Reordenamiento previsional, una deuda impostergable
El sistema previsional de nuestro país tiene graves problemas estructurales. CIPPEC elaboró una propuesta que fue presentada a diferentes actores políticos y organismos internacionales: permitiría disminuir el peso fiscal del sistema previsional y, a la vez, mejorar la situación del 80% de los jubilados.
Sistema previsional. Resulta esencial trabajar en las excepciones al régimen.
Las jubilaciones están permanentemente en la discusión pública y no es para menos: Argentina invierte alrededor del 11% de su PBI en financiar el sistema previsional, poniendo en juego su sostenibilidad en un contexto de incertidumbre económica y envejecimiento poblacional. Aunque en las últimas décadas se alcanzó una alta cobertura de las personas mayores (más del 95%), no se resolvieron los problemas estructurales del sistema, como la inequidad y la insostenibilidad fiscal.
Existen alrededor de 200 regímenes de excepción, resultando en un sistema fragmentado y costoso. Entre estas excepciones se incluyen regímenes diferenciales y especiales, retiros militares y de fuerzas de seguridad, sistemas no contributivos, regímenes provinciales y cajas profesionales. La “excepcionalidad” que estos regímenes presumen no es tal: los regímenes de excepción representan el 50% de los beneficios, con haberes que son, en promedio, un 85% más altos que en el régimen general.
La reciente sanción de la Ley Bases ha dado lugar al debate sobre las jubilaciones y el sistema previsional. En la versión original del proyecto de ley solamente se derogaba la moratoria aprobada en 2023. Posteriormente, en Diputados, se incluyó la creación de un nuevo sistema de prestación proporcional para quienes cumplieran 65 años y no contaran con el requisito de 30 años de aportes. Finalmente, en la discusión en el Senado, este capítulo fue suprimido, dejando la Ley de Bases sin abordar un tema crucial.
Si bien un reordenamiento plantea desafíos significativos, en Cippec creemos que es posible resolver estos problemas sin comprometer la cobertura y fortaleciendo el sistema público de reparto. Actualmente se discuten dos aspectos clave del sistema previsional: cómo manejar los casos de personas que no alcanzan el mínimo de años con aportes y si la movilidad de haberes establecida en el DNU 273/24 es adecuada o necesita ajustes. Desde Cippec proponemos una reforma integral que garantice una cobertura básica universal para todos los adultos mayores y un beneficio proporcional que reconozca todos los aportes realizados, sin requisitos mínimos. Esta reforma traería más equidad, previsibilidad y resolvería discusiones políticas sobre los años de aportes. Además, es crucial para ordenar el gasto e incorporar la sostenibilidad al sistema. Proponemos dos acciones fundamentales: trabajar en las excepciones al régimen y fortalecer el régimen general de reparto.
La clave está en diseñar un sistema que mantenga su alta cobertura, mejore la equidad y evite generar inestabilidad fiscal.
Manuel Mera, director de Protección Social de Cippec.
Primero, es esencial trabajar en las excepciones al régimen. Son más de 177 los regímenes con aportes y beneficios diferentes. Esto genera inequidad, ya que hay reglas distintas para cada trabajador, y un gran déficit, ya que muchos privilegios son financiados por los trabajadores dentro del régimen general o por los informales a través de impuestos como el IVA. Discutir los regímenes que dan beneficios extra a ciertos trabajadores por sobre otros puede reducir el déficit y promover la equidad. Claramente, algunas actividades deben ser subsidiadas por baja productividad o desgaste físico, pero muchas otras podrían tener las mismas reglas que el resto.
Segundo, fortalecer el régimen general de reparto. El requisito de 30 años de aportes es alcanzado por muy pocas personas. En un país con alta informalidad, se pide al trabajador estar 67% de su vida laboral “en blanco” o perder todo lo aportado. Pocos hombres y menos mujeres logran esto, recurriendo a parches temporales como moratorias previsionales o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En 2022, el 65% de las jubilaciones se otorgaron por moratorias. Proponemos eliminar este requisito y repensar el cálculo de haberes con un componente fijo y universal y otro variable basado en años de aporte y sueldo promedio. Esto garantizará una distribución más progresiva y reducirá el déficit.
Respecto de la actualización, debemos marcar algunos puntos importantes. La inflación ha reducido el haber promedio en los últimos cuatro años, disminuyendo el gasto previsional en términos reales. Los esquemas de movilidad deben proteger la capacidad de compra de los jubilados utilizando índices de precios como el IPC. Durante la transición entre la antigua y la nueva fórmula de actualización de haberes, el sistema no compensó completamente la inflación de enero, lo que llevó a la Cámara de Diputados a aprobar un proyecto de ley que incluye un adicional del 7,2% para compensar la inflación de enero y un aumento anual adicional basado en mejoras salariales reales. Esto haría el sistema más equitativo y reduciría la litigiosidad futura. Ambas propuestas implican un gasto público mayor al definido en el DNU y la Ley de Bases, pero menor al gasto promedio de los últimos años.
Reformar el sistema previsional argentino es un desafío complejo, pero superable. La clave está en diseñar un sistema que mantenga su alta cobertura, mejore la equidad y evite generar inestabilidad fiscal. Reducir la fragmentación del sistema permitiría mejorar su equidad y sostenibilidad. Evitar excepciones y diseñar reglas considerando las tendencias demográficas a mediano y largo plazo son pasos cruciales. La propuesta de Cippec es un intento de contribuir a este debate, que es necesario y urgente. Actualmente se vislumbra un consenso político de que hay que abordar esta problemática, aunque sin una solución clara. Es posible aprovechar esta oportunidad para ordenar el sistema con racionalidad, reconociendo los elementos que funcionan bien y corrigiendo los que no.
*Director de Protección Social de Cippec
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