En el barro judicial

Las explosivas declaraciones del integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, sacaron a la luz la fuerte disputa de poder que está afectando a la máxima instancia del Poder Judicial argentino, en la que intervienen no sólo sus integrantes sino poderosos actores políticos y grupos de interés que intentan formatear el futuro de ese poder de manera amigable a sus necesidades. Todo ello ha generado un deterioro general del sistema de Justicia y una importante pérdida de credibilidad y confianza en una institución clave de la democracia.

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En su extensa diatriba contra sus colegas, Lorenzetti destacó varios puntos: el nombramiento de “gran cantidad de personal” a dedo y por influencias familiares o personales, la creación de numerosas secretaría o delegaciones “sin sentido”, el manejo discrecional y poco transparente del presupuesto y la acordada para funcionar con un sistema de conjueces, que le permitiría a la Corte mantener su actividad incluso con solo tres integrantes.

El resto de los magistrados no le respondió directamente, sino que difundió un informe que destacó un récord de sentencias y casos resueltos, superior a otros años, y en “off de récord” señalaron que el enojo de Lorenzetti pasa por su pérdida de poder en el cuerpo (donde está en minoría) y que busca presionar por las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, propuestos por el Gobierno de Javier Milei y que serían más favorables a su visión de lo que debe ser la Corte.

El problema es que con la jubilación de Juan Carlos Maqueda quedan sólo tres integrantes, cuando el mínimo de votos requeridos para una sentencia es tres. O sea, que si existe una disidencia (habitualmente Lorenzetti) no podría haber fallo. Por eso la acordada del martes, que establece nombramientos express de “conjueces” ad hoc cuando no exista mayoría, le permitiría emitir sentencias con la composición actual. Un mecanismo que objeta Lorenzetti por su opacidad.

A esta áspera disputa interna, se agregan operaciones y presiones de todo tipo desde el sector político. El Gobierno insistió esta semana en que las candidaturas de García Mansilla y Lijo (ambas cuestionadas, el primero por razones ideológicas, su perfil conservador; el segundo por razones éticas, por su desempeño sospechado como juez en Comodoro Py) son inamovibles, que insistirá en negociar, pero si no son avalados los impondrá vía decreto. Una medida de muy dudosa constitucionalidad, que aplicó y de la cual tuvo que retroceder Mauricio Macri en 2015, cuando finalmente debió mandar los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al Senado por la fuerte oposición que generó en las propias filas de Cambiemos.

En el medio hay conversaciones y puentes reservados muy poco transparentes entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, peronismo no k, la oposición dialoguista y varios gobernadores, que incluirían en un paquete nombramientos en el Poder Judicial, donde hay la friolera de 305 vacantes de 1.002 puestos de jueces federales, nacionales, fiscales, defensores y otros funcionarios.

El 60% de esas vacantes estaría en condiciones de ser ocupadas si el Ejecutivo eligiera a los candidatos de las ternas que fueron propuestas por el Consejo de la Magistratura y los mandara al Senado. En esta negociación intervienen no sólo actores políticos, sino lobbies de distinto tipo que buscan incidir en este proceso en beneficio de sus intereses políticos, económicos o sectoriales.

En medio de esta pelea en el barro, donde como dice el tango “Cambalache” quedan “todos manoseaos”, hay fallos de alto valor republicano y democrático como el que declaró la inconstitucionalidad de la reelección indefinida de un gobernador, que quedan desdibujados y susceptibles de ser atacados por “políticos” o producto de “internas”, tal como ya ha salido a señalar Gildo Insfrán, eternizado en el poder en Formosa. Consecuencias de una mirada que privilegia el rédito político de corto plazo y no el beneficio colectivo del buen funcionamiento de un poder que es pilar de la democracia.