Impulsarán por decreto reformas y desregulaciones que estaban en la Ley Ómnibus: qué pensaron Sturzenegger y Santiago Caputo
Trascendió que dichos cambios estarían vinculados a fondos fiduciarios, el INCAA y jubilaciones. Quedarán afuera cuestiones tributarias o penales, que solo se pueden impulsar por ley.
Sturzenegger. El funcionario sin cargo en el gobierno de Milei (Télam).
El Gobierno evalúa avanzar por decreto con algunos puntos del proyecto de la ley ómnibus, luego de que la iniciativa de más de 600 artículos cayera por completo debido las observaciones de diputados opositores que derivaron en que el presidente Javier Milei decidiera abortar su tratamiento en el Congreso.
Las iniciativas se impulsarán en el marco de una mesa de trabajo que integrarán el asesor presidencial y «padre» del mega DNU y la ley de Bases, Federico Sturzenegger, como también el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, y el asesor Santiago Caputo.
Con la ley de Bases frustrada y el capítulo laboral del mega DNU frenado por la Justicia, la gestión libertaria trabaja en impulsar algunas reformas y desregulaciones previstas pero explorando otras vías, como los decretos o incluso la reglamentación simple.
Quedarán afuera inevitablemente cuestiones tributarias o penales, que solo se pueden impulsar por ley.
Pero los puntos que sí podrían tener cauce son los relacionados a los fondos fiduciarios, que Milei busca eliminar por ser «una caja negra de la política», y el cual fue una de las mayores razones para que la ley ómnibus se trabara en el Congreso.
También se avanzaría con el capítulo para promover inversiones y otras desregulaciones en distintos sectores económicos que estarían habilitadas a poder hacerse por decreto o regulación simple.
Otra temática de la ley de Bases que se busca impulsar es la relacionada a la cultura, como por ejemplo el sistema de subsidios del INCAA, por vía de la reglamentación del propio instituto.
Un tema que quedó en suspenso también por la caída de la ley es el de las jubilaciones.
La frustrada normativa proponía eliminar la fórmula de movilidad actual y darle al Poder Ejecutivo todas las prerrogativas para actualizar a discreción los haberes hasta se acuerde un nuevo cálculo.
Habiendo naufragado el proyecto, sigue rigiendo la fórmula actual, que viene siendo muy criticada porque perjudica a los jubilados debido a la alta inflación, lo cual obliga al Gobierno a dar un bono (viene siendo sólo para la mínima) para compensar.
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