Subsidios y segmentación, el nudo del debate con el Fondo

Contradicciones de base, son las que presenta desde su génesis el principio de entendimiento anunciado hace dos semanas entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina.
Es una verdad de perogrullo: pedirle plata al Fondo implica que el Fondo tarde o temprano meterá sus narices en la política económica, y más temprano que tarde solicitará un ajuste en el gasto público. En sus 77 años de historia, no se le conoce al organismo una receta económica diferente para los países a los que asiste.

El Presidente Alberto Fernández se encuentra así ante la encrucijada de tener que asumir las consecuencias resultantes de un préstamo que no solicitó, y cuyos fines no gestionó. En todo caso, de eso se trata gobernar.

Sin embargo, la sola mención de la palabra “ajuste”, genera un sin números de problemas políticos para quien debe llevarlo a cabo. El gobierno comenzó a sentar las bases del acuerdo que se espera firmar a principios de marzo, a sabiendas que deberá tragar la cucharada amarga de ser la cara visible del ajuste que pide el FMI.
Lo que queda entonces es hacer el ajuste intentando a la vez señalar que el ajuste no existe.

“Vivimos en un país que debe mucha plata y que se ha comprometido peligrosamente con un organismo de crédito internacional. Y cuando llega ver cómo cumplir las obligaciones esto no es a costa de ajuste sobre la gente, sobre la obra pública, sobre la educación y, menos aún, sobre la ciencia y la tecnología”, manifestó esta semana el primer mandatario. El Presidente sigue manifestándose contra el ajuste que él mismo deberá llevar adelante, como si el borrador de buenas intenciones que presentó el ministro Martín Guzmán hace dos semanas no incluyese un sendero de reducción del gasto.

Una contradicción similar tuvo lugar el mismo día del anunció. Un reportero preguntó a Guzmán si se revisaría la política de subsidios a la energía. Luego de haberse explayado largamente en cada una de las respuestas previas, el ministro se limitó a contestar “Gracias por la pregunta: no. Se continúa con lo anunciado”.

A los pocos minutos, el comunicado oficial del FMI respecto al entendimiento indicaba: “Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”.

La postura inflexible del organismo volvió a quedar clara esta semana cuando su vocero oficial, Gerry Rice manifestó en referencia al trabajo conjunto con los equipos técnicos argentinos: “hicimos referencia a un entendimiento en reducir de forma duradera los subsidios a la energía y movilizar el financiamiento externo para mejorar la resiliencia argentina”.

Puede que la palabra sea antipática, puede que el costo político sea alto, y puede que afecte la vida de millones de personas, pero está claro que el ajuste será inevitable.

La mayor incomodidad al hablar de ajuste, es elegir el renglón del presupuesto por el que pasará la tijera, sabiendo que en todos los casos, detrás del recorte lo que hay son personas.
Es evidente que el dañado tejido social no tiene plafón para soportar hoy un achicamiento del Estado y una fuerte reducción del empleo público.

Así las cosas, todos los caminos conducen a un recorte de los subsidios. Y no cualquier tipo de subsidios, sino aquellos que desde hace años se utilizan para evitar la suba de las tarifas de los servicios públicos. En pocas palabras, el tan temido ajuste recaerá sobre los subsidios a la energía y al transporte.
En este sentido, los subsidios a la energía eléctrica se destacan por el peso relativo que tienen tanto en relación al total de los subsidios, como al Producto Bruto Interno (PBI).

Desde hace al menos 15 años, cuando el kircherismo optó por atrasar las tarifas que pagan los usuarios y compensar vía subsidios a las prestadoras, el estado nacional afronta una enorme porción del costo de distribución mayorista de la energía eléctrica en todo el país. La destinataria de los subsidios es en última instancia la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), encargada del transporte de la electricidad, que luego toman las distribuidoras en cada lugar del país.

La no actualización de las tarifas a lo largo de los años, supone que el peso relativo de los subsidios, se incrementa progresivamente. Incluso el efecto de una fuerte corrección de tarifas como la que tuvo lugar entre 2016 y 2018, se diluye rápidamente si luego de la corrección las tarifas vuelven a quedar congeladas. Los datos así lo confirman.

El primer gráfico que acompaña la nota muestra el peso relativo de los subsidios a la electricidad respecto al total de los subsidios a la energía, y al total de los subsidios económicos (energía y transporte). Dos cosas se aprecian con claridad. La primera es que el peso de los subsidios a la electricidad llegó a representar tres cuartas partes del total de subsidios a la energía durante la pandemia.

La relación llegó al 67% previo al tarifazo macrista, y se redujo hasta el 55% en 2018, antes de empezar a subir nuevamente de forma vertiginosa en 2019 y 2020. La segunda es que al final del año 2021, los subsidios a la electricidad representan la mitad del total de los subsidios económicos (49,7%). Es el registro más alto de los últimos 11 años.

