Una relación madura

La escalada de tensiones entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, iniciada tras el fracaso de la Ley Ómnibus, escaló a su máximo nivel. El mandatario de Chubut, Ignacio Torres (actualizando una antigua advertencia del caudillo neuquino Felipe Sapag) amenazó con “cerrar el grifo” del gas y el petróleo al resto del país si no se anula un fuerte recorte en su coparticipación mensual, logrando el respaldo de los gobernadores patagónicos primero y de todo el país, después. El Gobierno Nacional, lejos de calmar las aguas, subió la apuesta. Dijo que sólo hubo un descuento legítimo de un crédito pedido por la provincia y garantizado con esos fondos, lo desafió a concretar la medida “y atenerse a las consecuencias”. Más tarde los tildó de “degenerados fiscales”.

La pelea de fondo es por recursos, que escasean en la crisis económica. La segunda oleada de ajuste del gasto de Milei pegó de lleno en las provincias, que perdieron importantes partidas administradas por Nación, como subsidios al transporte, el fondo de incentivo docente (Fonid), fondos fiduciarios y transferencias discrecionales, que se suman a la merma de ingresos coparticipables por la reforma de Ganancias. Varios gobernadores iniciaron acciones judiciales y exigen una salida política al conflicto. Tanto Milei como sus ministros se muestran inflexibles y niegan que la batería de recortes sea una venganza por el fracaso la Ley Ómnibus, aunque en privado admiten que el objetivo es “secar” de recursos a los distritos para lograr mayor respaldo a las reformas y extender la austeridad fiscal a las provincias.

Los números indican que en el primer mes de gestión “pura” de Milei las transferencias automáticas a los distritos cayeron un 11%, el menor valor en 9 años, mientras que el giro de fondos discrecionales se desplomó un 98%. La merma en coparticipación se explica principalmente por la reforma de Ganancias (acordada con los mandatarios provinciales en la gestión del ministro-candidato Sergio Massa con la vaga promesa de que se iba a “compensar” tras los comicios) y la caída de la actividad, que repercute en la recaudación.

Aunque conociendo la personalidad del presidente la reacción de redoblar la apuesta e “ir por todo” no sorprende , muchos analistas se cuestionan si, aunque sea en términos de costo-beneficio, le conviene confrontar con dirigentes que, a diferencia de otros exponentes de la “casta”, fueron legitimados en las urnas hace poco y tienen niveles de aprobación elevados, algunos de ellos superiores a los del presidente. Advierten además que el gasto provincial es menos del 20% del ajuste total previsto .

La experiencia en Latinoamérica enseña que es pésima idea para un presidente en minoría perder el “escudo legislativo” y apoyo territorial cuando su popularidad merme a consecuencia de los efectos de la recesión .

Sin dudas que el sistema federal de reparto de impuestos, definido por una ley de 1988 y nunca modificado a pesar de varios intentos y del mandato constitucional de 1994, está lleno de deficiencias y carece de incentivos para una buena administración. Aunque señala que el 56,66% de los recursos debieran ir a las provincias, todas las administraciones nacionales lo han ignorado y concentraron recursos, repartiéndolos luego de manera discrecional y con favoritismos partidarios. Ha imperado la estrategia del “palo y la zanahoria” para disciplinar a propios y ajenos y obtener apoyo político en el Congreso.

Ninguno de los “pactos fiscales” firmados pudo eliminar las arbitrariedades de Nación ni tampoco frenar comportamientos clientelares de muchos gobernadores, que abultan nóminas de empleados públicos sin tener actividad privada ni ingresos propios suficientes para sostenerlas, mientras otros aportan más de lo que reciben.

Sin dudas se debe rediscutir en breve un nueva esquema fiscal, donde se simplifique el sistema y se refuercen impuestos progresivos como Ganancias ( sería más adecuado llamarlo Ingresos), con actualizaciones fijadas por ley, acordes con la inflación y sin discriminar a sectores. Y fijar un sistema de reparto federal imparcial, con estímulos para la buena administración y sanciones al despilfarro. Donde cada nivel estatal genere ingresos suficientes para cubrir sus gastos y se eliminen superposiciones.

Sin embargo, en una crisis como la actual, no es con el “látigo” , insultos ni amenazas grandilocuentes como se logrará reordenar el Estado federal, sino con un diálogo honesto, maduro y democrático, que respete las representatividades que ha votado la ciudadanía.