Planes sociales: mitos, verdades y la educación como puerta a la transformación
Un estudio en base a datos oficiales desarticula el muchos de los prejuicios construidos en torno a la asistencia estatal. Además, coloca a la terminalidad educativa como elemento esencial a largo plazo.
Contraprestación laboral. Uno de los puntos álgidos del debate en torno a los planes sociales.
El deterioro del tejido social en Argentina durante las últimas tres décadas, se ha dado al ritmo del deterioro estructural de la economía. La relación es lineal. A medida que las barreras de acceso al trabajo formal se tornan orgánicas y permanentes, las carencias se convierten en profundas, y la falta de acceso a estándares mínimos de calidad de vida es una constante.
Con dicho escenario y más allá de quien ocasionalmente ocupa el poder de gobierno, quien queda en el centro de la escena es el Estado. En primer lugar como principal decisor de política económica, y responsable de la dinámica macreconómica. En segundo lugar como quien debe gestionar el resultado de tales políticas económicas en el tiempo, y atender la demanda social emergente.
En este sentido, la respuesta habitual del Estado representado por gobiernos de diferente orientación política e ideológica, ha sido acudir a los planes sociales como paliativo inmediato. Una asignación monetaria directa o indirecta, que busca solventar al menos una parte de las carencias estructurales de miles de familias, y que en general tiene como contrapartida una contraprestación de parte del beneficiario.
Naturalmente, la extensión de la asistencia social en el tiempo, la utilización política de los programas, la intermediación del beneficio con organizaciones sociales, y el deterioro progresivo de la ecuación fiscal, han puesto en tela de juicio los planes sociales como herramienta, y han generado la proliferación de un sin número de prejuicios respecto al perfil de los beneficiarios.
La extensión en el tiempo, la utilización política, la intermediación de las organizaciones sociales, y el déficit fiscal, han puesto en tela de juicio los planes sociales como herramienta, y han generado la proliferación de un sin número de prejuicios respecto a los beneficiarios.
Desde el famoso Plan Trabajar a mediados de 1995, pasando por el Plan Jefas y Jefes de Hogar nacido en plena crisis de 2001/02, hasta planes estructurales y focalizados como la Asignación Universal por Hijo (AUH), los diferentes gobiernos han buscado la forma de paliar las necesidades básicas insatisfechas de manera crónica en millones de habitantes.
La última versión de este tipo de programas es el “Potenciar Trabajo”, implementado en el año 2020 y cuyo objetivo era “contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, a través de la terminalidad educativa, la formación laboral, la certificación de competencias”, así como “la creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas gestionadas por personas físicas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica”.
Lo cierto es que en medio de la pandemia, el Potenciar Trabajo se convirtió en una de las formas en que el Estado procuró contener el daño de la cuarentena. Pero a la vez quedó envuelto en la polémica cuando la gestión de Alberto Fernández decidió hacer parte del gobierno a las organizaciones sociales como el Movimiento Evita de Emilio Pérsico.
La llegada de Javier Milei al poder, trajo consigo un fuerte ajuste del gasto, y la revisión de todos los renglones del presupuesto, entre ellos, los correspondientes a la asistencia social. Lo concreto es que según los registros del propio Anses, la incidencia presupuestaria del Potenciar Trabajo fue del 0,3% del PBI durante 2023, muy inferior en relación al peso de otro tipo de partidas.
La polémica en torno a la distribución de los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Petovello, volvió a poner en agenda el tenor, la profundidad y la efectividad de la política de asistencia social, con el foco en la relación del Estado con las organizaciones sociales.
Los datos oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derriban muchos de los prejuicios que se han construido en torno al perfil del beneficiario promedio de los planes sociales.
Un reciente estudio del centro de estudios Fundar, aborda los resultados obtenidos por el plan Potenciar Trabajo, valorando el perfil de los beneficiarios en cuanto a la inserción laboral, su disposición para el acceso a un empleo formal, la relación estrecha que ello tiene con la terminalidad educativa, y la importancia de la economía popular para un enorme segmento de las familias beneficiarias.
El estudio toma como muestra la Encuesta de la Economía Popular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) realizada entre mayo y julio de 2023, y tiene como una de sus autoras a la ex ministra de desarrollo social de CABA, María Migliore.
