La mayoría elige políticas de shock, pero con plata de otros

El delicado estado en que se encuentra la economía nacional y la manifiesta dificultad de quienes conducen la política para encontrar soluciones de largo plazo, hace que el conjunto de la sociedad comience a manifestar nuevamente la necesidad de cambios profundos.
El nivel de gasto público, el rojo en las cuentas del Estado, y la forma de financiar este faltante, una vez más ocupan el centro de la escena nacional.

En este sentido, y con la premisa de alcanzar el equilibrio fiscal que ya ha declamado la flamante Ministra de Economía Silvina Batakis y que exige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una de las discusiones que vuelve a resurgir, es si el camino en lo inmediato debe estar signado por políticas gradualistas o de shock.

Las primeras permiten morigerar el impacto de la reducción del gasto público en el conjunto de la sociedad, pero generan resultados que se aprecian paulatinamente en el tiempo.
Las segundas en cambio, se aplican de una sola vez y todas juntas, a fin de generar un resultado inmediato en cuanto a la reducción del déficit fiscal, sin embargo suelen generar un gran impacto en el bolsillo de los ciudadanos.

Un relevamiento de opinión publicado esta semana por la consultora Zuban Córdoba y Asociados, indaga acerca de las preferencias de los argentinos en cuanto al tenor de la política económica de cara a 2023. El estudio fue realizado sobre 1.600 casos en todo el país durante la última semana de junio, respetando la ponderación por género, edad y zona geográfica.

Ante la consulta “¿Cuál cree que sería el camino correcto a tomar desde 2023?” el 64,7% de los encuestados indicó que “se deberían aplicar medidas de shock para toda la sociedad”, mientras que solo el 24,1% indicó que “el próximo gobierno debe aplicar medidas gradualistas consensuadas con toda la sociedad”. Otro 11% manifestó que “no sabe”.

El primer dato es certero: dos terceras partes de la sociedad creen que la reducción del déficit fiscal debe implementarse de manera brusca e inmediata.
Lo llamativo emerge cuan do se indaga a las mismas personas en relación a la posibilidad de que el ajuste del gasto resultante de las medidas de shock, los afecte de manera directa. Las respuestas obtenidas son diametralmente opuestas.

Ante la consulta “qué tan conforme estaría si las medidas de shock implicaran pagar un 100% más de Impuesto a las Ganancias”, el 63,5% de los encuestados indicó “muy disconforme”.
Cuando la pregunta es “qué tan conforme estaría si las medidas de shock implicaran un recorte de entre el 20% y el 30% de su salario real mensual”, en el 82,3% de los casos la respuesta también es “muy disconforme”.

Cuando se consulta “que sentiría si la política de shock implicara recortar jubilaciones”, el rechazo llega al 88,4%. De igual forma, la disconformidad llega al 52,4% si el shock trae consigo la facilidad para despedir sin indemnización, y al 54,5% si implica un aumento del 200% en las tarifas de luz o gas.

Por el contrario, las medidas de shock son bien recibidas si se reducen drásticamente los planes sociales (67,5%), o si se reducen los subsidios a las grandes empresas privadas (85%).
El contraste es evidente. La sociedad está mayoritariamente de acuerdo con la necesidad de reducir el déficit y preferiría que ese recorte se realice de forma drástica, sin embargo no está dispuesta a pagar el precio. El ajuste debe recaer “sobre alguien más”.

“No es ningún secreto que gran parte de la política está pensando en un shock de estabilización para ordenar la macroeconomía” expresa el informe de Zuban Córdoba. “A partir del estudio, se hace evidente que gran parte de la sociedad piensa en esa misma dirección, pero empieza a dudar cuando es confrontada con la posibilidad de que ese shock la afecte directamente” agrega.

“Nuestros resultados son consistente con la cultura política que nos caracteriza como país: liberal en lo económico y conservadora en lo político”, manifestó Ana Paola Zuban, socia de Zuban Córdoba y Asociados y una de las autoras del documento. “Se aprecia esto del ajuste que debe hacer el Estado en los mas vulnerables, pero no en la clase media, que merece toda la asistencia y subsidios” agregó. “Sería algo asi como obtener del Estado los mismos servicios que en Suiza, pero pagando impuestos como en África”, finalizó.

Por su parte, Gustavo Córdoba otro de los socios de la consultora y autor del estudio, expresó que los resultados “son una auténtica síntesis de nuestro ser nacional: esperamos que el ajuste recaiga en el otro”.

En efecto, los resultados parecen indicar que los encuestados dirigen su mirada hacia los extremos. El acuerdo con las políticas de shock es elocuentemente mayoritario, pero al momento de elegir quien debería pagar el costo del ajuste, las preferencias se dirigen por igual hacia los más vulnerables y hacia los más ricos: planes sociales y empresas.