Trata: peligroso retroceso

El caso de la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña, que ha conmovido y mantiene en vilo a la opinión pública del país, se mantiene como un misterio que revela las graves deficiencias para investigar la desaparición de personas que tienen tanto los gobiernos y las policías como los distintos niveles de la Justicia. Entre las tantas hipótesis que se han barajado en la causa está la posibilidad de un caso de trata de persona.

El caso Loan no es aislado. El Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas (Rnipime) tiene hoy más de 1.700 búsquedas activas. La cantidad de búsqueda de paradero de niños o adolescentes pasó de 1.935 en 2022 a 3.115 en 2023. En lo que va de este año, se registraron 687 nuevas búsquedas. Hay consenso en que esta cifra es incompleta, ya que la falta de coordinación entre las instancias provinciales y nacionales hace imposible hoy tener estadísticas completas sobre el fenómeno.

Las críticas al accionar de las autoridades, fuerzas de seguridad y la Justicia en el caso Loan tampoco con propias de esta causa. Se cuestiona que no se haya aplicado de inmediato el protocolo “Alerta Sofía”, que activa la difusión masiva de imágenes e información de cada niño o adolescente desaparecido, entre otras acciones. Este protocolo se creó tras la desaparición de la niña de tres años Sofía Herrera, en Tierra del Fuego en 2008, un caso emblemático que sigue abierto y cuyo nombre tomó el sistema federal creado para localizar a chicos desaparecidos que pudieran estar en peligro.

El ministerio de Seguridad ha intentado compensar su tardía reacción con un espectacular despliegue de personal y recursos en Corrientes, que de todos modos no ha contribuido a aclarar la situación, sino que incluso sumó complejidad a la causa.

Este contraste entre acciones mediáticas y la realidad se manifiesta en la actitud que ha tenido el Gobierno de Javier Milei ante el drama de la trata de personas, un fenómeno ante el cual nuestro país ha realizado importantes progresos en los últimos diez años y que hoy se encuentran en riesgo por el corte de financiamiento.

Hace menos de diez días, la Oficina de Monitoreo contra la Trata de Personas del Departamento de Estado de EE.UU. reconoció a nuestro país en su último informe sobre el tema, que abarcó el análisis de 188 países. Nuestro país quedó en el puesto 28 del ránking, entre aquellos que han mejorado en sus esfuerzos por mejorar los estándares de prevención, persecución a responsables y asistencia a las víctimas de las redes de trata.

Aunque Argentina está muy lejos de haber erradicado este flagelo, sí ha cumplido con estándares mínimos a nivel internacional, condenado a más de 48 tratantes en 29 causas, ha logrado identificar y resarcir a 43 víctimas en 2023, superando lo hecho el año anterior. El informe destaca los avances del país en investigaciones complejas, sanciones y condenas a funcionarios involucrados, capacitación a agentes judiciales y policiales, así como en planes de prevención, difusión y de asistencia a las víctimas. Sin embargo, este reconocimiento llega en un momento de fuerte retroceso en los seis meses de gestión libertaria, donde el Comité de Lucha contra la Trata pasó a la órbita de Seguridad.

La Fundación la Alameda, dedicada a combatir la trata, los enumeró en un informe reciente. Entre ellos el despido del presidente del comité y de todos los delegados territoriales, sin nombrar sustitutos; la reducción al 50% del personal del Programa de Rescate y de la línea 145 (que sólo este año recibió 812 denuncias de trata de personas, 121 de ella de menores en todo el país); la suspensión las capacitaciones nacionales y provinciales, así como de todas las campañas de prevención; la suspensión o eliminación los programas de asistencia a las víctimas; la reducción de agencias territoriales del ministerio de Trabajo para la explotación laboral.

La trata para la explotación sexual o laboral de las personas es un grave problema que requiere políticas de Estado, decisión política y financiamiento, no medidas improvisadas y efectistas, pensadas para mejorar la imagen de la gestión de turno.