El aumento de las tarifas eléctricas

De acuerdo con el convenio de concesión entre la provincia de Río Negro y la empresa concesionaria de los servicios eléctricos Edersa, cada cinco años es posible realizar una revisión del cuadro tarifario vigente. Alcanzado ese plazo desde el comienzo del contrato, Edersa ha presentado un pedido de reconsideración de las diversas tarifas eléctricas, en algunos casos con importantes valores porcentuales de aumento.

Más allá de la legalidad del pedido de incremento tarifario solicitado previsto en el contrato, entendemos que el mismo escapa a la razonabilidad de la situación económica y crisis social que envuelve a toda la provincia de Río Negro, particularmente a los sectores más carenciados.

La solicitud de Edersa se basa en una tasa de rentabilidad que a nuestro juicio es excesiva. Nuestro fundamento se sustenta en las ventajas comparativas que el negocio eléctrico sostiene frente a otras actividades empresarias. Efectivamente, el carácter de actividad monopólica y la peculiaridad de que la empresa concesionaria pueda «salirse» del negocio a voluntad, le confieren preeminencias frente a otras actividades que necesariamente se tienen que reflejar en una menor rentabilidad, ya que obviamente disminuye su riesgo empresario.

La complejidad del estudio del contrato de concesión, como asimismo el de la propuesta de Edersa, requiere de equipos de especialistas que puedan dar una opinión fundamentada en los aspectos técnicos ingenieriles, económicos financieros y contables y jurídico-legales, tema que debería encarar el usuario si quiere debatir frente a una empresa que solicita un aumento cercano a los $ 20 millones anuales, que seguramente le permiten pagar generosamente a equipos profesionales de primer orden.

El que obviamente tendría que estar en condiciones de dar un dictamen con propiedad es el Ente Provincial de Regulación Eléctrica -EPRE-, que debe contar con equipos técnicos especializados en este rubro. Ahora bien, el EPRE aduce que este organismo es juez en la determinación de las cuestiones en conflicto, como por ejemplo, entre la empresa que quiere aumentar sus tarifas y los usuarios que, desde luego, se oponen. Para ello, el EPRE pone a disposición de los consumidores un defensor del usuario, quien se supone que cuenta con toda la información elaborada para realizar una defensa de los compradores de energía eléctrica.

La apuesta de los usuarios queda entonces circunscripta en buena medida a la eficacia con que el defensor del usuario realice su tarea o, cuanto menos, proporcione la información lo suficientemente elaborada para que los consumidores puedan presentar una propuesta con los argumentos que la situación presume.

Paralelamente, los usuarios tienen un arma absolutamente legal y, lo que es más importante, legítima, como es el reclamo popular. En una situación de recesión con límites intolerables, de costos excesivos en el ámbito de la producción y el comercio (el famoso «costo argentino») y un estado de desocupación laboral de carácter único en la historia nacional, resulta al menos provocativo un planteo como el realizado por Edersa, de quien se sabe que en este primer quinquenio ha tenido rentabilidad positiva, lo que no está mal en la medida en que ésta sea «razonable», tal como dicta el contrato de concesión .

Ni desde una perspectiva económico-social y política, para no hablar en términos morales, la sociedad rionegrina puede aceptar empresas que buscan enriquecerse en una provincia empobrecida. Y menos en un área de servicio como es el eléctrico, con directa sensibilidad en los sectores populares e influencia considerable en los costos de producción de las economías más activas de la región.

En su doble papel de reclamo en el ámbito técnico-legal como en el terreno político, estamos convencidos de que el pueblo rionegrino sabrá dar una batalla justa en los términos que esta democracia así lo permite y justifica.

(*) Ex presidente de la Autoridad de Cuencas

Ingeniero civil