La “convivencia democrática”

El intento de magnicidio de la vicepresidenta centra el debate político mientras la justicia busca avanzar. Pero la búsqueda de consensos institucionales contra la violencia política ha vuelto a tropezar con el oportunismo y actitudes mezquinas.

No habían pasado ni 24 horas de este gravísimo hecho cuando el episodio comenzó a entrar dentro de la desgraciada lógica de la “grieta”. Desde el grueso de la oposición se repudió el ataque, aunque no faltaron quienes lo pusieron en duda o encuadraran como un hecho delictivo o montaje. Desde el oficialismo se intentó rápidamente sacar rédito político, vinculando mecánicamente el episodio con “discursos de odio” atribuidos no sólo a grupos extremos sino a la oposición en su conjunto, a los medios de comunicación no oficialistas y al Poder Judicial, estableciendo una relación lineal entre las críticas al gobierno y las causas que enfrenta Cristina Fernández, con el atentado.

Así, las instancias pensadas para mostrar un clima de unidad nacional (el acto en Plaza de Mayo, la sesión en Diputados, el repudio en Senadores, la misa de Luján) naufragaron en un mar de gestos de intolerancia y partidismo. Oportunidades perdidas por falta de grandeza y sensatez de muchos, pero sobre todo desde quien debiera encarnar la unidad del país: el presidente de la República.

El llamado que realizó Alberto Fernández primero y (vía tuit) su ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, a la oposición y otros sectores a “reencauzar la convivencia democrática” mostró incoherencias y escasa vocación de amplitud. Excepto el radicalismo, ninguna fuerza recibió una convocatoria formal, con temario u objetivos. De Pedro sólo mencionó conceptos vagos en las redes sociales, donde el llamado a “recuperar la racionalidad” y “el diálogo” lo hizo desde una posición de superioridad moral al señalar que “no podemos permitir que el peronismo siga poniendo las víctimas en la sociedad argentina”. El que “odia” y es “irracional” es el otro.

Así, no sorprende que en las encuestas hasta un 70% de los consultados desconfíe de que alguna vez se logren esclarecer las circunstancias del ataque, mientras otra abrumadora mayoría culpa al gobierno en igual o mayor medida que a la oposición por el clima de agresividad discursiva.

Las demandas y conflictos en una sociedad democrática debieran canalizarse por vías regulares y trasparentes a través de las instituciones, como el Congreso, no mediante de tuits, medios o tribunas políticas. Un ejemplo reciente fue la convocatoria del presidente chileno Gabriel Boric a los sectores que impusieron el Rechazo en el plebiscito constitucional. Pese a sus antagonismos, aceptaron el convite a la Moneda y se estableció que el espacio para discutir el futuro institucional fuera el Congreso.

La necesidad de establecer canales de diálogo y negociación se ve necesaria no sólo para el atentado, cuya resolución depende más de la Justicia que de la política. Mientras la violencia y los temas judiciales centran la atención de la dirigencia, la mayoría de la población está más preocupada por la inflación y la caída de sus ingresos. En este terreno, los esfuerzos del ministro de Economía Sergio Massa para estabilizar los frentes monetarios, fiscal y fortalecer las reservas del Banco Central han logrado una relativa paz financiera, aunque frágil. Los ejes que abordó dan cuenta de una voluntad de ordenar las cuentas públicas, un reclamo histórico de la oposición. Y se aproxima una discusión clave, la del Presupuesto 2023, que dará una señal fuerte para fijar las expectativas de los agentes económicos sobre el futuro e implicará tomar decisiones duras hacia muchos sectores, en un año electoral.

En este campo minado, un consenso mínimo sobre decisiones realistas que den estabilidad a la actividad económica será imprescindible.

Exige abandonar la descalificación permanente, el cálculo oportunista y construir desde el respeto y el diálogo franco políticas de Estado que trasciendan los gobiernos de turno.