La inflación de enero, el fracaso de Precios Justos y la barrera simbólica del 100%

Los datos oficiales referidos a la inflación de enero confirmaron los peores pronósticos: el primer mes del año registró un 6% mensual, y colocó el acumulado anual en 98,8%. Se trata de un fuerte revés para la estrategia de acuerdos sectoriales con la que Sergio Massa pretendía ponerle límite al avance de los precios minoristas en el primer trimestre de 2023.

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La estadística publicada en la jornada de ayer por el INDEC confirmó el peor de los escenarios: lejos de aminorar su marcha, los precios aceleran al inicio del año. En efecto, distintas mediciones privadas ya anticipaban a principios de febrero que el dato de enero sería cercano al 6%.

El golpe es fuerte e inesperado, y permite abordar un abanico de conclusiones tanto para lo inmediato, como de cara al mediano plazo. El año estará signado por la carrera electoral y el debate político, y la economía es el principal catalizador de los discursos que apelan al votante medio, que desde hace al menos cinco años ajusta el cinturón.

Lo primero que queda a la vista es el rotundo fracaso del programa Precios Justos. El plan se proponía generar un amplio acuerdo de precios que abarque al grueso de la canasta de consumo de los argentinos, incluyendo rubros como combustible, alimentos y educación.

El objetivo que el gobierno pregonó en el lanzamiento del programa en diciembre, era lograr una inflación del 4% en enero, febrero y marzo, y encauzar la inflación anual rumbo al 60% establecido en el Presupuesto de 2023. La dinámica que mostraron los precios en enero hizo naufragar la meta casi antes de empezar.

El Ministro Sergio Massa dejó entrever la decepción que generó la estadística de precios dada a conocer por el INDEC. Fue el lunes cuando anunció el acuerdo para contener los aumentos en el precio de la carne. Allí refirió a la «frustración» y la «bronca» respecto a los datos de inflación. «Más allá de la bronca que nos puede dar, es un desafío que nos obliga, que nos impone la necesidad de seguir tomando medidas, desde la micro, como es la carne, hasta la macro», advirtió Massa. Fue un anticipo de que el dato de enero no era el esperado.

Un aspecto no menor e igualmente llamativo, es que la inflación de enero estuvo en gran parte motorizada por los aumentos en los precios «regulados», como los del transporte, la energía o los servicios de comunicación. Se trata de precios para los cuales el gobierno no debiera necesitar más acuerdo que la simple decisión política de morigerar las autorizaciones para los aumentos.

No obstante, y más allá del dato que marca la coyuntura, lo que queda a la vista es la impotencia de los acuerdos de precio para contener una inflación que luce desbocada. Desde hace tiempo quienes gestionan la política económica tienen claro que la inflación es un fenómeno multicausal, que difícilmente pueda ser abordado desde una sola de las aristas que influyen en la formación de precios.

Sin embargo, cuando la velocidad que exhiben los precios es semejante, la indexación es corriente y habitual, y las expectativas están formateadas al 100% anual, los acuerdos sectoriales lucen rústicos, incluso inocentes, si la intención es encontrar una solución definitiva y estructural.

Los especialistas definen un «deja vu» como la «sensación de haber pasado con anterioridad por una situación similar a la que se atraviesa en el presente». Es exactamente ello lo que sucede con Precios Justos. Fue hace apenas 15 meses cuando a fines de 2021 el ex Secretario de Comercio Roberto Felletti intentó establecer una política de acuerdos de precio.

Lo hizo con menos pompa y menos apoyos políticos y empresarios que el actual Ministro de Economía, y cargando con el sayo de su pertenencia kirchnerista, algo de lo que Massa se ha despojado hace tiempo. Los resultados fueron los mismos, solo que en aquel entonces la inflación mensual promediaba el 4%, y hoy se ubica en una media del 6%.

El Secretario de Comercio Matías Tombolini lo admitió en su visita a la comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, donde protagonizó un acalorado intercambio con legisladores opositores, algunos de ellos también economistas como Martín Tetaz. «Los programas de precios son una herramienta dentro de un conjunto de herramientas que tienen como objetivo tratar de atender le problema más importante que tiene la Argentina, que es la inflación», afirmó Tombolini.

Lo que no queda claro en la estrategia de Sergio Massa y su equipo, es cuáles son esas otras herramientas a las que refiere Tombolini. Si en verdad tales herramientas o tal programa macroeconómico existe, la gestión de Alberto Fernández vuelve a tropezar a la hora de comunicar ese plan de manera integral. Hasta el momento, los anuncios han sido grandilocuentes al momento de comunicar los diferentes acuerdos de precio, y poco se sabe respecto al resto de la estrategia para contener la inflación.

Con ese marco, llama la atención la insistencia explícita en relación a la meta del 60% de inflación anual para 2023. El encargado de sostener la pauta fue el Vice Ministro de Economía Grabriel Rubinstein. «Seguimos trabajando desde la macroeconomía y desde la microeconomía, para que en los meses venideros se registren bajas significativas en las tasas de inflación, y esperamos que, hacia fines de año, las tasas mensuales se acerquen al 3%, y la tasa de inflación en el año pueda rondar el 60% presupuestado», manifestó Rubinstein.

Osado si se tiene en cuenta que el dato de enero deja el acumulado anual al borde de la barrera simbólica del 100% anual. Un rubicón que Massa se esforzó a toda costa por no cruzar al cierre de 2022, pero que parece inevitable en 2023. De hecho, podría suceder en el presente mes de febrero si el dato oficial del segundo mes del año es superior al 5,3%.