Sensibilidad social invertida: la Argentina de Hood Robin

Con frialdad brutal, el gobierno niega alimentos a los más necesitados y amenaza vetar la nueva fórmula previsional por inflación. Al mismo tiempo busca otorgar fuertes beneficios a los sectores de altos ingresos. La clase media que busca sobrevivir y es acechada "desde abajo".

El personaje es una leyenda inglesa medieval del Siglo XII. La del noble que se rebela a la tiranía del shérif de Notthingham, y se refugia en los bosques para resistir. La de Robin Hood, a quien el saber popular le ha asignado a través del tiempo el célebre mérito de “quitarle a los más ricos para darle a los más pobres”.


La misma cultura ha popularizado su perfecta antítesis. La de un personaje ideal bautizado como “Hood Robin”. Aquel que toma los recursos de los pobres para otorgarlos a los sectores más encumbrados en la pirámide social. Alguien cuya sensibilidad social está invertida, y siente más empatía por los poderosos que por los más vulnerables.


Este último es el síntoma que pareciera caracterizar la época en la Argentina presente. Un estadío social de parálisis ante la necesidad extrema que nace en el oscurantismo y el dogmatismo ideológico desde lo más alto de la política, y tiene su correlato en la apatía de mayorías que no encuentran reacción y de a poco normalizan un tejido social cada vez más roto.


Si existiese la posibilidad de elevarse por sobre la coyuntura argenta para observar desde las alturas el panorama completo del conjunto de decisiones, debates, discusiones y políticas que tienen lugar hoy en nuestro país, podría apreciarse algo que comienza a ser cada vez más patente.

El costo del ajuste y las correcciones que intentan aplicarse al conjunto de la economía nacional, es afrontado por los sectores de ingresos medios y bajos, mientras que quienes ostentan un lugar de altos ingresos, mantienen todos y cada uno de sus privilegios, e incluso tienen perspectivas de adosar a ellos una extensa lista de privilegios de los cuales hasta ahora no gozaban.


El mundo de Hood Robin. Ese donde son los que menos tienen los que aportan para sostener sin alteraciones la posición de quienes gobierne quien gobierne, nunca pierden.


Contraste



El conjunto de las decisiones políticas de las últimas semanas, las iniciativas del Poder Ejecutivo, las expresiones públicas del presidente Javier Milei, los datos estadísticos de la primera mitad del año 2024, y el debate legislativo, es revelador al extremo.


Es inevitable referir al escándalo desatado en torno a la no distribución de seis millones de kilos de alimento, en un contexto de necesidades extremas para millones de personas.
La intransigencia del gobierno respecto de algo tan sensible como el acceso a un plato de comida, es algo nunca visto en democracia. En especial si se tiene en cuenta que agravamiento del estado de carencia en que se encuentra una gran porción de la población argentina, es producto del ajuste que el mismo gobierno ha decidido llevar adelante.


Lejos de intentar llevar al menos un mínimo de “alivio” a quienes afrontan la peor parte de los recortes públicos, el gobierno prioriza el prejuicio ideológico y la construcción de un relato por sobre la emergencia alimentaria. En definitiva, los resortes para decidir el “cómo” se distribuyen los alimentos, siguen siendo del Poder Ejecutivo. Lo que llama la atención es la negativa a “repartirlos como sea”, al punto de llegar a la instancia de que sea la justicia la que obligue a hacerlo bajo pena de “desobediencia a la justicia”.


El capítulo jubilaciones es una muestra más. De poco le sirve al beneficiario de «la mínima» el repaso por todos y cada uno de los momentos de la historia reciente en que los gobiernos de turno apelaron a la fórmula de actualización de los haberes previsionales para encontrar los recursos que se negaban desde otras fuentes de financiamiento.


