Las empresas públicas rionegrinas, miles de millones de pesos sin los controles necesarios
Para este año proyectan erogar 15.800 millones de pesos. Este número no contempla a INVAP, que es una firma altamente competitiva en los mercados locales e internacionales. El resto de las compañias tienen serios problemas de productividad y muchas de ellas necesitan todos los años aportes del Tesoro para poder continuar con su funcionamiento.
Las empresas públicas rionegrinas proyectan gastar durante todo este año poco más de 15.800 millones de pesos. Esta cifra no involucra a la firma INVAP que tiene un tratamiento presupuestario diferencial ya que puede distorsionar todo tipo de comparación.
Los números que manejan son enormes. Para muchos, un barril sin fondo o, por lo menos, estructuras sin mucho control. Distintos gobiernos intentaron esquemas de fiscalizaciones generales y, con ese propósito, se crearon más áreas gubernamentales. Sus resultados no salieron de registros formales.
La cifra que se destinan a las empresas públicas equivale a tres veces lo que el Gobierno rionegrino orienta anualmente a la partida de Promoción y Asistencia Social o al 50% del total de los recursos que tiene todo el sistema de Salud de la Provincia.
Mientras tanto, sus manejos se concentran en los mandamases de las sociedades estatales, con o sin aporte de Economía. No son extraños entonces excesos en la incorporación de personal o los gastos autorizados.
Desde el Gobierno el argumento de sostener semejante nivel de erogación lo centran en la necesidad de contar con empresas de servicios en las que el sector privado tiende a no involucrarse.
En total suman 14 las compañías que están bajo la dirección estatal rionegrina. Nueve de ellas son sociedades anónimas (SA) y las restantes cinco son sociedades del estado (SE).
El sistema de empresas públicas no se financia con lo que genera la venta de sus servicios. Es decir que los gastos que tiene todos los años -tanto para su funcionamiento como en masa salarial- no alcanzan con los ingresos que perciben por su facturación. El Estado provincial realiza todos los años, en mayor o menos medida, aportes del Tesoro para compensar las cajas de estas empresas.
Durante el 2021 las transferencias al sistema de empresas públicas se ubicaron cerca de los 4.500 millones de pesos. De esa cifra, 2.077 millones fueron a gastos corrientes (salarios y funcionamiento) y 2.404 millones de pesos como aportes de capital, fondos que se orientan por lo general a obra pública, insumos y maquinaria.
Cuando se analiza la evolución de sus gastos, claramente se observa un importante crecimiento nominal, sin embargo, en términos relativos se mantiene relativamente estable.
En 2017, el gasto total que proyectaba el presupuesto se lo ubicaba en los 2.607 millones de pesos. Es decir que, en solo cinco años, se multiplicaron los gastos por seis; o, lo que es lo mismo decir, crecieron a una tasa anual promedio del orden del 100%. Hay que remarcar que en estos cinco años se incorporaron al staff dos empresas estatales más.
La estadística oficial refleja en este punto que el incremento del gasto total en las empresas públicas rionegrinas en estos últimos cinco años (saltó en términos nominales 505%) se ubicó por encima de los niveles de inflación que registro nuestra región en este mismo período bajo análisis (480%).
Esta tendencia fue en línea con la evolución que mostró el gasto total en la Provincia en su conjunto durante el período 2017-2022.
Cuestionamientos
Desde hace años los ciudadanos rionegrinos mantienen un crítico concepto sobre los servicios que reciben -en muchos casos no solo de las empresas del sector público- aduciendo que son “caros e ineficientes”. Cuando se analizan las facturas que cobran las distintas empresas públicas por sus servicios al consumidor, en términos generales, se puede anticipar que no son caras. Pero bien, en un contexto en el que se paga por algo que no complace expectativas; uno siente que está tirando su plata.
Por otro lado, sí son ineficientes. ¿Cuáles son las causas para que este marco se mantenga en el tiempo y que no existan indicios para que pueda ser modificado?
En principio quién está al frente de una empresa pública tiene, por lo general, el incentivo para utilizarlas con un fin particular: maximizar el apoyo político, más aún si operan como monopolios. Para ello recurre a otorgar un trato preferencial a tres agentes: los empleados de las empresas, los proveedores y los consumidores.
