La «inflación de los pobres» y el giro en el enfoque del gasto social

Con la mesa política del Frente de Todos acaparando todas las miradas y el telón de fondo de los duros datos oficiales de inflación, un sutil hilo conductor atraviesa las últimas decisiones de política económica y social del gobierno nacional.

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«Lo esencial es invisible a los ojos» expresó alguna vez Antoine de Saint-Exupéry en boca de su personaje más entrañable, «El Principito». Las decisiones de política rara vez son inocentes, y guardan en general una estrecha relación con la intención o los fines de quien ocasionalmente gestiona el poder. Basta simplemente con quitar los ojos de las medidas puntuales, y elevar la vista para observar el conjunto.

En este sentido, hay tres datos de esta semana que permiten advertir cierto giro discursivo de cara a un año que estará signado por el debate público de cara a las elecciones presidenciales.

El primer dato saliente es la determinación de avanzar en la baja de los planes «Potenciar Trabajo» para los 100.000 beneficiarios que no validaron su identidad en tiempo y forma, según los plazos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social. La decisión no tardó en generar un acalorado ida y vuelta entre la ministra Victoria Tolosa Paz y el sector piquetero que lidera el combativo Eduardo Beliboni.

Las razones que esgrime Tolosa Paz son lógicas y cuesta encontrar resquicios para el cuestionamiento: el Estado no puede y no debe destinar recursos para prestar asistencia a personas que no logran validar su identidad. La ministra sugirió incluso que «no se sabe donde están los 100.000 beneficiarios que no completaron el trámite» y los invitó a acercarse de forma presencial al ministerio.

Lo que llama la atención es la escalada discursiva. “El piquete y la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo”, sentenció la ministra. “Llevar a pibes y pibas, nenes de cuatro años y bebés con su mamá al acampe en la 9 de julio tampoco lo es”, agregó.

Tales declaraciones son mucho más que una controversia en torno a la baja de 100.000 planes. Lucen en cambio como una virtual ruptura del gobierno con un sector que supo dar soporte político al «albertismo» y formó parte del gabinete social durante el tiempo en que los dirigentes Fernando «Chino» Navarro y Emilio Pérsico formaron parte de la estructura del ministerio de Desarrollo Social. El meta mensaje escondido en las declaraciones de Tolosa Paz es que el gobierno ha decidido cerrar el grifo del gasto social a los movimientos sociales.

El segundo dato saliente de la semana son los datos oficiales referidos a la Canasta Básica publicados el jueves por el INDEC. En base a ellos resulta que una familia de cuatro integrantes necesitó en enero $163.539 para no caer en la pobreza y $72.043 para no caer en la indigencia.

Lo más grave sin embargo es que la valoración de la Canasta Básica se incrementó un 7,2% mensual en enero y subió un 108% en los últimos doce meses. El dato contrasta con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del propio INDEC, que señaló esta misma semana un incremento del 6% mensual en enero y un acumulado anual del 98,8%. En pocas palabras, la inflación de los pobres, esa que afecta a los más postergados, viaja un 10% más rápido que el promedio de los precios minoristas.

No hace falta ser especialista para advertir que con salarios registrados creciendo al 95% anual y salarios informales haciéndolo al 60% anual, está en marcha un proceso de incremento de la pobreza que se verá reflejado en los indicadores a publicarse en el segundo trimestre de 2023, justo en la previa de las elecciones PASO.

El tercer ítem es el anuncio realizado en la tarde del jueves respecto a la ampliación de las Asignaciones Familiares. El nuevo tope que habilita a los trabajadores registrados a percibir el beneficio pasa de de $158.000 a $404.000, e implica la incorporación al sistema de cobertura de más de 600.000 nuevos trabajadoras y trabajadores, y de más de 900.000 niños y niñas.

Durante el anuncio en el que participó el ministro de economía Sergio Massa y la titular de ANSES Fernanda Raverta, se adelantó además que el nuevo tope equipara al valor actual de mínimo no imponible de Impuesto a las Ganancias, y que dicho tope se actualizará de forma automática cada vez que se actualice el piso de Ganancias.

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Al observar las declaraciones, datos y anuncios en su conjunto, se advierte un nuevo matiz en el enfoque de la política de gasto y cobertura social del gobierno. Al final de la semana la secuencia es elocuente: se recorta el gasto para los movimientos sociales y se amplían las partidas destinados a la cobertura social del trabajo registrado.

En términos económicos el criterio luce lógico. Se trata por un lado de emprolijar el gasto social y por el otro de fortalecer la cobertura sobre el sector registrado. Es insoslayable advertir la injerencia del Fondo Monetario Internacional en cuanto a la revisión de las partidas del gasto social y su direccionamiento. Y Sergio Massa ha resultado ser un buen gestor de las metas del acuerdo rubricado hace un año.

En términos políticos, la novedad es más que evidente. El gobierno parece haber soltado la mano de una de sus patas de apoyo político más fuertes, los movimientos sociales, y se encamina en cambio a abrazar una agenda que pertenece desde hace tiempo a la oposición, pero que puede quizá generar mejores resultados electorales en la capa de votantes medios.

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