Lo cierto es que desde que Milei es presidente, la jubilación mínima incluyendo bonos, aumentó un 97% frente a una inflación que desde diciembre a mayo ya acumula 120%. Los jubilados han vuelto a ser los convidados de piedra. Y fue precisamente la licuación de las prestaciones previsionales la que en gran parte posibilitó que Milei pueda erigirse a sí mismo como el adalid del superávit fiscal en el primer trimestre del año.


En definitiva, lo que la Cámara de Diputados avaló con dos tercios de los votos esta semana, no es otra cosa que una actualización tardía por inflación. La posibilidad de que quien percibe una jubilación que hoy es equivalente a un cuarto de la canasta de pobreza, siga perdiendo todavía un poco más. En otras palabras, que los jubilados dejen de ser los financistas del ajuste.

Extrema. La imposibilidad de comer ya alcanza a casi 8 millones de personas en Argentina.


Lejos de mostrar al menos un dejo de empatía con los adultos mayores, el presidente embistió en cambio contra los legisladores, y amenazó con “vetar” la nueva fórmula de actualización.
En su mensaje directo a los diputados, el presidente creyó anunciar que la oposición no lograría torcerle el brazo político. En realidad lo que hizo fue avisar que no permitirá que las jubilaciones dejen de caer en términos reales, y que su plan es seguir licuando los haberes mínimos para sostener su programa.


La contra cara es al mismo tiempo cruel y elocuente. La llamada “Ley Bases” que se discutirá esta semana en el Senado, incluye dos elementos que por sí solos completan una configuración de política por demás regresivo en materia social.


El primero es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El gobierno intenta ofrecer como novedad, una premisa que figura desde hace décadas en el decálogo de la ortodoxia económica: hay que dar incentivos a quienes invierten, quienes invierten vuelcan recursos a la economía, se genera mayor producción, más oferta de bienes y servicios, luego más empleo, y por último cuando hay más trabajo hay más demanda.


Dicho de la forma más conocida, el RIGI no es más que la expresión fáctica de la “teoría del derrame” en formato de entramado de leyes que dan “seguridad jurídica” a quienes deben “derramar” la riqueza hacia abajo.


Pero más allá de la adhesión que pueda generar utopía de creer que alguien poderoso se sentirá motivado a derramar “de la suya” para generar mejores situaciones en los eslabones inferiores de la cadena de valor, el punto pasa por los enormes incentivos fiscales que el RIGI ofrece a inversores multimillonarios, al mismo tiempo que con la frialdad más cruel le anticipa a los jubilados de la mínima que esos beneficios serán financiados con la licuación de los haberes previsionales.


En efecto, todo lo que el Estado dejará de recaudar por el RIGI, constituye menos recursos para sostener el superávit del lado de los ingresos. En esa lista figuran una reducción del 35% al 25% de la alícuota de Ganancias, una amortización acelerada de las inversiones, arancel cero a la importación de máquinas (nuevas y usadas) y la no obligación de liquidar en el país el 20% de las divisas resultantes durante el primer año, el 40% en el segundo año, y el 100% desde el tercer año.

Mientras ofrece enormes incentivos fiscales a inversores multimillonarios, al mismo tiempo y con la frialdad más cruel, Milei le anticipa a los jubilados de la mínima que esos beneficios serán financiados con la licuación de los haberes previsionales.


El segundo elemento incluído en la Ley Bases, es el blanqueo de capitales. La posibilidad para quienes ocultaron sus bienes y fondos de Estado a fin de evadir el pago de impuestos, de poner los mismos a la vista.
No es una novedad. Desde Cristina Kirchner hasta Mauricio Macri o Alberto Fernández , en todos los gobiernos existió la fantasía de que “los argentinos que tienen la plata afuera apuesten por argentina”, y eso en Argentina se traduce como “blanqueo”.


Lo distintivo en este caso es lo generoso del incentivo a la repatriación de activos. Quienes blanqueen hasta u$s 100.000 (el equivalente a $100 millones), pagarán 0% (sí, cero) como penalidad. Y en caso de aceptar dejar los fondos inmovilizados hasta diciembre de 2025, el blanqueo es gratis para cualquier monto.


