Educación fatigada

No es una novedad que la educación está en crisis. Y la discusión, aún sin resolver, no envejeció bien. El listado de temas a resolver es extenso y casi ninguno de los puntos tiene un grado de equilibrio que asegure los consensos necesarios para avanzar en la materia. Cada sector toma su reivindicación como excluyente y eso anula el debate general. El resultado: una acelerada pérdida de la calidad educativa.

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El futuro tan temido

Las causas no se agotan en el accionar gremial que, sin dudas, a esta altura debe revisar su corta lista de reivindicaciones que, si bien no empieza y termina en lo salarial, siempre resulta determinante para zanjar todos los diferendos. También son omnipresentes los reclamos presupuestarios, que discuten la inversión por alumno que hace el Estado con los recursos de los contribuyentes.

La lista puede extenderse con más o menos detalle, pero en realidad lo que le pone un norte a un sistema educativo es la elaboración de las políticas públicas. ¿Qué tipo de formación se busca dar? Algo que claramente no puede estar disociado del tipo de país que se quiere proyectar.

Los gremios, que representan a uno de los sectores más significativos en un sistema educativo -el otro son los estudiantes y sus familias- tienen el derecho y, fundamentalmente, la responsabilidad de participar en la discusión de las políticas para la educación. Lo que no tienen es la potestad de dirigirlas sectorialmente. Son los gobiernos los que tienen el monopolio de las políticas de Estado que, claramente, se necesitan consensuar, pero ninguna representación sectorial puede imponerse por sobre un diseño general que tenga horizontes más lejanos que las reivindicaciones particulares.

En Neuquén se ha extendido un conflicto con el gremio docente que algunos califican de innecesario. La conducción del gremio ATEN, atrapada por una interna política, no logra destrabar una situación que vuelve a afectar el dictado de clases en la ya castigada educación pública. Un sistema que poco a poco se fue alejando de las necesidades y demandas de la sociedad a la que debe dar respuestas.

Sin embargo, no parece ser cierto que el conflicto es injustificado: la discusión del presentismo es necesaria y de urgencia contemporánea. Sectores gremiales han hecho circular que el trasfondo de la discusión es por quién dirige la gestión educativa. El razonamiento explica el tamaño de la distorsión que paraliza lo que debería ser el verdadero eje de discusión en la creación de las políticas educativas.

La gestión educativa le corresponde al Gobierno

Es necesario y pertinente que los docentes, como las familias, tengan participación con voz y voto en estos debates, pero bajo ningún punto de vista son quienes deben conducir ni definir las políticas educativas. Es el gobierno, elegido por el voto popular, quien debe llevar adelante esa tarea, compleja porque se trata de una política que seguramente trascienda el tiempo de su mandato. Un eje fundamental que necesita la provincia y el país para construir acuerdos duraderos que proyecten un futuro sólido.

La elección que trajo a Javier Milei a la presidencia del país fue un mensaje clarísimo para la dirigencia argentina: la sociedad no está conforme con el sistema de relaciones políticas que se fue consolidando con el paso del tiempo. Un mecanismo de especulaciones y concesiones sectoriales que dejan afuera a los verdaderos destinatarios de los servicios que debe prestar el Estado. El mandato no deja dudas: el voto es para ejercer el poder y gobernar.

Un reciente informe del Observatorio de Argentinos por la Educación indica que solo uno de cada cuatro estudiantes de 15 años puede resolver un ejercicio de regla de tres simple. El dato no desentona en el espiral descendente que la calidad de la enseñanza atraviesa desde hace años y que no muestra señales de recuperación.

Si la discusión del presentismo tocó una sensible fibra gremial porque las conducciones sintieron que les quitaban el control de las políticas educativas, entonces deberá ser responsabilidad del Gobierno ejercer su legítimo mandato y recuperar para sí las facultades propias que en algún momento se delegaron por error o, tal vez, compromisos electorales.