Derribando mitos
De un tiempo a esta parte, las dificultades para sostener altos niveles de gasto, y el déficit crónico en que ha incurrido el Estado en sus tres niveles, y las sospechas de clientelismo detrás de la asistencia social, han puesto a los planes sociales en el ojo de la tormenta, y en especial han generado la proliferación de grandes prejuicios en relaciona al universo de los beneficiarios.
En base a datos que surgen del relevamiento oficial de CABA, el informe de Fundar busca precisamente desmitificar tales prejuicios, y ofrecer una base certera para la reformulación de los planes sociales como herramienta de contención.
Uno de los mitos más comunes, es que los beneficiarios “Cobran el plan y no hacen nada”. Los datos oficiales indican sin embargo que 8 de cada 10 beneficiarios de Potenciar Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires realiza una contraprestación laboral para cobrar el programa.
El informe de Fundar especifica que tales prestaciones laborales se enmarcan principalmente en sectores como servicios personales (en su mayoría, en servicios de limpieza y cocina), recuperación y reciclado (como recolectores de residuos o en trabajos de limpieza en espacios públicos) y en servicios socio comunitarios (sobre todo en comedores).
Otro de los prejuicios más comunes en torno a los beneficiarios señala que “No tienen cultura de trabajo”.
El relevamiento de Fundar indica en base al relevamiento de CABA, que el 94% de los beneficiarios de Potenciar Trabajo considera cumplir sus tareas en el tiempo estipulado es “importante” o “muy importante”, mientras que ese porcentaje se reduce al 85% entre quienes pertenecen al segmento de la economía popular pero no son beneficiarios del plan.
Por último, otro de los mitos más comunes en relación a los beneficiarios, es que “con un plan les alcanza para vivir”. En base a datos oficiales de CABA, el informe de Fundar establece que la mitad más uno de los beneficiarios de Potenciar Trabajo (50,8%), tiene más de una ocupación. Eso significa que el programa de asistencia es en realidad un complemento de ingresos para personas que reciben una baja remuneración por sus empleos.
Ello vuelve a desmitificar la ausencia de cultura del trabajo. Los beneficiarios mantienen empleos precarios, y reciben el Potenciar Trabajo como un complemento de ingresos.
En efecto, el informe de Fundar agrega que más del 60% de los consultados señala percibir por su ocupación principal un ingreso igual o inferior a medio salario mínimo, lo cual da cuenta de la precariedad de ingresos del universo de beneficiarios.
La educación formal como llave de transformación
Si la mirada se eleva por encima de la coyuntura política y la concepción ideológica, y lo que verdaderamente se intenta es encontrar herramientas que permitan capitalizar el impacto de la asistencia social a largo plazo, vale la pena identificar los elementos que producen un proceso de transformación real en el potencial laboral de los beneficiarios de los programas sociales.
Con la inserción laboral formal como objetivo de máxima, indagar acerca de la posibilidad de que el cúmulo de saberes, capacidades y oportunidades de quien accede a un plan, sean mayores a lo largo del tiempo, y la erogación pública se convierta verdaderamente en una inversión en capital humano.
Allí precisamente pone el foco el estudio de Fundar, e identifica a la educación como una llave fundamental para alcanzar avances significativos y sostenidos. Al respecto, una primer conclusión indica que la terminalidad educativa incrementa notablemente la probabilidad de acceso al empleo formal.
En base a los datos oficiales de CABA, el estudio señala que quienes tienen ‘secundario terminado’ o incluso el nivel ‘terciario / universitario incompleto’ obtienen mayores chances de formalidad laboral respecto al resto de quienes se desempeñan en la economía popular (ver infograma). Sin embargo, solo un 3% de los beneficiarios del Plan Potenciar ofrecen como contraprestación algún tipo de terminalidad educativa.
Un segundo dato que fortalece tal conclusión, es que al relevar entre quienes se desempeñan en la economía popular, la cantidad de personas que tienen un trabajo en relación de dependencia, se incrementa entre quienes han realizado algún curso de capacitación en oficios.
Todo ello parece en definitiva indicar un camino: si la intención es lograr cambios profundos, la contraprestación más efectiva de un programa social debiera ser educativa y no laboral.
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