A ello se suma el capítulo Bienes Personales, el cual permite abonar por adelantado el impuesto hasta 2027 (fin del mandato de Milei) con una alícuota especial del 0,45%. Quien accede a dicha modalidad, se asegura la “estabilidad fiscal” hasta el año 2038. Es decir, se asegura que ningún otro gobierno podrá gravar y/o modificar la carga fiscal sobre dichos bienes hasta dentro de 15 años.


La imagen completa es demasiado similar a la de aquel mítico personaje llamado Hood Robin. Mientras se niega el reparto de alimentos a los más necesitados y se toman recursos del bolsillo de los jubilados para financiar el ajuste, se ofrece un sin número de beneficios fiscales a quienes conforman lo más alto de la estructura de ingresos.


Emergente cruel



Cualquier posicionamiento político o ideológico queda eclipsado cuando lo que se pone por delante es la necesidad extrema. O al menos así solía ser.
Solía haber un código tácito en el que la sociedad toda podía confluir en consenso: no se puede dar vuelta la cara frente al hambre y las necesidades extremas. Ese acuerdo básico pareciera estar rompiéndose con una crueldad pocas veces vista.


Pocos días antes de su último viaje a Estados Unidos, un periodista abordó al mandatario a la salida de la Sociedad Rural. “Presidente, la gente no llega a fin de mes”, interpeló. La respuesta es toda una descripción de la hoja de ruta del gobierno frente a las carencias de miles de familias argentinas. “Eso no es cierto”, respondió Milei. “Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle”, sentenció. Tal es el umbral del padecimiento al que parece estar dispuesto el gobierno.


Pero son los datos que emergen del entramado social los que en apenas seis meses de gestión certifican el profundo deterioro que se registra en materia distributiva. El traspaso de recursos de los que menos tienen a los segmentos de mayores ingresos es inocultable.
La primera en señalarlo esta semana fue la Universidad Católica Argentina (UCA), a través de su Observatorio de la Deuda Social Argentina.


Según publicó la casa de estudios esta semana en base a las mediciones que se realizan a la par de la colecta anual de Cáritas, durante el primer trimestre de 2024, la pobreza pasó del 44% al 55%, y la indigencia pasó del 9,6% al 17,5%. El dato equivale a 25 millones de pobres y a 7,8% millones de personas que ni siquiera pueden comer.


Un segundo dato que completa el de la UCA, fue dado a conocer esta semana por la consultora Moiguer. El estudio privado revela la forma en que el ajuste se ha traducido en cambios de hábito de consumo en los segmentos de ingresos medios, los cuáles se han visto en la obligación de recortar gastos.
Entre otras cosas, el informe indica que el 45% de los consultados en su estudio debió reducir el consumo en electrodomésticos este año, el 32% dejó de construir, el 30% dejó de comprar indumentaria, y el 25% dejó de visitar un shopping. Una foto cruda del ajuste de la clase media.


Un segmento que aspiracionalmente quisiera pertenecer a lo más alto de la estructura de ingresos, pero que el época de ajuste es acechada “desde abajo”. La “lucha” que lleva adelante la clase media hoy, es en realidad no “caer” por debajo de la línea de la pobreza.


Esa es la otra imagen que incluye el estudio de Moiguer, e ilustra como ninguna otra el estado de deterioro distributivo en el tejido social. La “pirámide social” de hoy en Argentina, contiene un 56% de personas que conforman la “clase baja”. Son quienes perciben ingresos mensuales inferiores a los $828.138.


En el otro extremo, la “clase alta” permanece inalterada, y sigue representando solo el 5% de la población, que percibe desde $5 millones al mes.
En medio se encuentra la “clase media”, cada vez más chica al ritmo de un ajuste que pretendía ser para la casta, y terminó siendo propio.


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