La manta corta entre crecer y cumplir con el Fondo

Cuatro eran los objetivos concretos del gobierno en materia económica al asumir el poder en diciembre de 2019: reestructurar la deuda con los bonistas privados, alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, iniciar un sendero de crecimiento económico, y lograr la recomposición del salario real luego de tres años consecutivos de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Nada más parecido al programa económico que dos años y medio después se le sigue reclamando a la gestión Fernández.
La irrupción de la pandemia a tres meses de la asunción, echó por tierra cualquier atisbo de avance en la hoja de ruta original.

Sin embargo, en vísperas del segundo aniversario de la llegada del Covid a estas pampas, resulta que si se analiza en trazos gruesos y abstrayendo la infinidad de matices (políticos, geopolíticos, sociales, sanitarios), resulta que la estrategia trazada por Martín Guzmán tuvo notorios avances. Logros que pese a ser reales, se perdieron en el pantano de la pálida imagen del gobierno, de sus miserias internas, los yerros recurrentes, y la dilatación de ciertas decisiones sensibles.

Recapitulando los hitos de la gestión económica, resulta que durante el primer año y mientras arreciaba lo más crudo de la pandemia, se alcanzó un acuerdo con los bonistas privados que tuvo una aceptación del 99%. Durante el segundo año, el crecimiento económico compensó por completo la caída resultante de las fuertes restricciones a la actividad económica impuestas en 2020. E iniciando el tercer año, restan días para la firma del acuerdo con el Fondo. Queda aún pendiente la recuperación del salario real. Si bien el promedio de los salarios registrados creció marginalmente por encima de los precios en 2021, lejos están los haberes de los trabajadores de recuperar el recorte real de entre 20% y 30% (dependiendo el sector) que sufrieran entre 2017 y 2019.

Cualquier ejecutivo privado estaría satisfecho de alcanzar a mitad de su mandato tres de los cuatro objetivos trazados al inicio de su gestión. Naturalmente, la dinámica de un país está lejos de ser la de una empresa. La macroeconomía está íntima y directamente ligada a la política, en una sinergia que para muchos sigue siendo inexpugnable.

El principal mal que padece el gobierno no son los resultados, sino el hecho de que son pocos los que “le creen”. Ni siquiera en las propias filas de la coalición oficialista, el gobierno encuentra un soporte adecuado de confianza.

Ante ese panorama, el gobierno empieza a padecer lo que en economía se conoce como el “dilema de la manta corta”. El mismo indica que es imposible alcanzar de forma satisfactoria y al mismo tiempo, dos o más objetivos de política económica.

Los números del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicados por Indec esta semana, confirmaron que el crecimiento registrado el año pasado fue fuerte, no solo comparado con una base de cálculo baja en 2020, sino con los años de pre pandemia.
Como contrapartida, la batería de medidas que impone el organismo como condición para el acuerdo, garantizan que el impulso alcanzado en 2021 se ralentizará abruptamente este año.

Desde fines del año pasado, todas las estimaciones públicas y privadas daban cuenta de una fuerte recuperación del nivel de actividad, con un crecimiento acumulado cercano al 10%.
Esta semana, las previsiones fueron confirmadas por la estadística. El crecimiento acumulado en los 12 meses de 2021 registrado por el EMAE llegó al 10,3%.

Significa que la economía recuperó en apenas un año la caída generada por las cuarentenas estrictas aplicadas en 2020. Cualquier policy maker del mundo hubiese firmado a ojos cerrados un resultado semejante a fines del primer año de pandemia.

No solo ello, de los catorce rubros que releva el EMAE, solo uno muestra una caída en 2021 respecto al 2020. Además, si se analiza la lista en detalle resulta que diez de los catorce sectores no solo presentan una mejora en relación al 2020 cuando la economía estuvo virtualmente paralizada, sino que registran crecimiento respecto a 2018 y 2019, previo a la llegada de la pandemia, años en que se desató la crisis de balanza de pagos durante el macrismo.

Un dato significativo es la performance en tres sectores simbólicos: industria, construcción y comercio. Entre los tres, agrupan el grueso del empleo registrado a lo largo y a lo ancho del país. La industria avanzó un 9,9% en relación a 2020, pero también lo hizo un 15,3% respecto a 2019 y un 16,5% en relación a 2018. La construcción creció el año pasado un 4,4%, pero a la vez avanzó un 17,3% en relación a 2019 y un 13% respecto al 2018. El comercio en tanto, avanzó un 5,6% comparado con 2020, un 13,8% en relación a 2019 y un 14% respecto a 2018.

