Las dos patas flojas del plan económico de Javier Milei
Mientras la política interna de La Libertad Avanza se desordena, el plan económico no termina de hilvanar las respuestas pata el mediano plazo. El programa libertario se basa en la ortodoxia monetaria y la austeridad fiscal, pero genera una severa recesión y es insolvente frente a los millonarios vencimientos de 2025.
Veto total para Financiamiento Universitario. Foto: archivo.
La madre de las batallas para el primer gobierno libertario de la historia siempre fue lograr que se ordene la macroeconomía, antes que se desbarajuste la política.
La profundidad del ajuste que Javier Milei anunciaba antes de asumir y que emprendió una vez en el poder, hacía suponer que el desafío era mayúsculo, dado el impacto social del recorte.
Para sorpresa de muchos, el mandatario ha llevado adelante en 2024 el ajuste ortodoxo del gasto más radical desde el regreso a la democracia, y frente a ello la resistencia social apenas asomó cuando la tijera pasó por el presupuesto universitario. Con ocho meses de austeridad a cuestas, el presidente ostenta no solo cuentas fiscales equilibradas y un sendero de inflación a la baja, sino que los relevamientos de opinión siguen mostrando un apoyo de entre el 40% y el 45% a la gestión.
Dicho ello, el horizonte inmediato dista demasiado del ideal. Mientras la economía está lejos de haberse normalizado y el plan económico marcha de frente hacia el paredón de sus propias inconsistencias, la política comienza a desmadrarse a una velocidad sorprendente.
Primero una secuencia de derrotas legislativas, que tuvo como hitos el rechazo al DNU de fondos reservados para la SIDE y la nueva fórmula jubilatoria, y que dejó expuesto al todopoderoso asesor sin cargo, Santiago Caputo.
Luego el escándalo por la visita de los diputados de La Libertad Avanza a los genocidas, que significó la salida del bloque de Lourdes Arrieta, la única diputada que se atrevió a contar los detalles inexplicables de una agenda a favor de los ex militares, de la que nadie se hace cargo.
Más tarde, la puja en el Senado por la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, la cual hoy defienden con más ahinco los libertarios que los kirchneristas, y dejó como saldo la expulsión del bloque oficialista del senador Francisco Paoltroni, quien al igual que Arrieta, cometió la incorrección de señalar que la figura del cuestionado juez no se condice con el discurso “anti casta” de Javier Milei.
Por inexperiencia, torpeza o dogmatismos propios, en solo tres semanas el oficialismo cometió una serie de errores no forzados que comienzan a revelar la fragilidad política interna del espacio libertario.
Mientras tanto, el tablero de la macro enciende luces rojas que requieren soluciones inmediatas para las cuales el gobierno parece no tener respuesta.
Dos patas flojas
Los macroeconomistas suelen referir a los fundamentos de un programa, como las cuatro patas de una mesa. Esos cuatro fundamentos son la política monetaria, la fiscal, la productiva y la cambiaria/financiera.
Con el objetivo de generar una reducción drástica de la inflación, la gestión Milei ha basado todo su relato político y su andamiaje económico en las primeras dos patas: ortodoxo en lo monetario, austero al extremo en lo fiscal.
En el camino, ha descuidado por demás el plano productivo, y empieza a enfrentar severos nubarrones en lo cambiario/financiero.
Para comprender el tenor de la recesión que atraviesa el segmento productivo nacional, basta con revisar los propios datos oficiales. El último registro del Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) que publica el Indec, refiere al mes de junio y muestra una caída del 3,2% en la actividad en acumulado del primer semestre del año.
Imaginar que la rebaja del Impuesto País que inicia mañana redundará en una caída de los precios al consumidor, es un pronóstico candorosamente inocente.
Pero al interior de ese dato, en la recorrida sector por sector, resulta que en el mes de junio, la caída interanual (mes contra mes) llega al 18,6% en comercio, al 20,4% en industria, y al 23,6% en construcción. Se trata de los tres sectores que nuclean las tres cuartas partes del empleo registrado en Argentina.
Una foto elocuente. La “recuperación en V” de la que el gobierno hablaba hasta hace poco, ha desaparecido de todos los discursos y la única respuesta oficial al derrumbe del nivel de actividad es que “asistimos a las consecuencias no deseadas de una corrección inevitable frente a las nefastas políticas aplicadas durante el gobierno anterior”.
En relación al frente cambiario y financiero, el panorama es todavía más complejo.
La noticia esta semana fue la confirmación de la rebaja del 10% en el Impuesto País, que pasará del 17,5% al 7,5% desde mañana. Es decir, volverá al mismo nivel que tenía el día que Javier Milei llegó al poder.
La medida abaratará las importaciones, que supone a priori una reducción de costos para el segmento industrial dependiente de insumos importados, por ejemplo el automotriz. Imaginar que ello redundará en una reducción de precios al consumidor, es candorosamente inocente.
No obstante y más allá de las implicancias de la medida en el plano fiscal por la reducción de la recaudación, el núcleo del problema cambiario sigue siendo el atraso del dólar. Solo entre enero y julio, el Indec registra una inflación acumulada del 87%. En el mismo lapso, el tipo de cambio oficial avanzó apenas 14,5%.
