El derecho a protestar
Estos días han sido de intenso debate sobre lo ocurrido en la sesión del Senado en la que se aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal, donde una manifestación en contra de la iniciativa terminó con incidentes violentos, una dura represión y decenas de personas detenidas. El desarrollo de los hechos y la actuación tanto de las fuerzas de seguridad como de la Justicia hacen temer que haya comenzado una ofensiva autoritaria que pretenda recortar el derecho a manifestarse, básico y constitutivo de la democracia.
Las versiones sobre lo ocurrido son contrapuestas: mientras el Gobierno asegura que los manifestantes arrojaron piedras y generaron desmanes como la quema de bicicletas, autos o negocios, lo que obligó a su intervención, organismos de derechos humanos señalan que fueron las propias fuerzas de seguridad las que comenzaron los incidentes, al intentar obligar a replegarse a una porción de los manifestantes y luego directamente tratar de disolver la marcha. Se acusó a las fuerzas de usar desmedidamente armas menos letales (balas de goma, gases) que afectaron no solo a manifestantes sino también a diputados y a periodistas.
Sea como fuere, la intervención policial terminó con 35 personas detenidas, muchas de ellas lejos del sector de los incidentes y sin relación probada con la violencia, tal como admitió la jueza María Servini de Cubría, que liberó primero a 17 detenidos por falta de evidencias (fotos, videos, testigos) de su participación y días después a otros 11, dado que los delitos que se les imputan son menores, muy lejos de la gravedad que les adjudicó la fiscalía. El hecho más violento, la quema de un móvil de prensa, no tiene identificados ni detenidos.
Ese es, quizás, el punto más preocupante de todo el proceso. El Gobierno primero y el fiscal después acusaron a los detenidos de serios delitos como “terrorismo”, “atentado contra el orden constitucional” “asociación ilícita” y “sedición” en forma genérica, sin aportar pruebas concretas que los vincularan con los hechos. El Código Penal obliga a que para atribuir delitos de estas características se describa con detalle las acusaciones y pruebas en contra de cada persona. Varias fueron trasladados a cárceles federales, donde denunciaron vejaciones y malos tratos.
El derecho a la protesta es especialmente protegido, tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales adhiere nuestro país. Más allá de que en en el pasado hayan existido abusos en manifestaciones con bloqueos de tránsito en rutas, calles y plazas (que han sido cuestionadas por este diario), eso no justifica la severidad de las restricciones que hoy se quieren imponer.
La razón de esta robusta protección legal es que manifestarse públicamente contra decisiones de la autoridad forma parte esencial del derecho a la libre expresión, constitutiva del sistema democrático. Es por este motivo que los regímenes autocráticos, sean de izquierda o de derecha, es el primero que buscan cercenar y criminalizar. Medidas como el “aviso previo” de una marcha son para proteger a los manifestantes y nunca debe ser confundida con “autorización” del Gobierno. Del mismo modo, ante eventuales disturbios, es obligación del Estado canalizar y neutralizar de forma profesional los focos de violencia, protegiendo a los manifestantes pacíficos, no la represión indiscriminada. La privación de la libertad es excepcional, cuando hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, y eso debe estar argumentado y probado en la causa. Muy poco de eso se ha visto en estos días.
Como señala el constitucionalista Roberto Gargarella, la “fatiga democrática” en países como el nuestro se expresa en normas constitucionales muy generosas para reconocer derechos, que conviven con prácticas institucionales miserables que los cercenan a diario y gobiernos que concentran cada vez más poder y buscan impedir cuestionamientos. Por eso, proteger a quienes critican debe ser prioridad para evitar caer en una especie de estado de excepción permanente, donde los derechos básicos dependan del capricho del gobernante de turno.
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