Sistema previsional: una reforma urgente y necesaria

El sistema previsional argentino se caracteriza por una cobertura amplia y significativa, con más del 90% de los adultos mayores de 65 años percibiendo algún tipo de beneficio, pero también enfrenta problemas no menos importantes: es un sistema caro, injusto e ineficiente. Cerca de 8,5 millones de personas dependen de este esquema, cuya sostenibilidad se ve amenazada por el envejecimiento poblacional proyectado para las próximas décadas, que agravará aún más estos problemas. Por ello, es imprescindible llevar a cabo una reforma profunda que reorganice el sistema, haciéndolo más justo y sostenible. La buena noticia es que esto es posible y que, al hacerlo, se mejorarían los beneficios futuros de la mayoría de los argentinos. La mala noticia es que el proceso político para aprobar estas reformas es complejo y requiere acuerdos profundos, especialmente difíciles en un contexto electoral conflictivo.

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El sistema es caro: gastamos aproximadamente un 10% del PIB en jubilaciones y pensiones, cifra similar a la de países con poblaciones mucho más envejecidas, como Bélgica o Suecia, y casi el doble que la de naciones con una proporción de población mayor similar, como Costa Rica o Israel. Además, es injusto. La complejidad de las normativas hace que personas con trayectorias de aportes similares reciban beneficios muy diferentes. Por ejemplo, el régimen general trata de forma desigual a quienes han aportado, pero por menos de 30 años (que representan cerca de la mitad de las altas anuales), desechando todos sus aportes. Además, existen cerca de 200 regímenes de excepción que ofrecen condiciones más favorables según el sector donde se trabajó, la provincia de residencia durante el trabajo o después de la jubilación, si se era empleado público, si el Estado cumplió con las normas legales de movilidad tras la jubilación, y si se logró contratar un buen abogado que gestione un juicio contra Anses, entre otras variaciones. Todo esto contribuye a que el sistema sea ineficiente y gaste más de lo necesario para asegurar el bienestar de los adultos mayores. Esta situación se agrava por la existencia de muchos jóvenes que cobran jubilaciones o pensiones (casi 3,5 millones según el Censo 2022), muchas personas que perciben duplicación de beneficios (alrededor de 1,1 millones) y algunos beneficiarios de regímenes de excepción con haberes muy superiores a los del régimen general.

Si bien lo expuesto es un problema serio, el envejecimiento poblacional lo agravará en el futuro. Argentina está envejeciendo, lo cual es positivo, ya que se debe a dos fenómenos muy favorables: la longevidad y el hecho de que las familias tienen el número de hijos que desean. Sin embargo, el envejecimiento de la población implica que las políticas e instituciones concebidas en el siglo pasado no funcionarán adecuadamente en las próximas décadas. Actualmente hay cerca de 12 adultos mayores por cada 100 habitantes; para 2050 esa cifra ascenderá a 20, y en 2075 llegará a 30. Si no cambiamos las reglas, en 25 años estaremos gastando casi el doble en jubilaciones y en 50 años el triple. Aunque esto puede parecer una perspectiva lejana, es crucial entender que los jubilados de 2050 serán quienes hoy tienen más de 40 años, y los de 2075, quienes tienen más de 15. Esto significa que estamos hablando del futuro de una parte de la población actual que ya ha nacido, que en su mayoría está trabajando y que, sin reformas profundas, enfrentará graves problemas con el sistema previsional cuando ya sea demasiado tarde para corregirlos.

Reordenar el sistema es posible. Las propuestas deben centrarse en dos frentes. En primer lugar, es necesario eliminar los regímenes de excepción para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y se rijan por las mismas normas. En segundo lugar, el régimen general debe ser reformulado bajo tres principios fundamentales: universalidad, equidad y sostenibilidad. El sistema debe proteger a toda la población, sin exclusiones, lo que responde a la tradición universalista y solidaria de las políticas públicas en nuestro país y es, además, una cuestión de sentido común. Una política previsional que solo proteja a quienes tengan una trayectoria laboral completa y bajo condiciones de formalidad limitaría su alcance a un 20 o 30% de la población, el grupo que menos necesita la protección del Estado. Sin embargo, la cobertura universal no implica que sea uniforme: el sistema debe reconocer equitativamente los aportes realizados a lo largo de la vida, pagando beneficios proporcionales a estos, con reglas iguales para todos. Las normativas actuales hacen que quienes aportaron menos de 30 años sean tratados igual que quienes no aportaron nada, mientras que aquellos que contribuyeron más de 30 años reciben beneficios desproporcionados en comparación con sus aportes. Quienes han aportado más deben recibir más, pero de manera equitativa y proporcional.

Finalmente, el sistema debe ser sostenible. Nuestra experiencia muestra que aumentos significativos en el gasto previsional tienen un impacto muy negativo sobre la macroeconomía. En las últimas décadas hemos atravesado ciclos de crisis, reformas e incumplimientos por parte del Estado, que han llevado a cientos de miles de juicios y deudas. Reorganizar el sistema no solo permitirá hacerlo más sostenible, sino también más generoso para la mayoría de la población. Una reforma bien diseñada debería resultar en un aumento de los beneficios para la mayoría de los argentinos, a un costo menor para todos.

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Construir un sistema previsional robusto y justo es una inversión en el futuro. Es crucial que el debate incluya voces diversas y represente las preocupaciones de aquellos que han contribuido al desarrollo del país. Es momento de mirar hacia adelante y actuar con determinación para salvar y fortalecer el sistema previsional argentino, garantizando así que cada argentino, al llegar a la vejez, pueda disfrutar de un retiro digno y seguro.

(*) Investigador principal de Cippec.