Investigación en deuda
Esta semana se cumplieron tres meses desde que fuera hallado sin vida el soldado Pablo Gabriel Jesús Córdoba, de 21 años, mientras realizaba una guardia en el Grupo de Artillería de Zapala, en medio de creciente preocupación tanto de la familia como de la comunidad, por la morosidad y las evidentes falencias que muestra una investigación que debiera ser prioritaria. No solo por un hecho que es grave en sí mismo, sino porque ocurrió en el mismo escenario donde en 1994 asesinaron al soldado Omar Carrasco, que reveló un sistema de violencia institucional perverso y derivó en el fin del sistema de servicio militar obligatorio.
La familia del soldado reclamó en la marcha realizada el viernes un urgente cambio en la carátula, que pase de “muerte dudosa” a “presunto homicidio” porque consideran que a estas alturas resulta más que evidente que en la muerte del joven Córdoba hubo intervención de terceros. La definición del tema depende de varias pericias cuyo resultado está pendiente, como la ampliación de la autopsia del cuerpo, pericias balísticas y otros estudios que se demoran en llegar al juzgado.
Como publicó Río Negro el jueves, hay varios indicios y contradicciones que cuestionan la hipótesis inicial del Ejército, que se trató de un suicidio, o en el peor de los casos de un desafortunado accidente. Su familia está convencida de que pudo haber visto algún delito (ese día no debía estar de guardia) y una o más personas lo mataron.
Entre las sospechas figuran cómo pudo ser posible que una persona que intenta quitarse la vida sea capaz de dispararse dos veces en la cabeza, más aún con un arma como el FAL, pesada, larga y de compleja manipulación, que según las primeras pericias estaba en una modalidad que obligaba a volver a cargar, gatillar y quitar el cargador, que apareció tirado sobre el cuerpo. La falta de huellas en el arma, a pesar de ser manipulada por varias personas, incongruencias con la cantidad de municiones halladas, el tiempo entre las detonaciones, el calibre y la trayectoria de los proyectiles y quién efectivamente retiró el fusil del cuerpo son sólo algunas dudas no resueltas.
Por otra parte, familiares y amigos destacan que Pablo se encontraba de buen humor esos días, que no tenía problemas financieros, e incluso estaba organizando un asado y se había comprado ropa porque en pocos días asistiría a una fiesta en el cuartel. No se relatan conflictos o problemas internos dentro del recinto.
A las dudas sobre distintos aspectos se suman numerosas inconsistencias, desprolijidades y demoras en la investigación, tanto judicial como interna por parte del Ejército, que no hacen sino aumentar las sospechas sobre lo que realmente ocurrió esa madrugada en el puesto de guardia. La querella cuestiona cómo se preservó el lugar del hecho y la manipulación del arma por varias personas. El juez federal Hugo Greca, a cargo de la investigación, demoró en presentarse en el lugar y tardó 37 días en realizar una inspección ocular. Varios testigos se contradicen sobre horarios o posiciones del arma y el cuerpo, sin que se profundizaran estos aspectos. También se cuestiona el diálogo del juez con mandos militares y que entregara una copia del expediente al Ejército, pese a la oposición de la querella y la fiscalía. Igualmente se critica la demora en realizar pericias balísticas, sobre las manos de la víctima y exámenes toxicológicos, entre otros aspectos. Al Ejército se le objeta su apuro en calificar al episodio como un suicidio y cerrar la investigación, una actitud entre reticente y obstructiva, que incluye una reunión de altos mandos con el padre de la víctima, también militar, que pese a ser difundida como un acto solidario, fue interpretada como intimidatorio.
Sin dudas que éste no es el mismo Ejército de los 90 que realizó las escandalosas maniobras de encubrimiento en el crimen de Carrasco. Sin embargo, preocupa que pese a reformas para profesionalizar y democratizar el ámbito militar persistan actitudes de defensa corporativa y la demora judicial en concretar medidas para investigar una muerte que debiera ser especialmente transparente y expedita, en vista de los antecedentes y la enorme repercusión social que ha generado.
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