Parálisis judicial
La sanción en el Senado de un nuevo proyecto para integrar el Consejo de la Magistratura, el organismo creado por la reforma constitucional de 1994 para el nombramiento, evaluación y sanción de jueces federales (además de compartir la administración del Poder Judicial con la Corte) no parece sacar de la parálisis que sufre desde años a este organismo clave, contribuyendo al creciente descrédito de la política y del Poder Judicial ante la ciudadanía.
El jueves el Senado aprobó una nueva conformación del Consejo de la Magistratura que pasa de los 13 integrantes actuales a 17, sumando un juez, dos abogados y un académico. Se añadieron consejeros ad honorem para temas regionales, “federalizando” la composición del cuerpo y se incorporó la perspectiva de género en la representación.
De este modo, intenta cumplir con el fallo de la Corte que declaró inconstitucional (casi 15 años después) la reforma del kirchnerismo en 2006 que, a juicio del máximo tribunal, viola el equilibrio del organismo ya que da excesivo peso al “estamento político” (representante del Ejecutivo y legisladores), que teniendo 7 representantes de 13 podía definir temas clave sin tomar en cuenta a jueces, abogados de la matrícula federal, académicos y científicos. Estos estamentos fueron integrados al Consejo en 1994 precisamente para limitar la influencia presidencial y de la política partidaria en el proceso, apuntando a lograr jueces más independientes y con mejor calidad técnica. Poco de eso se ha logrado.
El eje de la controversia es la participación o no de la Corte Suprema en el organismo. En el proyecto votado en la Cámara Alta, el Frente de Todos fue tajante en rechazar cualquier integración del máximo tribunal en el organismo, mientras que para Juntos por el Cambio es condición “innegociable”. El problema es que el fallo de inconstitucionalidad, dictado en diciembre de 2021, dio seis meses de plazo para que el Congreso definiera la nueva composición “equilibrada” del organismo, que vence este 16 de abril. De no ocurrir, el organismo volvería a su integración original de 1998, con 20 integrantes y en el cual el titular de la Corte, Horacio Rossatti, será el presidente.
El Frente de Todos ya admitió que “no dan los tiempos” para tratar el proyecto en Diputados antes de esa fecha: no tiene los votos para aprobar el proyecto tal como viene del Senado y tampoco está dispuesto a conceder los cambios que pide la oposición.
En el camino, abogados y jueces definieron a sus representantes y los académicos lo harán el 18. Restaría elegir a dos representantes por el Congreso (que corresponderían a la UCR y al PRO, primeras minorías en Diputados y el Senado), algo que el FdT tampoco parece dispuesto a otorgar.
Así las cosas, el organismo quedaría paralizado, sólo funcionando para aspectos administrativos, pero no podrá aprobar ternas ni sancionar jueces. Una situación gravísima en un país donde el 25% de los cargos del fuero federal de Capital están sin cubrir y hay más de 30 ternas de jueces y otros 30 pliegos en el país que esperan tratamiento, en jurisdicciones como la de Rosario, golpeada por el narcotráfico. Seguirá el sistema de “subrogancias”, con la arbitrariedad que ello implica, mientras los problemas estructurales de la Justicia (lentitud, dependencia del poder político, corporativismo, poca transparencia, falta de participación ciudadana) siguen sin resolverse. El proyecto podría seguir el camino de las reformas del fuero federal o la del Ministerio Público, estancadas por la incapacidad del oficialismo de lograr consensos mínimos y alejar las sospechas de que pretende transformar al Poder Judicial en un apéndice del Ejecutivo.
Las experiencias de Neuquén y Río Negro demuestran que, aunque la “rosca” política y el riesgo de arbitrariedades nunca desaparece, es posible lograr consensos entre los partidos para lograr un funcionamiento mínimo de los Consejos de la Magistratura. Transformar al organismo en un “botín de guerra” de la grieta y la disputa partidaria sólo contribuye al desprestigio y la decadencia de este poder, vital para el sistema democrático y republicano.
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