El conflicto de la Cooperativa 1º de Mayo parece no tener fin
El aserradero “recuperado” está en litigio judicial desde hace años. Hay una sentencia firme y un pedido de desalojo que debe resolver la jueza Andrea de la Iglesia. Desde la organización reclaman el cumplimiento de una ley de expropiación.
Unas 40 familias trabajan en la Cooperativa 1º de Mayo. El aserradero se dedica la fabricación de jaulas y la venta de madera para encofrado.
El conflicto por las tierras donde funciona la Cooperativa 1 de Mayo en Roca parece no encontrar una solución. Unas 40 familias trabajan en el aserradero ubicado sobre Ruta 65. Sin embargo, hay una sentencia y pedido de desalojo que la Justicia debe resolver.
Omar Carrasco, presidente de la cooperativa recordó que en 2010 se formó la organización y que cuenta con matrícula del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
Por otro lado, Mario López integra la otra parte que reclama que se desocupen tres hectáreas que asegura haber adquirido en 2014.
Señaló que en 2012 la empresa Embalajes S.A. vendió y cedió en legal forma con escrituras traslativas de dominio 12 hectáreas de su propiedad.
Relató que la municipalidad en 2013 suscribió con el nuevo dueño de las tierras el 30 de diciembre y se comprometió a no extender habilitaciones comerciales a partir del 30 de abril de 2014 a nombre de la Cooperativa 1 de Mayo, tras lo cual ésta debería haber cesado toda actividad.
Finalmente, en marzo de 2014, “habiendo evaluado la documentación correspondiente, tomando conocimiento de la postura y compromiso municipal respecto al cese de actividades y dando por hecho el retiro de los cooperativistas, tomé la decisión de adquirir tres hectáreas, las cuales fueron escrituradas a mi nombre”, señaló.
Según López, tras este convenio firmado por el municipio, “el grupo mayoritario de integrantes de la Cooperativa, encabezado por su entonces presidente Guillermo Aviles, se retiraron del predio usurpado llevando su actividad a otro lugar. Un grupo minoritario escaso se quedó usurpando el predio hasta el presente utilizando el nombre de la Cooperativa 1 de Mayo”, dijo.
Señaló que desde 2020 hay una sentencia de desalojo. Desde la Justicia informaron que la primera orden de desalojo que se dictó nunca se ejecutó porque después vinieron distintas instancias de conciliación y de recursos de apelaciones.
“Las apelaciones de la cooperativa todas fueron fracasando y la instancia luego de conciliación que proponía una salida alternativa al desalojo también fracasó por lo que aquella sentencia original de desalojo está firme”, comunicaron desde la Oficina Judicial.
“Ahora hay un nuevo pedido de Mario López para que se haga cumplir la sentencia de desalojo. Sobre ese pedido se tiene que expedir la jueza”, explicaron.
La jueza que dictó originalmente la sentencia fue María del Carmen Villalba, que ya está jubilada y la nueva magistrada que tiene la causa es Andrea de la Iglesia.
Ley de expropiación
Omar Carrasco, presidente de la Cooperativa 1º de Mayo señaló que el dueño original del aserradero en 2008 empezó hacer el vaciamiento de la empresa. Luego de protestas por el pago de aguinaldos y sueldos, “dijo que no iba a trabajar más en la empresa y que los trabajadores hagan lo que quisieran con el aserradero”, contó.
En 2015 “se aprobó una ley de expropiación durante el gobierno de Alberto Weretilneck impulsada también por la actual gobernadora Arabela Carreras y el vicegobernador Alejandro Palmieri”, detalló. “Se presentó en la Legislatura y por mayoría se sancionó la ley 5031”, recordó.
Carrasco explicó que la normativa establece la expropiación para la Cooperativa 1º de Mayo de tierras, bienes, maquinarias y herramientas que se le embarga la empresa Embalajes. En ese documento en ningún momento figura el nombre de Mario López”, remarcó.
El presidente de la organización señaló que la ley “la guardaron en un cajón y la pilotearon”.
“La ley de expropiación es honorosa no le costaba un peso a la provincia, la Cooperativa lo pagaba después. Solo el gobierno tenía que pagar $320.000 en el 2015 por toda la tierra y no lo llevaron a cabo”, sostuvo.
“El 15 de enero en el boletín oficial salió que se pagara la expropiación y no se pagó”, reiteró.
Carrasco dijo que hay una incertidumbre muy grande porque son 40 familias trabajando todos los días. “Se le hizo una denuncia a Weretilneck por daños y perjuicios e incumplimiento de deberes de funcionario público y la Justicia en menos de 10 días dijo que no tenía culpa”, informó.
El presidente remarcó que la normativa “fue llevada por él mismo y su gabinete a la Legislatura y sancionada por la mayoría”. En cuanto al desalojo sostuvo que no se ejecutó porque en “nadie quiere arriesgarse a desalojar a 40 familias”.
Más instancias de apelaciones en la causa
El presidente de la Cooperativa señaló que en 2012 se aprobó una Ley de Utilidad Pública por la Legislatura de Río negro y en 2014 otra normativa por la municipalidad también de Utilidad Pública.
“Esto significa que no se puede vender ni alquilar y qué es de interés público, que estas tierras se tienen que usar solamente para trabajo”, dijo.
“En el 2015 vamos a juicio con Mario López que dice ser dueño de las tierras y que las compró en 2014 pero la Ley de Utilidad Pública dice que no se puede vender ni alquilar”, sostuvo.
Por su parte López explicó que “la diputada Silvia Horne ingresó el pedido de declaración de Utilidad Pública en forma directa en la Legislatura de Río Negro en diciembre de 2014, presentación que fue en principio rechazada en el recinto”.
Señaló que en marzo de 2015 “la Legislatura Provincial, a instancias de la diputada, trata nuevamente el pedido de Utilidad Pública, sancionando la Ley 5031”.
“A partir de ser sancionada la citada Ley en la Legislatura, mi asesor legal dio inicio al pedido de declaración de inconstitucionalidad de dicha ley ante el Tribunal Superior de Justicia. Posteriormente se dio inicio a la acción de desalojo”, mencionó.
Finalmente, en 2017 “la Provincia de Río Negro en fecha 11/07/2017 a solicitud del Juzgado Civil N°9 en otra causa ajena a la que nos ocupa, comunicó mediante nota de la Secretaría de Gobierno n° 1258/2017 la caducidad de la Ley de Utilidad Pública sujeta a expropiación (Ley 5031)”.
López también señaló que mientras se desarrollaba el juicio previo a la sentencia, el Municipio les ofrecía a los cooperativistas terrenos en el Parque Industrial 1 de Roca. “El municipio, la provincia (a través de sus representantes legales) y la parte actora, ofrecieron por ante la Justicia, trasladar las maquinarias cedidas por Embalajes S.A. y hacer la puesta en servicio en el Parque Industrial a costo 0 para los cooperativistas”, mencionó.
Por su parte el referente de la organización manifestó que en ningún momento recibieron este ofrecimiento por parte del municipio.
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