Ganancias patagónicas

El gobierno de Javier Milei cerró una semana brillante medida en logros políticos. A la aprobación de la Ley Bases, le siguieron el dato de inflación de 4,2%, la prórroga del swap con China y la aprobación del octavo tramo de revisión del FMI, con un desembolso de 800 millones de dólares. Pese a que el presidente, como él mismo reconoce, mira centralmente los números macro de la economía, la mano política de Guillermo Francos fue la que comenzó a edificar la solidez institucional que la administración libertaria no traía de fábrica.

Este Ejecutivo, más allá de su insistencia, parece no necesitar de leyes para avanzar con el grueso de su programa. Así lo demuestra el espesor de la ley, que comenzó siendo un texto refundacional y terminó como un cuaderno escolar de comunicaciones. La lucha retórica que practica Milei contra los legisladores solo parece ser el combustible de una narrativa libertaria que necesita ganar tiempo en diatribas morales mientras espera los “brotes verdes”.

La semana que terminó devolvió una imagen de racionalidad política en términos de entendimientos y acuerdos entre los distintos niveles de gobierno. Gobernadores y partidos pudieron encontrar un espacio para expresar sus necesidades y posiciones alrededor de las prioridades del Ejecutivo nacional. Un lugar que hasta ahora no había mostrado ningún grado de virtuosismo.

La política no es buena o mala, depende de los hombres y mujeres y de las circunstancias.

Desde ese vértice es que también aparecieron escenas de la más baja estofa de la política de prebendas y oportunismos sin principios. En este acto fueron varios los representantes que terminaron arrastrados al barro de las sospechas. Una de ellas fue la senadora neuquina Lucila Crexell.

Crexell llegó al senado en 2013 de la mano del recientemente fallecido Guillermo Pereyra, quien se impuso con una violenta campaña interna contra la candidata de Jorge Sapag -Ana Pechen- y luego, explotando su anti sapagismo al criticar su alineamiento con Cristina Kircher y su oposición al acuerdo YPF-Chevron, ganó las elecciones legislativas.

En 2019, Crexell volvió a enfrentar al kirchnerismo al sumarse a Juntos Por el Cambio con Horacio Quiroga, nuevamente distanciada de su tío (Sapag) y del gobernador Omar Gutiérrez, pero sin desafiliarse del MPN. Su banca fue ratificada por la Corte Suprema ya que fue en reemplazo de Quiroga, quien falleció en octubre de ese año.

La senadora neuquina, que rompió con Pereyra y nunca hizo pie en JxC -que le reclamó la banca- siempre cultivó un perfil individualista y si bien mostró un acercamiento a Rolando Figueroa -armó un bloque unipersonal al que llamó Comunidad, como el partido del gobernador-, las desconfianzas mutuas quedaron en evidencia esta semana. Cuando se filtró que Milei aceptaba postularla para la embajada de la Unesco en París, la legisladora salió a decir que su voto estaba acordado con Figueroa, sin embargo, -filtración de la carta de intención mediante- votó a favor de reponer Ganancias, algo que el gobernador neuquino rechazó públicamente varias veces.

El voto, que puede confirmar las teorías conspirativas o leerse con un voto venganza, recae sobre un tema sensible para la Patagonia. Es la región que sufrirá, más allá del diferencial de zona, el mayor impacto con la restauración del impuesto. Uno de los sectores más afectados serán los petroleros neuquinos, provincia que le dio un fuerte respaldo a Milei con el 60% de los votos.

Más allá de la previa, el voto de Crexell en este punto tiene cierta racionalidad. El nombre del impuesto resulta muy antipático, pero lo cierto es que es un gravamen de los más progresivos y que se aplica en la mayoría de los países del mundo. En este caso, además de contradecirse con los principios del propio gobierno, parece responder más a un compromiso de Nación con los envíos de dinero a otras provincias con la justicia tributaria. Y como están hoy las cosas, los patagónicos volverán a ofrecer un gran esfuerzo federal que pocas veces ven compensado.