Brutalidad sin freno

La violencia machista se cobró esta semana otra vida en Catriel. Patricia Rendón Rodríguez fue asesinada a golpes por su expareja, Fernando Cronenbold, sin que los antecedentes de agresiones ni la intervención de la Justicia pudieran evitarlo. El tercer femicidio ocurrido en Catriel en poco tiempo vuelve a interpelar al Estado y a la sociedad, demostrando que las condiciones estructurales que permiten estos crímenes siguen vigentes.

Desde el momento mismo de la desaparición de Patricia, se activó una movilización en Catriel y en otras ciudades. Diversos indicios (antecedentes de violencia de género, el hecho de que estaba lista para viajar a otro país, la huida de Cronenbold en un control policial) hacían temer el peor final. Finalmente, la información que aportó el sospechoso permitió hallar el cuerpo. De inmediato trascendieron detalles del femicidio, fríamente planificado, perpetrado con una brutalidad pocas veces vista en la región y seguido de un intento de dificultar la investigación, desactivado por su rápida captura y confesión. Los investigadores admiten que, por el vasto y desolado lugar donde fue enterrado el cuerpo, sin el aporte del acusado quizás nunca se hubiera hallado.

Aunque la Fiscalía y la policía actuaron rápidamente tras la desaparición de Patricia, no puede decirse lo mismo de la actuación previa de la Justicia. De los antecedentes que trascendieron, se estableció que en 2020 el hoy acusado fue investigado por violencia de género contra Patricia, con un juez de Familia que ordenó su exclusión del hogar, prohibición de acercamiento e incluso una orden de arresto de cinco días por la gravedad de la agresión. La causa penal fue más lenta: la audiencia de formulación de cargos se hizo siete meses después de los hechos, cuando la pareja había retomado la relación y con un informe de la oficina de atención a la víctima (Ofavi) que señalaba que Patricia estaba suficientemente protegida. Cronenbold fue sobreseído. Rendón Rodríguez aseveró que el proceso penal le generó muchos problemas en la relación con su expareja, en medio de la lentitud de las actuaciones.

Más allá de lo complejo que pudiera ser este caso, se revela que la acción del Estado sigue mostrando deficiencias y quedan muchas barreras por superar para que, como señala la fiscal especializada en la temática a nivel nacional, Mariela Labozzetta, las investigaciones por violencia de género y femicidios “sean eficientes, desprovistas de estereotipos, no revictimizantes y genuinamente reparadoras”. Un aspecto que se resalta es que muchos procesos siguen enfocados en las víctimas, que a menudo terminan confinadas o limitadas en sus movimientos a los lugares donde tienen protección, mientras los agresores siguen actuando impunemente y con escasos controles. A Cronenbold se lo obligó a realizar tratamiento psicológico, que jamás cumplió. En algunas provincias se han creado dispositivos especiales para tratar, reeducar y realizar seguimiento a agresores, con buenos resultados.

El último informe de la Oficina de la Mujer dependiente de la Corte Suprema señala que en 2021 hubo 231 víctimas directas de femicidio, una cada 38 horas. La mayoría tenía entre 25 y 44 años, en el 88% de los casos conocían a su asesino y que el 62% de los atacantes fue pareja o expareja. Otro reporte de la Casa del Encuentro informa que al 1 de junio hubo 143 femicidios, uno cada 29 horas. El lugar más inseguro para las mujeres sigue siendo su casa: el 62% fue asesinada en el hogar y una de cada cuatro había realizado denuncias previas por violencia. Como resultado, 162 niños quedaron sin madre y desprotegidos, como la pequeña hija de Patricia.

La movilización en este caso actualiza la demanda de acciones más efectivas para que no sólo la Justicia, sino todo el Estado garanticen una prevención efectiva de la violencia de género, femicidios y travesticidios, fomente una mayor conciencia social sobre las desigualdades de género estructurales y evite que siga extendiéndose el sufrimiento de miles de personas.