Empresas que Milei quiere privatizar: el fuerte cambio que sería para Neuquén y Río Negro
La propuesta de Milei de privatizar 41 empresas estatales, incluyendo YPF y otras compañías de gestión pública, genera incertidumbre en Neuquén y Río Negro. Cómo sería el impacto en la región.
Javier Milei presentó el paquete normativo que impulsa la privatización de empresas estatales, y generó debates sobre el futuro económico de Argentina. Foto Archivo.
En un paso hacia la desregulación en el nuevo programa económico, Javier Milei presentó ante el Parlamento el proyecto que podría cambiar radicalmente el panorama de las empresas estatales del país. Entre las propuestas más controvertidas se encuentra la privatización de 41 empresas estatales, incluyendo siete que operan en las provincias de Neuquén y Río Negro.
En un intento por transformar la economía, el presidente propuso la privatización de empresas estatales, reviviendo un debate marcado por la experiencia de los años 90. Por lo que, laprivatización, un proceso que ya dejó huellas en el país, podría repetir su historia.
El paquete normativo, tan anticipado durante la campaña de Milei, busca «reducir la presencia del Estado en la economía» y otorgar al sector privado un papel protagonista. Este enfoque, impulsado por la nueva gestión como «búsqueda de eficiencia, la disminución de la deuda pública y la atracción de inversiones extranjeras», planteó debates y discusiones que elevan el tono en el arco político y legislativo de la región.
Entre las empresas en la mira para la privatización se encuentran varias compañías que operan en la región, como: Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos S.E., Intercargo S.A.U., Radio y Televisión Argentina S.E. e YPF. El impacto de esta medida en Neuquén y Río Negro podría ser particularmente profundo.
Milei impulsa la privatización de 41 empresas estatales: ¿Qué impacto tendría en Neuquén y Río Negro?
La privatización, en el contexto económico actual, podría remodelar la dinámica empresarial y económica de las provincias. Aunque, desde el gobierno se argumenta que «la participación del sector privado puede mejorar la eficiencia y atraer inversiones», hay preocupaciones en torno a las consecuencias negativas que podría generar al dejar garantizar prestaciones, atenciones o servicios.
La privatización implicaría transferir la propiedad de servicios o empresas estatales a empresarios, sean nacionales o extranjeros. Esta estrategia, aplicada a servicios públicos, trenes, líneas aéreas, entre otros, podría convertirlos en negocios basados en la «rentabilidad», priorizando beneficios económicos por sobre el bienestar social.
El último antecedente se vio en la década de 1990, cuando el expresidente Carlos Menem impulsó una ola de privatizaciones en Argentina, abarcando desde el petróleo hasta el sistema de jubilaciones. Aunque la intención era mejorar eficiencia y reducir deudas, los resultados fueron negativos y recalaron fuertemente en la sociedad.
En este contexto y en términos de consecuencias negativas, se teme que -por ejemplo- la privatización de YPF pueda llevar a un aumento de precios en productos y servicios energéticos. Además, la pérdida de control estatal podría poner en riesgo la seguridad energética del país, mientras que la concentración de la riqueza entre inversores privados podría exacerbar las desigualdades.
Otro de los aspectos a tener en cuenta, en base a las experiencias transitadas en los 90′, fue la ola de privatizaciones que dejó miles de despidos, con trabajadores que inicialmente recibieron indemnizaciones pero luego enfrentaron desempleo y precarización.
Por otro lado, expertos coinciden en que la privatización es un proceso complejo que requiere un enfoque cuidadoso. La transparencia en los procesos de venta o concesión, así como la protección de los intereses públicos, son cruciales.
Privatizaciones sin INVAP en la lista: Weretilneck descartó la idea de Milei y aseguró que defenderá la industria en Río Negro
El anuncio del presidente Javier Milei sobre desregulación económica y posible privatización de empresas públicas generó inquietud a nivel provincial, centrando la atención en INVAP, la empresa estatal de tecnología. Sin embargo, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, salió al paso para tranquilizar a empleados y ciudadanos.
Ante la preocupación, emitió un mensaje a través de redes sociales para informar que el paquete accionario de la empresa se encuentra a nombre de la Provincia de Río Negro. Aseguró que cualquier cambio en el estatuto de INVAP requerirá la aprobación de la provincia.
Además, Weretilneck aseguró que la provincia no permitirá ni llevará a cabo modificaciones en el estatuto societario ni en la estructura organizativa actual de INVAP. Destacó el compromiso del gobierno provincial con la empresa y sus empleados, asegurando que continuarán trabajando de la misma manera que en los últimos años.
Con información de Noticias Argentinas y Clarín
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