Estatales: más despidos, descuentos, sanciones y traslados sin consulta previa, los cambios de Milei
Mientras que el DNU ya está vigente, al menos hasta que pase por el Congreso, la ley ómnibus que impulsa el presidente prevé medidas que dejan entrever que se esperan más despidos.
A la no renovación de contratos estatales se le sumarían más despidos por la reorganización del Estado y la venta de empresas estatales. (Gentileza)
Mientras el mega DNU de Javier Milei entró en vigencia el viernes 29, aunque aún puede ser revertido por el Congreso, las normativas que se enumeran en el proyecto de ley ómnibus no son aplicables aún, pero permiten ver las reformas en las que el Gobierno nacional insistirá. Entre los complejos 664 artículos, divididos en distintos aspectos, se pueden extraer importantes cambios para los trabajadores estatales.
El martes 26 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial el decreto 84/2023. Es el que determina que no se renovarán, a los trabajadores, los contratos iniciados desde el 1 de enero y que tuvieran vencimiento el 31 de diciembre.
Se puntualizaron excepciones:
a. Las derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales;
b. Personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación;
c. Personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento.
Más despidos de estatales: los capacitarán para que sean emprendedores
Se calcula que la decisión de no renovar contratos engloba a unos 7 mil estatales, aunque en las redes sociales ya se comenzaron a difundir experiencias de otros trabajadores que afirman haber sido considerados indispensables por los titulares de sus áreas, pero no les renovaron los contratos, por lo que la cifra podría ser mayor.
Ante esta decisión que ya se aplica, hay otras medidas que Milei pretende aplicar a los estatales, que incrementarían la cifra de desempleados.
Una está directamente vinculada a la reorganización de las áreas del Estado, el ajuste de personal y la perspectiva de venta de las empresas estatales.
Se trata del «Fondo de reconversión laboral», una medida de los ’90, destinada a capacitar a los estatales que se queden sin trabajo por las medidas de Milei.
Apunta al «autoempleo», o sea emprendimientos personales, y asociaciones también por cuenta propia.
Además de la capacitación, quienes queden sin puesto por los cambios, podrían terminar obligados a trabajar en servicios tercerizados del Estado.
Este Fondo no tiene un valor asignado por trabajador, sino que se calcularía de acuerdo a los criterios que el Gobierno considere, como antigüedad y tarea desempeñada.
Además, tiene un plazo de 12 meses. Los trabajadores que no ingresen a otra área del Estado, quedarán formalmente despedidos después de ese año.
Descuentos a estatales, según la ley ómnibus de Milei
Previendo el descontento que las medidas que el Gobierno viene aplicando y pretende aplicar, en el proyecto de ley ómnibus se agregó un descuento por días de protesta, aunque este sea un derecho constitucional.
«Será obligatorio el descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado haya decidido hacer uso de su derecho de huelga«, dice el artículo 617 del proyecto. Esta sería la aclaración que Milei pretende agregar a la ley 24.185 de Convenciones Colectivas de Trabajo.
Cambios de Milei: traslado sin consulta y sanciones
El proyecto de ley ómnibus también suma sanciones para los estatales.
Se podrá apercibir o suspender hasta 30 días por inasistencias injustificadas. Un estatal será sancionado si suma cinco, en días discontinuos, en el lapso de 12 meses inmediatos anteriores y siempre que no configuren abandono de tareas.
También será sancionado ante incumplimiento reiterado del horario establecido o de sus deberes.
Otra de las incorporaciones es la posibilidad de traslado sin consulta previa.
El artículo 607 del proyecto, ordena sustituir el artículo 15 de la ley 25.164, de regulación del empleo público nacional, por el siguiente:
«ARTÍCULO 15.- Los agentes serán destinados a las tareas propias de la categoría o nivel que hayan alcanzado y al desarrollo de tareas complementarias o instrumentales, para la consecución de los objetivos del trabajo. Pueden ser destinados por decisión fundada de sus superiores a desarrollar transitoriamente tareas específicas del nivel superior percibiendo la diferencia de haberes del personal de una dependencia a otra dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, es una atribución del empleador pero estará sujeta a la regulación que se establezca en los convenios colectivos celebrados en el marco de la Ley N° 24.185.
El Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con los otros poderes del Estado, Provincias y Municipios, que posibiliten la movilidad interjurisdiccional de los agentes, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley. La movilidad del personal que se instrumente a través de la adscripción de su respectivo ámbito a otro poder del Estado nacional, Estados provinciales y/o Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires no podrá exceder los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos salvo excepción fundada en requerimientos extraordinarios de servicios y estará sujeta a las reglamentaciones que dicten en sus respectivas jurisdicciones los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.»
Qué modificaciones y proyectos presentó Milei
El presidente Javier Milei presentó una serie de medidas, entre decretos y proyecto de ley, con los aspectos que marcan su Gobierno. Todas apuntan a desregular, privatizar empresas, eliminar controles, concentrar funciones en el Ejecutivo, flexibilizar los derechos laborales y limitar la posibilidad de protesta.
El primero en salir fue el ministro de Economía, Luis Caputo, con un video grabado en el que anunció la devaluación, llevando el dólar oficial a $800. También se refirió, entre los aspectos más importantes, al freno de la obra pública y de los envíos de fondos a las provincias, la reducción de los subsidios al transporte y la energía, y la no renovación de los contratos estatales del último año.
Lo siguió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que el jueves 14 de diciembre lanzó el protocolo antipiquetes. «Las cuatro fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)-, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales», explicó en ese momento la funcionaria.
Luego llegó el mega DNU con desregulación de la economía, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, la derogación de la ley de alquileres, la eliminación de las restricciones de precios a las prepagas y más medidas sobre los derechos de los trabajadores como parte de la reforma laboral, por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba (permite el despido sin indemnización) de tres a ocho meses.
El siguiente paso del presidente fue un nuevo decreto, con el llamado al Congreso a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero. En el temario no incluyó el mega DNU, pero sí el cobro del impuesto a las Ganancias, además de acuerdos de eliminación de la doble imposición, que habilita a empresas con sedes en otros países a no pagar tributos en Argentina.
El accionar más reciente del Gobierno fue el envío de un proyecto de ley ómnibus al Congreso, con 664 artículos. Este habilita a Milei a concentrar en el Ejecutivo facultades legislativas a través de la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025. Entre otros aspectos centrales, suspende la suba de jubilaciones a través de la ley de movilidad y los nuevos incrementos serán decisión del Ejecutivo. También privatiza todas las empresas públicas y establece un régimen de blanqueo de capitales. Tanto la presentación del DNU como del proyecto de ley ómnibus despertó un amplio rechazo social, con cacerolazos espontáneos y protestas de organizaciones sindicales y sociales.
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