Rendir cuentas
La semana que pasó volvió a registrar momentos álgidos por parte del presidente Javier Milei y sus colaboradores, que evidencian una baja tolerancia hacia quienes no comparten sus ideas o su gestión y que, además, revelan una suerte de resistencia a rendir cuentas sobre los actos de gobierno, componente básico en cualquier democracia.
La interpelación del ministro Guillermo Francos dejó algunas dudas. Si bien el ministro se prestó a la requisitoria sobre aspectos poco claros de la promoción del token $Libra que hizo el presidente en sus redes sociales en febrero, quedaron interrogantes sin respuestas, por no ser su área de decisión. “No tengo idea”, señaló Francos sobre el destino de los millonarios fondos que recaudó la criptomoneda, que luego se desplomó y dejó miles de damnificados. Más allá de las chicanas de la oposición y cruces sobre los intereses electorales que pudieran haber detrás de la investigación, lo cierto es que otros dos funcionarios citados a dar explicaciones, el ministro de Economía Luis Caputo y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se ausentaron.
Pocas horas después, el presidente escribió en sus redes sociales contra periodistas que informaron sobre el tema, para luego extender los insultos a economistas y exfuncionarios que, a su juicio, boicotean con sus críticas la marcha del plan económico.
En su disertación de la Expo EFI 2025 se contabilizaron al menos 20: “Hijo de puta”, “pelotudo”, “infradotado”, “imbécil”, “zurdo de mierda”, “la tienen adentro”, entre otros. Al día siguiente, en el debate para las elecciones legislativas porteñas, hubo un incidente con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien primero trató de evitar que un reportero gráfico tomara su imagen y luego filmó su credencial. Tras el hecho, Milei defendió a su ministro sin cartera y volvió a cargar contra la prensa crítica: “ensobrados”, “chantajistas”, “la gente no los odia lo suficiente”, “extorsionan, mienten, calumnian e injurian con impunidad”, dijo. Según Chequeado.com, desde su asunción de 2023, Milei ha pronunciado más de 1.000 insultos, descalificaciones o ataques en discursos, entrevistas y redes, un promedio de 2,4 por día.
Muchos son replicados y amplificados por sus seguidores y bots en las redes.
Durante la década de los 90, el politólogo Guillermo O’Donell mencionaba como una de las principales debilidades de las jóvenes democracias latinoamericanas la escasa rendición de cuentas y el poco compromiso con la transparencia de sus gobernantes.
Identificaba dos formas de “accountability” (el término en inglés): la “vertical”, que ejercen los ciudadanos al expresar sus opiniones, exigir información y votar en elecciones y la “horizontal”, donde diferentes poderes del Estado y organismos contralores supervisan y limitan las acciones del otro.
El caso de Santiago Caputo es quizás un ejemplo de la falta de compromiso del oficialismo con la transparencia. Monotributista sin cargo en el gabinete, no solo dirige la comunicación estratégica oficial sino que maneja áreas claves como la inteligencia, energía, la unidad de investigación financiera o el organismo recaudador de impuestos. Todo de manera extraoficial, sin responsabilidad legal sobre sus acciones ni obligación de presentar declaración jurada de ingresos.
Hay otras muestras. En agosto del año pasado, Milei firmó un decreto que limitó el acceso a la información pública, señalando que el Gobierno no está obligado a rendir cuenta de la vida privada de los funcionarios, y aumentó los criterios por los cuales las agencias federales pueden negarse a brindar datos. Este mes, la Auditoría General de la nación (AGN) quedó virtualmente paralizada debido a la finalización de los mandatos de sus integrantes y la ausencia de reemplazos.
Más allá del derecho a defender su gestión y responder críticas , que los ministros den explicaciones al Congreso, dar acceso a la información pública, aceptar la supervisión de contralores y evitar el hostigamiento a la prensa forman parte de los límites al poder en democracia. Junto a la obligación de rendir cuentas de los actos de gobierno y habilitar la participación ciudadana, son pilares básicos de este sistema.
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