El segundo gráfico es aún más elocuente, y refleja el peso relativo de los subsidios a la electricidad en relación al PBI. Queda a la vista que los subsidios a la electricidad llegaron a representar un 1,7% del PBI previo a la actualización de tarifas en 2016. Esa relación se redujo hasta el 0,6% en 2019. En la actualidad se encuentra nuevamente en el 1,4%, casi al mismo nivel que en 2015.

Es evidente la razón por la cual el Fondo Monetario pone la lupa sobre los subsidios, y no hace falta demasiada pericia para anticipar que 2022 trae consigo una suba en el precio al consumidor de la energía eléctrica.
El interrogante pasa a ser entonces, de qué forma se implementará la actualización de tarifas, y cómo se amortiguará el impacto que ello pueda tener en los precios y en el dañado tejido social.

El fantasma detras del atraso de tarifas es la inflación. Desde el vamos, la estrategia de atrasar tarifas como una forma de evitar el impacto de las mismas en el nivel general de precios, supone la necesidad del estado de engrosar sus fuentes de financiamiento para sostener el peso creciente de los subsidios. Solo hay tres formas de hacerlo: aumentando impuestos, emitiendo dinero o tomando deuda. El kirchnerismo optó por las dos primeras, el macrismo por la tercera. Ninguna de las tres logró evitar el incremento sostenido en el nivel general de precios.

El resultado inevitable, es la distorsión de precios relativos. El atraso sistemático de las tarifas, implica que al día de hoy el precio que pagan los consumidores por un mes de energía eléctrica se asemeje al de tres kilos de asado con hueso. No hay manera de sostener el esquema en el tiempo.
Naturalmente, el atraso implica también que al momento de actualizar tarifas, el salto en el precio de la energía impacta de lleno en la cadena de valor de la economía real, y de inmediato ello se traslada al costo de producción y trabajo, y a las góndolas.

La traducción es que buscando controlar la inflación, tarde o temprano se termina generando una presión a la suba de precios contenida, y al momento en que los precios relativos se corrigen, el impacto inflacionario es aún mayor al que se buscaba evitar al inicio con el atraso.
Dicho de otra forma, saben en el gobierno que este año nuevamente será difícil contener la inflación. Para acordar con el Fondo hará falta ajustar, ajustar implica revisar las tarifas, y revisar las tarifas impactará en los precios.

El punto es la manera en la que se aplicará la corrección de tarifas, y la palabra mágica es entonces “segmentación”. Allí radican en este momento las principales diferencias internas en el oficialismo en relación al ajuste que solicita el FMI. El telón de fondo es la vieja disputa entre Guzmán y el Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, a quien el ministro intentó infructuosamente desplazar de su cargo el año pasado.

El funcionario kirchnerista presentó esta semana su plan de segmentación de la tarifa eléctrica, y como anticipó Guzmán al anunciar el acuerdo con el FMI, se pone como tope general de incremento tarifario el 20% que ya se había dado a conocer.

La novedad, es que los usuarios residentes en una serie de barrios considerados de “alto poder adquisitivo”, recibirán un fuerte incremento en la tarifa, e incluso se habla de la posibilidad de que en dichas zonas se pague la tarifa plena, sin ningún tipo de subsidios. La medida supone un criterio de equidad: pagan más quienes tienen mayor capacidad económica.

En la confección del estudio de impacto dado a conocer, participaron el Conicet y el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE). Según el mismo, el primer esbozo de segmentación alcanza a solo 487.000 usuarios ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que representa a solo el 10% del total de las conexiones residenciales en dicha zona.

Apenas conocida la noticia, los mismos sectores políticos y mediáticos que por años señalaron el peso de los subsidios y la distorsión de las tarifas, comenzaron a criticar la arbitrariedad de la segmentación. No les falta razón en un aspecto: cualquier segmentación es arbitraria. No obstante, por algún lugar debe comenzar el ajuste, y los bolsillos de los segmentos medios y bajos ya no tienen margen para achicarse luego de 5 años de caída del salario real. Antes o después, el aumento de tarifas llegará a todos los hogares.

De hecho, ese es el verdadero nudo de la discusión. La meta para el déficit fiscal anunciada por Guzmán en acuerdo con el FMI, es de 2,5% del PBI para 2022. Si los subsidios a la electricidad culminaron 2021 en 1,4% del PBI, significa que ese renglón representa más de la mitad de la meta fiscal del año. La pregunta es si alcanza con una segmentación en la que solo el 10% de los usuarios del AMBA abona tarifa plena, y al resto solo se le aplica un aumento del 20%, con una inflación anual que ya se prevé al menos en 40%.

Las estimaciones que circulan en boca de especialistas del sector, indican que las tarifas debieran crecer al menos un 180% este año a fin de reducir el peso de los subsidios.

Menudo desafío enfrenta el Presidente. El Fondo le impone el ajuste, la dinámica de la política le exige la necesidad de negar un ajuste que ya está en marcha, y la urgencia económica le pide una corrección de tarifas aún mayor a la socialmente soportable.