Los datos no hacen más que arrojar una certeza: la economía real ya se mueve hace tiempo al ritmo de la pre pandemia, y en algunos casos al de la pre crisis.

La inminencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional abre un escenario diferente de cara a la forma en que se tomarán las decisiones de política económica en los próximos años.
El rol del organismo difícilmente sea el de un veedor neutral que se conforma con inspecciones periódicas respecto a los avances del programa. No es la forma en que se ha manejado el Fondo a lo largo de su historia en los países a los que asiste.

Por el contrario, la injerencia del organismo crecerá, y comenzarán a ponerse en debate medidas que lejos están de inscribirse en el manual de operaciones de un gobierno peronista, mucho menos en el de uno kirchnerista.

En lo inmediato hay dos medidas que ya están en marcha, aunque aún se desconoce la profundidad con la que serán aplicadas. Una es la revisión de subsidios a la energía que traerá aparejado un aumento de tarifas en todo el país. La otra es la suba de las tasas de interés de referencia, hasta lograr que las mismas sean positivas en términos reales. Tampoco se conoce que tan positivas en términos reales.

En ambos casos, la implementación supone aplicar un freno drástico al impulso que revelaba la economía real a fines del año pasado.

El incremento del costo de la energía no solo deprime el ingreso real disponible de las familias, postergando aún más la recuperación del salario real y aletargando el consumo, sino que también se traslada al costo de toda la cadena de producción y más tarde a las góndolas, estableciendo un piso que será alto desde el vamos para la inflación de 2022.

Las tasas reales positivas, debieran servir en teoría para hacer atractivos los instrumentos financieros en pesos y quitar presión sobre el tipo de cambio, permitiendo lentamente recomponer las Reservas del banco Central. Empero la suba de tasas encarece el crédito, sea para inversión o para consumo, y garantiza que los planes de expansión de quienes arriesgan capital de trabajo, se postergarán en el tiempo, ralentizando el impulso que mostraba la economía en 2021.

El dilema que comenzará a acechar a la gestión Fernández, es la odiosa situación de tener que escoger entre sostener la dinámica de crecimiento que mostró la economía en los últimos meses, o cumplir con la receta que impondrá el organismo como condición para la firma del acuerdo.

Se lo nota incómodo al Presidente con la disyuntiva. Más por voluntarismo que por convicción, repite una y otra vez que el acuerdo con el FMI no será a costa de un ajuste sobre la economía de los argentinos. Sabe que no tendrá demasiadas chances de cumplir la consigna, pero prefiere seguir declamando lo que haría si no tuviese las manos atadas por la inminencia de un mega vencimiento.

La última demostración de ello sucedió esta semana. Los técnicos que trabajan en la elaboración de la letra chica, indicaron que el aumento de tarifas de este año debiera ser de al menos el 60% y sin discriminar por tipo de usuario. Según los analistas del Fondo, sería la única forma en que se podría alcanzar este año el 2,5% de déficit fiscal primario establecido por Guzmán.

El mandatario se negó rotundamente a avanzar en ese sendero. No está dispuesto a correrse del 20% de corrección tarifaria, y del esquema de segmentación sobre los usuarios de mayor poder adquisitivo. Sabe el Presidente que en ese ítem hay una doble señal: marcar la cancha de la gobernabilidad al organismo por un lado, y enviar un guiño al ala kirchnerista justo cuando inicia el debate legislativo y comienza a ser crucial la posición que tomen Máximo Kirchner con sus 20 diputados y Cristina Fernández al frente de la Cámara de Senadores.

Se especula con que la letra chica del acuerdo que será puesta a debate en ambas cámaras, no se conocerá antes del próximo martes cuando el Presidente dará su discurso de apertura a la Asamblea Legislativa.

Los plazos apremian. El día 22 de marzo Argentina debe cancelar al Fondo un pago por u$s 2.800 millones. Antes de esa fecha, ambas cámaras del Congreso de la Nación deben dar el visto bueno al acuerdo. Una vez aprobado en el Poder Legislativo, el board del organismo debe emitir su aprobación. Si todo ello sucede sin sobresaltos ni inconvenientes, el organismo girará al país el dinero necesario para hacer el pago, más un desembolso extraordinario que se estima sería de al menos u$s 4.000 millones.

Está a la vista que el margen de maniobra comenzará a ser muy estrecho para quien gobierne en Argentina. La definición es inequívoca: Argentina deberá cumplir de ahora en más las exigencias del Fondo, aún si ello pone severos límites al crecimiento de la economía y vuelve a postergar la recuperación del salario.