Las medidas de Massa bajo la lupa: incentivos tardíos sin atacar la raíz de la inflación
ANÁLISIS │ El paquete de políticas anunciado tras conocerse la inflación de abril incrementa el gasto y el uso de reservas. Sin embargo no parece estar dirigido a dar solución inmediata al problema más urgente: la velocidad a la que aceleran los precios internos.
Sergio Massa habló como están las negociaciones con el FMI.
Las medidas de Massa para capear el temporal, son uno de los temas principales al inicio de la semana. Resolver un problema de gestión macroeconómica es tal vez uno de los desafíos más imponentes que puede atravesar cualquier funcionario que se involucre en la gestión pública. Se trata sin más de establecer políticas que direccionen el accionar de los agentes económicos, y por ende los agregados económicos.
Dentro de ese marco, gestionar un escenario signado por la inflación y la aceleración de precios, es quizá un reto de dimensiones aun mayores.
Es la misión en la que Sergio Massa decidió embarcarse hace escasos diez meses. Encontrar los resortes de política económica que permitan desactivar la inercia de los precios minoristas y comenzar a exhibir una senda descendente en la escalada inflacionaria.
La estadística oficial de inflación publicada el pasado viernes por el Indec, fue mucho más dura de lo esperado. En abril los precios minoristas subieron en promedio un 8,4%, lo que coloca el acumulado en 32% solo para los primeros cuatro meses de 2023, y en 108,8% para los últimos doce meses.
El dato contiene la performace de ciertos sectores que presentaron aumentos llamativamente altos, como es el caso de alimentos y vestimenta, ambos con subas mensuales superiores al 10%. En el caso de la vestimenta y calzados, los aumentos interanuales avanzan a una velocidad inexplicáblemente superior al 120% desde hace al menos cuatro meses.
Con el doloroso dato de inflación sobre la mesa, el Ministro de Economía Sergio Massa reunió el sábado a todo su equipo económico a fin de establecer un conjunto de herramientas que permitan afrontar la coyuntura. Las medidas se dejaron trascender en la tarde del domingo y componen un «paquete» de políticas con las que Massa espera contener el delicado momento que combina presión devaluatoria, aceleración de precios, sequía y salario real golpeado.
El combo de herramientas que eligió Massa en conjunto con el Secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein incluye un incentivo al consumo, una actualización de tasas, una moratoria fiscal y una revisión de las políticas de antidumping y de apertura comercial.
Mirando el conjunto de los anuncios, una primer conclusión es que ninguna de las medidas anunciadas ataca la raíz del problema, ni tiene por objetivo contener de manera directa la inercia de precios.
A ello hay que agregar que el paquete de medidas elegidas luce incluso contradictorio con los que se supone necesario para afrontar las principales restricciones que arrastra la economía. A saber: se incrementa el gasto, se requieren más divisas, se estrechan los controles.
Consumir a tasa de interés negativa: un aliciente que pretende morigerar el impacto inflacionario, sin solucionarlo. Lo relevante sin embargo, es que la medida reviste necesariamente un incremento del gasto.
Si se analiza en detalle, el anuncio que probablemente más expectativa genere en las mayorías, las que tienen ingresos fijos y en pesos y ven como su salario se deteriora mes a mes, es la rebaja de las tasas para el Plan Ahora 12. Si los pesos valen cada vez menos, la mejor estrategia es postergar pagos en pesos. Si la tasa de interés efectiva anual es menor a la inflación anual, se licua la deuda.
Es efectivamente lo que propone la medida anunciada este fin de semana. Consumir a tasa de interés negativa: un aliciente que pretende morigerar el impacto inflacionario, sin solucionarlo. Lo relevante sin embargo, es que la medida reviste necesariamente un incremento del gasto. El subsidio tácito a la tasa de interés deberá ser afrontado por el estado nacional, bajo la premisa y la certeza de que «los bancos nunca pierden».
La moratoria que alcanza a pequeñas y medianas empresas y permite regularizar deuda vencida hasta el 30 de abril, es el anuncio que mayor impacto real puede llegar a tener, ofreciendo la posibilidad al sector productivo de quitarse el yugo de la deuda impositiva. Los cálculos oficiales indican que este segmento acumula deudas por $456.063 millones.
Llama la atención la apertura de las importaciones al sector alimentos y el levantamiento de las políticas antidumping para los insumos difundidos.
Siendo Argentina un país productor de alimentos, es inverosímil pensar que los alimentos deban ser importados para poder controlar la cadena de valor a nivel interno.
En el caso de los alimentos, el gobierno supone que existen abusos de posición dominante en la conformación de los precios. La solución elegida es abrir las importaciones de alimentos colocando al Mercado Central como actor protagónico, capaz de influir a nivel nacional en la cadena de valor.
«Ante la negativa de los mayoristas y las grandes empresas se podría abastecer a los supermercados chinos y almacenes de cercanía con una canasta de productos definidos por la Secretaría de Comercio, importados por el Mercado Central para romper con el abuso de precios que realizan esas empresas a la hora de abastecer estos puntos de venta de cercanía». Fue el ejemplo que hizo circular el Ministerio de Economía el domingo por la tarde.
La idea resulta igualmente romántica e inocente. Creer que el Mercado Central logrará semejante alcance e influencia en la cadena de valor de los alimentos más allá de los límites del conurbano bonaerense implica desconocer el recorrido y la logística mediante la cual los alimentos llegan a la góndola. Difícilmente la medida signifique una moderación en el precios de los alimentos en el interior del país.
Además, llama la atención el momento elegido para la apertura de las importaciones. En especial por la manifiesta dificultad de la economía argentina para acumular reservas, uno de los objetivos más difíciles de alcanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario. Siendo Argentina un país productor de alimentos, es inverosímil pensar que los alimentos deban ser importados para poder controlar la cadena de valor a nivel interno.
La suspensión de los «derechos antidumping» para la importación de insumos difundidos como polietileno, poliester, óxido de cinc o lana de vidrio, deja a la vista el hecho de que la economía argentina mantiene precios artificialmente altos en relación al resto del mundo en materiales esenciales. La apertura comercial supone en este caso un «incentivo» a la reducción de costos a nivel interno. El pretendido efecto sobre los precios internos, si es que llega, difícilmente se perciba en lo inmediato.
Cuando a fines de noviembre se lanzó el programa «Precios Justos», al inicio de la gestión de Sergio Massa en el ministerio de economía, se planteó una «senda de reducción de precios» que llevara la inflación al 4% mensual en el primer cuatrimestre de 2023. Promediando el mes de mayo, los datos muestran un 6% de inflación en enero, un 6,6% en febrero, un 7,7% en marzo y un 8,4% en abril.
En otras palabras, la velocidad a la que avanzan los precios hoy, es exactamente el doble de la que preveía el gobierno en base a las medidas adoptadas a fines de 2022. Nada en absoluto hace pensar que alguna de las medidas anunciadas esta semana, logre por algún motivo torcer esa dinámica en lo inmediato.
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