A los empleados les garantiza un salario que, en la mayoría de los casos, son diferenciales al régimen del personal público. A los proveedores se le otorgan privilegios a través de esquemas de adjudicaciones directas. Solo por estas dos razones los costos totales de producción son mayores que si la empresa fuese privada.
Finalmente, buscando el apoyo de los consumidores, las empresas del Estado tienden a vender sus servicios a un precio menor a su costo de producción por lo que sus ingresos no cubren las erogaciones totales y, en ocasiones, ni siquiera los costos variables. La combinación de estos tres esquemas deriva en una operación ineficiente y la necesidad de canalizar transferencias desde el Tesoro.
INVAP: una empresa estatal altamente profesional
INVAP S. E. es una empresa argentina de alta tecnología dedicada al diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y equipamiento médico y científico. Es considerada una gran empresa tecnológica y la más prestigiosa en América Latina.
El único propietario y accionista de la empresa es la provincia del Río Negro.
Es una empresa estatal modelo en el complejo ámbito del desarrollo nuclear, científico y tecnológico. Una compañía confiable y competitiva en el exterior.
Según su presupuesto para este año, proyecta erogaciones totales por unos 37.700 millones de pesos, el doble del gasto que ejecutan la suma de las restantes 13 empresas rionegrinas. Sus balances estiman ganancias por unos 400 millones de pesos.
Una de las claves de su éxito es la nula intervención del gobierno provincial en su gestión y en su rentabilidad. INVAP se financia de manera autónoma. La provincia no interviene en la toma de dividendos y esta política, que lleva más de 30 años, es la clave que permite que los ingresos queden en la empresa y posibilite su crecimiento.
Fondos que aporta al Provincia
El Estado provincial transfirió el año pasado cerca 4.500 millones a sus empresas, esencialmente media docena de ellas.
La principal asistencia se corresponde con ARSA, a partir entre sus costos operativos y su recaudación. Las actualizaciones de sus tarifas quedan rezadas con las subas de los insumos y de los incrementos salariales. Por caso, esa sociedad prevé -según su presupuesto- que la Provincia inyecte este año casi 2.400 millones, de los cuales, el 70% se destinaría al personal.
Dato clave
- 3.900
- son los millones de pesos que el Tesoro provincial proyecta transferir durante este año enttre las 14 empresas estatales.
Además de ARSA, según las previsiones del 2022, otras empresas tendrán subsidios, totalizando 3.900 millones. El Tren Patagónico tiene una previsión de 785 millones mientras que Canal 10 estaría en unos 448 millones, de los cuales, el 63% y el 82% están registrados para salariales, respectivamente
Figuran Transcomahue, con 101 millones; la forestal Enforsa, con 46 millones y la minera Emirsa, con 20,5 millones. La nómina incluye a Hiparsa, aun en liquidación, con casi 2 millones de pesos.
La voz oficial: “son claves para el desarrollo”
La supervisión de las empresas recae en la Secretaría General, actualmente a cargo de José María Apud.
El funcionario recuerda que estas sociedades son “claves” porque son “factores de desarrollo socioeconómico de la Provincia”. Repasa que su cartera tiene “intervención en los procedimientos de compras y contrataciones”, en los “aspectos vinculados al personal (incorporaciones, cambios en las condiciones laborales)”, “velar por la composición mixta de los directorios” y “asesoramiento permanente”.
Explicó que supervisa, pero también, “acompaña las gestiones individuales de cada empresa”.
Apud considera que “Río Negro cuenta con empresas consolidadas”, destacando al INVAP, y están aquellas “subsidiadas” porque, de otra manera, sus “servicios no seríaan accesibles a las personas”, como el Tren.
Reafirmó que el gobierno “seguirá acompañando los desafíos” de estas sociedades, pues “no se debe perder el tipo de servicio que prestan”, como “ARSA que opera las redes de agua potable y cloacas”, el Tren Patagónico que “integra la región Sur” o Transcomahue que “realiza el mantenimiento de equipos de generación aislada” y “la instalación de los paneles solares en parajes”. También destacó a Altec, con sus “nuevos proyectos”, e INVAP con “su actividad internacional”. Explicó que las empresas deben ser subsidiadas por los tipos de servicios que brindan y sean accesibles a la gente. Es una decisión de Gobierno”, remarcó.
Apud dijo que se seguirá “fortaleciendo la administración de las empresas”, como pueda “obtener financiamiento” a ARSA.
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