Una parte de la cátedra señala que el gobierno no debe devaluar, a fin de evitar el colapso. La otra, señala que la devaluación es imprescindible, a fin de evitar el colapso. Salvo para quienes tienen en sus manos el programa, el final del recorrido pareciera estar escrito.
Hasta el momento, la única reacción oficial al respecto, son los insultos del presidente a los economistas que se atreven a poner en palabras la inconsistencia. Sin embargo, el notorio retraso del tipo de cambio ya configura toda una encerrona para el equipo económico que conduce Luis Caputo.
Tanto es así que la cátedra económica se divide en dos. Una parte entiende que el gobierno debería sostener su postura de no devaluar, para evitar el colapso inminente del programa. La otra, indica que es imprescindible devaluar lo antes posible, para evitar el colapso inminente del programa. Increíblemente, todos (a excepción de los que tienen en sus manos el programa), anticipan el mismo final.
Si el gobierno devaluara, lo más probable es que ello implicaría capitular respecto a la baja de la inflación. Como botón de muestra, basta con la secuencia del pasado mes de diciembre. Solo que esta vez, el salto de precios llegaría con el grueso del ajuste ya consumado, con la recesión en marcha, y salario real detonado.
Esto es lo que buscan evitar por todos los medios puertas adentro del gobierno. La intención es generar el sinceramiento de una sola vez al momento de liberar el mercado cambiario.
No obstante si elige seguir firme en el sendero de crowling peg al 2% mensual que se trazó desde enero y esperar para devaluar al momento de levantar el cepo, entonces el problema se traslada al plano financiero.
La economía acelera de frente contra el paredón de los vencimientos de deuda en 2025, y el gobierno no encuentra respuestas inmediatas. Los pagos hasta el final del mandato de Javier Milei ascienden a u$s 70.700 millones.
No existe posibilidad de acumular reservas con cepo cambiario y atraso del dólar. Los agentes económicos buscarán quitarse de encima los pesos y aspirar todos los dólares que puedan a precio de oferta en el mercado oficial. Al mismo tiempo, el campo retrasará todo lo que pueda la liquidación de los granos guardados en silobolsas. Por ambas vías el resultado es el mismo: caen las reservas.
Las estimaciones más conservadoras indican que las reservas del Banco Central son negativas en torno a los u$s 3.300 millones. Las más pesimistas dicen que son negativas por u$s 5.300 millones. Como sea, es evidente que la actual configuración no es efectiva a los fines de reunir divisas. Y es precisamente eso lo que se requiere cada vez con más urgencia.
El perfil de vencimientos que el país debe afrontar en los próximos tres años, es un frontón hacia el que la economía parece acelerar de frente.
Según la información que presenta el Centro de Política Económica Argentina (CEPA) en base a la Secretaría de Finanzas de la Nación, sin contar los pagos devengados este año, el gobierno de Javier Milei deberá afrontar pagos por u$s 70.700 millones hasta el final de su mandato.
Ese total incluye u$s 14.500 millones por pagos al Fondo Monetario Internacional. En el gobierno esperan lograr un nuevo acuerdo que permita refinanciar esos vencimientos, y para ello suplican por un triunfo de Donald Trump en noviembre.
Pero la espada de Damocles entre 2025 y 2027, radica en los u$s 27.500 millones que hay que pagar a los bonistas privados. Son los vencimientos que surgen de la re estructuración que llevó adelante el ex ministro Martín Guzmán en 2021/22. Las opciones son claras, y son únicamente tres.
La más obvia, es reunir los dólares necesarios y pagar casi u$s 30.000 millones de dólares en apenas tres años. A la luz de la coyuntura, luce inverosímil. La segunda es volver a re estructurar. El manual dice que para ello primero es condición necesaria acordar con el Fondo. Ambas cosas parecen estar lejos hoy por hoy, y el detalle no menor, es que los primeros vencimientos gruesos comienzan en enero y febrero de 2025, es decir en apenas cinco meses (o 150 días). Solo en esos meses, los compromisos ascienden a más de u$s 5.000 millones. La tercera alternativa es el default.
Por cualquiera de las aristas que se aborde, el panorama es complejo, y las respuestas que el equipo económico esboza al respecto son tibias. Existe optimismo con el resultado que podría arrojar el blanqueo, con el ingreso de inversiones para adherir al RIGI, y se apuesta por operaciones financieras “no tradicionales” como el “repo” que se obtendría colocando como garantía los lingotes de oro que Caputo decidió enviar a Londres.
En relación al blanqueo, los analistas señalan que pese a ser el más generoso de las últimas dos décadas, lograría la exteriorización de unos u$s 40.000 millones. Se trata de tenencias o colocaciones argentinos, no declaradas ante la Afip. El costo por poner esos fondos a la vista, será 0 (cero) para tenencias de hasta u$s 200.000, y la recaudación resultante sería de apenas unos u$s 1.500 millones.
Respecto al RIGI, el efecto real del ingreso de inversiones es un proceso de largo plazo, que no guarda relación alguna con las urgencias financieras.
En cuanto al repo, los rumores hablan de un pre acuerdo con un conocido banco comercial español, pero el monto en cuestión sería de entre u$s 1.000 y 2.000 millones. Llegado este punto, la noticia se relaciona más con la polémica por el envío del metal al exterior, que por el beneficio que podría significar en relación al monto de la deuda a cancelar.
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