¿Qué pasa si quiebra mi prepaga?

La empresa de medicina prepaga Servin Life SA comunicó su cierre a fines de mayo. Un cambio normativo del año 2023 deja a los afiliados sin el amparo del estado en estos casos.

El reciente pedido de quiebra de Servin Life SA, una pequeña empresa de medicina prepaga, genera preocupación entre los afiliados de otras prestadoras. Es que a raíz de un cambio en la legislación durante 2023, el Estado ya no está obligado a reubicarlos en esos casos ni tampoco garantiza la continuidad de la atención.

Las prepagas son noticia desde hace tiempo. El año pasado, varias compañías han denunciado «desfinanciamiento» a raíz del régimen de actualización mensual de cuotas, basado en el índice de costos de la salud (ICS). Asimismo, se fijaban topes de incrementos, determinados a partir de la evolución de la Ripte (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). Esto sucedía en un contexto de inflación alta y creciente.

A partir de ese momento, varios profesionales decidieron dejar de atender a través de prepagas. Paralelamente, el cobro de plus se ha generalizado e incluso institucionalizado. De ese modo, a los afiliados se les dificultaba ser atendidos por especialistas y, en caso de encontrarlos, las consultas les resultaban más onerosas.

Con el cambio de Gobierno y el dictado del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 (DNU 70/2023), las prestadoras tenían vía libre para aumentar las cuotas. Los incrementos fueron abruptos, superando el 100% en pocos meses, con lo que muchos afiliados se vieron impedidos de continuar pagando y obligados a cambiar de prepaga, o bien a quedarse sin cobertura médica privada.

El más reciente capítulo de la novela de las prepagas y el Gobierno tuvo lugar a mediados de abril. Mediante una resolución y una cautelar, se obligó a las empresas prestadoras a fijar los aumentos de las cuotas de acuerdo con la inflación mensual, a retrotraer subas y a devolver lo cobrado por encima de esa pauta a lo largo del 2024. Las compañías advierten que les resulta insostenible operar bajo este esquema.

En 2022 y a comienzos de 2023, la empresa Servin Life SA ya había solicitado que se abriera la feria judicial para dar inicio al concurso de acreedores. Desde entonces, ninguna oferta logró una aceptación mayoritaria, lo que terminó desenlazando el pedido de quiebra. El telefóno y el sitio web de la empresa ya están fuera de servicio.

Según lo detallado por fuentes de la empresa a Clarín, existe una deuda aproximada de $200.000.000 que se ha vuelto impagable. Desde enero hasta la fecha, con el incremento en las cuotas, ha sufrido la baja de unos 200 afiliados, lo que representa una pérdida de ingresos de más de $20.000.000 mensuales.

Según el medio, desde la compañía informaron «los costos continúan en aumento y ahora se debe reembolsar lo cobrado en las cuotas de los últimos meses por encima de la inflación». Sin embargo, en la lista de empresas incluidas en la medida cautelar del Gobierno y obligadas a devolver sumas, no se encuentra Servin Life SA.

¿Qué pasa si mi prepaga quiebra?


Entre los cambios al marco regulatorio de la medicina prepaga, el DNU 70/2023 derogó el inciso m) del artículo 5° de la ley 26.682. Esto implica que, en caso de quiebra o cierre de una prestadora, el Estado ya no está obligado a transferir la cobertura de salud con sus afiliados a otras compañías. Hasta el 28 de diciembre último, la superintendencia de Servicios de Salud era la autoridad encargada de hacerlo.

Tal y como sucede con los socios de Servin Life SA, los afiliados de la empresa de medicina prepaga que cesa sus actividades tendrán que contratar voluntariamente los servicios otra compañía. Sin embargo, esto no siempre es fácil.

Aquellos pacientes que cursan tratamientos caros, que tengan edad avanzada, o que posean alguna discapacidad o enfermedad preexistente carecerían de la posibilidad de afiliarse a otra empresa. Las quejas de los afiliados de Servin Life SA apuntan en ese sentido.

Aquellos pacientes que estén cursando tratamientos caros, que tengan edad avanzada, o que posean alguna discapacidad carecerían de la posibilidad de afiliarse a otra empresa.

«Si usted tomó un crédito UVA, es incorrecto pedir que lo pague otro», había dicho Javier Milei pocos días después de haber asumido la presidencia de la Nación. Esa frase, referida al rol del estado ante la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, fue una declaración de principios. La filosofía del Gobierno es no entrometerse en asuntos privados.

En este caso particular, implica los costos de la quiebra de una empresa de medicina prepaga deberían ser afrontados por todos los sujetos involucrados en el negocio, entre ellos los afiliados. Sin embargo, la ausencia de instrumentos o mecanismos que contemplen estas situaciones dejan a un universo de personas con riesgos de quedarse sin cobertura médica privada.


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