diputados aprobó anoche por una aplastante mayoría la intervención a Santiago del Estero por 180 días, con posibilidad de prorrogarla por otros seis meses, y giró de inmediato el proyecto al Senado para su sanción definitiva esta misma madrugada. 195 legisladores votaron a favor y sólo 15 en contra, con tres abstenciones.

A lo largo del debate, los legisladores repasaron las denuncias de persecución política, espionaje, abuso policial y mani- pulación judicial que pesan sobre el régimen de Carlos Juárez y su esposa y gobernadora, Nina Aragonés, como también la situación de los campesinos que son expulsados de sus tierras por el avance de las plantaciones latifundistas de soja.

Si bien el proyecto cosechó un amplio respaldo del arco político, tanto los radicales como el ARI, socialistas y provinciales expresaron sus disidencias con el proyecto del PJ porque pretenden que la prórroga de la intervención se realice con el consentimiento del Congreso y establecer un artículo para que no afecte la autonomía municipal.

En cambio, los más fervientes opositores a la intervención fueron por un lado el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, quien advirtió que «no se puede juzgar a quienes no han tenido el debido proceso», mientras que el diputado santiagueño Juan Domingo Pinto Bruchman, defendió con firmeza la gestión de los Juárez.

Por otro lado, diputados radicales y provinciales, coincidieron en manifestar sus dudas en el recinto sobre el momento elegido por el Ejecutivo para impulsar la intervención y plantearon su preocupación sobre si esa medida no está vinculada a la interna del justicialismo.

Al presentar la propuesta, el bloque justicialista, que el año pasado había resistido los intentos opositores a favor de la intervención, comenzó por justificar la oportunidad. «Había que dar todo el tiempo necesario para permitir que dentro de Santiago del Estero se resolviera la situación», argumentó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey (PJ-Salta). El salteño afirmó que el motivo central de la medida es el «fuerte deterioro en el orden institucional» que sufre la provincia. Las opiniones de la oposición tuvieron ejes coincidentes: respaldaron la medida pero criticaron la demora, pidieron mantener a los municipios fuera de la intervención y reclamaron que la prórroga fuera aprobada por el Congreso. Así lo expresó, por ejemplo, el radical Mario Negri, quien además propuso que se mantenga en la provincia la delegación de la oficina de Derechos Humanos de la Nación.

Un llamado de atención expresado por el kirchnerista Miguel Bonasso llevó gravedad a la discusión, cuando pidió celeridad en la aprobación porque existían «peligros de conflictos armados en Santiago del Estero», y recordó la acción de grupos parapoliciales contra los campesinos de la provincia.

Las críticas sobre la forma como el gobierno manejó la intervención, y el papel del oficialismo en el Congreso, alcanzó mayor dureza en las palabras del socialista Jorge Rivas cuando acusó al justicialismo de «no importarle nada lo que ocurría en la provincia mientras era funcional

a su interés político».

«¿Qué diferencia a los Juárez de cualquier gobernador del noroeste?», se preguntó Rivas para aumentar el desafío.

Sobre la misma línea avanzó Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, cuando puso en duda la independencia del poder Judicial de Salta, San Luis y Santa Cruz, en un intento por cuestionar la particularidad de Santiago del Estero.

Entre los pocos rechazos a la intervención, precisamente, se destacó el puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien tal vez por temor a que su provincia pueda ser en el futuro blanco de una decisión similar, calificó los fundamentos del proyecto como «absolutamente pobres» y aseguró que a las cajas enviadas por el gobierno «no las conoce nadie».

«Aunque se intervenga la provincia los Juárez van a volver a ganar», desafió luego el diputado juarista Juan Pinto Bruchmann, en un discurso que sólo fue aplaudido por su coprovinciana Graciela Olmos, donde también afirmó que en Santiago del Estero existe «estabilidad social» y destacó las mejoras de las cuentas provinciales.

En el round aparte que protagonizaron los legisladores santiagueños, el justicialista José Figueroa denunció que la familia de su colega de bancada José María Cantos, también de Santiago del Estero, fue amenazada de muerte porque iba a votar a favor de la intervención. Figueroa incluso acusó a diputados juaristas de participar en el «intento de asesinato» en su contra.

(DyN/Télam)

Fundamentos

El Poder Ejecutivo fundamentó su decisión de intervenir los tres poderes de Santiago del Estero en la «violación sistemática por parte del poder provincial de derechos y garantías» resguardadas en la Constitución, entre otros puntos del proyecto firmado por el presidente Néstor Kirchner. A continuación, los principales puntos:

• Violación sistemática por parte del poder provincial en ejercicio, de derechos y garantías resguardados por la Constitución federal, afectando ineludiblemente la vida republicana en sus principios fundamentales.

• Grave deterioro institucional al que se ha llegado en esa provincia.

• Desempeño de funcionarios del Ejecutivo que fue motivo de numerosas quejas y denuncias que alcanzan desde la negligencia y lentitud en la gestión administrativa, hasta el casi nulo respeto a los derechos laborales de los agentes estatales.

• La Legislatura local se encuentra sometida a mecanismos de extorsión y presión entre sus miembros y varios de sus integrantes fueron involucrados judicialmente en distintas causas y tiene requerido el desafuero.

• El Poder Judicial fue cuestionado y denunciado por distintos sectores sociales por su falta de independencia del poder político, la morosidad en la tramitación de las causas, circunstancias que ponen en riesgo el mandato constitucional de garantizar la administración de justicia.

• El informe elaborado por el Ministerio de Justicia refleja más de 500 denuncias por inacción judicial, arbitrariedad, ausencia de seguridad jurídica, irregularidades en investigaciones, falta de imparcialidad, violación a los derechos de debido proceso y defensa en juicio, apremios ilegales, persecución y abuso de autoridad.

• Se toma nota de un número importante de muertes dudosas y sin esclarecimiento durante el mandato constitucional de la actual gobernadora, Mercedes Aragonés de Juárez.

• El accionar policial es objeto de permanentes cuestionamientos por su falta de profesionalidad, desapego a las formas y notoria falla de observancia de la legalidad.

• Se detectaron serias anomalías institucionales y violaciones a la ley orgánica policial, registrándose un virtual recrudecimiento de las operaciones de coacción a periodistas, políticos opositores y miembros de distintas organizaciones sociales.