Manuel Mera: «Entre los jóvenes hay carencia de constancia, puntualidad, y capacidad de adaptación»

En dialogo con Diario RÍO NEGRO, el director de Protección Social del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Manuel Mera, abordó los desafíos que plantea la situación de la población joven en el mercado laboral. En esa línea, planteó algunas de las líneas de acción que proponen desde la organización que integra.

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PREGUNTA: ¿A qué se debe que las tasas de desempleo e informalidad sean mayores entre los jóvenes? ¿Los requisitos para aplicar a las ofertas laborales son excesivos para esa población, o hay falencias en la etapa formativa de los jóvenes?
RESPUESTA: El motor que impulsa la generación de empleo es la economía; y en un país donde el empleo asalariado privado no ha crecido en los últimos 12 años, los jóvenes son los más afectados. Esta situación macroeconómica contribuye a profundizar desigualdades de acceso al mercado laboral, especialmente para los jóvenes y las mujeres. Diversos factores explican este escenario. Por un lado, se encuentran las dificultades asociadas a las trayectorias educativas: sólo dos de cada diez estudiantes que comienzan la primaria logran completar la secundaria en el tiempo previsto y con los conocimientos adecuados en lengua y matemáticas. Por otro lado, existe una carencia en habilidades blandas que son cruciales para desenvolverse eficazmente en el entorno laboral, tales como la constancia, la puntualidad, y la capacidad de adaptación, entre otras. Para abordar estos desafíos, es esencial que los jóvenes puedan adquirir experiencia laboral y acceder a su primer empleo, lo que requiere la implementación de mecanismos para la formación y la contratación. Mejorar esta situación implica necesariamente un sistema educativo que capacite a los jóvenes con las habilidades y conocimientos necesarios para facilitar su inserción en el mercado laboral.

P: Si comparamos jóvenes con adultos en el empleo registrado, ¿se cumple el principio de “a igual tarea, igual remuneración?”
R: Es claro que existen disparidades salariales basadas en la edad y el género. Por ejemplo, los jóvenes suelen percibir ingresos totales 30% inferiores al promedio de la población, mientras que las mujeres tienen ingresos promedio aproximadamente un 25% más bajos (tanto en la población joven como en el promedio general). Estas disparidades se explican, en gran medida, por el tipo de empleo al que acceden y los sectores en los que se insertan. Los jóvenes, al tener una mayor proporción de empleo informal y acceder a trabajos menos calificados, tienden a ganar, en promedio, salarios más bajos. Del mismo modo, las mujeres, debido a la mayor informalidad laboral, los sectores de actividad en los que trabajan y las barreras tradicionales de género (como techos de cristal y pisos pegajosos), también tienden a ganar salarios más bajos en comparación con los hombres. En Argentina, muchos puestos de trabajo asalariados formales tienen sus salarios determinados por convenios colectivos, lo que ayuda a prevenir la discriminación salarial. Sin embargo, el problema radica en que sólo el 30% de la fuerza laboral es asalariada formal en el sector privado, y que las disparidades se originan en etapas anteriores, como el acceso a ciertos puestos de trabajo. Por lo tanto, las políticas deben dirigirse a promover igualdad de oportunidades y a reducir los obstáculos que dificultan la participación laboral de los jóvenes, especialmente de las mujeres, como las responsabilidades de cuidado familiar. En CIPPEC proponemos mejoras en las políticas que garanticen ingresos adecuados, tiempo y apoyo institucional para el cuidado. Esto no solo contribuirá a un mercado laboral más equitativo, sino que también es esencial para el desarrollo de las habilidades de las nuevas generaciones

P: ¿Qué cambios normativos son necesarios para solucionar este problema?
R: Como ya mencionamos, sin un crecimiento económico las políticas laborales poco pueden hacer para cambiar la realidad. Asumiendo esta dificultad, para enfrentar estos desafíos resulta fundamental que los jóvenes cuenten con la posibilidad de ganar experiencia laboral y acceder a su primer trabajo. Frente a esta situación, desde CIPPEC proponemos impulsar una política de empleo juvenil que integre los recursos disponibles en tres áreas fundamentales: la oferta de formación, los estímulos para la contratación y la colaboración entre el Estado y los agentes económicos. En lo que respecta a la capacitación profesional, es esencial que esta se desarrolle tanto en ambientes educativos como en el ámbito laboral. Para lograrlo, se debe fortalecer y coordinar el sistema de formación profesional, que engloba a instituciones educativas, empresas y sindicatos. También resulta crucial ampliar las oportunidades de aprendizaje práctico en entornos laborales para aquellos que no están matriculados en instituciones educativas formales. Para esto hay que garantizar una legislación efectiva para formar a la próxima generación de trabajadores. Actualmente, la Ley 25.013 -sancionada en 1998 y actualizada en 2008- establece el contrato de aprendizaje dirigido a jóvenes de hasta 28 años. Fue concebido como un mecanismo para combinar la formación teórica con la práctica, pero su aplicación es prácticamente inexistente en la actualidad. Para que esta normativa se convierta en una herramienta efectiva para promover la inclusión sin menoscabar los derechos laborales es necesario que la regulación de su utilización (como los puestos de trabajo, las cuotas, los horarios, los incentivos económicos, la certificación, entre otros aspectos) se establezca a nivel sectorial en los convenios colectivos de trabajo. Este enfoque garantizará un uso adecuado del contrato de aprendizaje y permitirá adaptarlo a las diversas realidades de cada sector. En paralelo, también se debe regular y distinguir entre los abusos de la normativa y los errores administrativos, con el fin de reducir la litigiosidad injustificada y promover la correcta aplicación de esta modalidad.

PERFIL
Manuel Mera

Es licenciado en ciencia política por la Universidad Torcuato di Tella, y Magister y Ph.D. en Gobierno por la Georgetown University.
Es experto en investigación en salud, políticas laborales y políticas sociales.
Fue consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Gobierno de la Nación Argentina y El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Fue director de Estudios y Relaciones del Trabajo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.