El FMI aprobó las metas de 2022 y se libera el desembolso de u$s 5.200 millones
El staff técnico del organismo dio el visto bueno al desempeño de la economía nacional en el último trimestre del año pasado y se liberan los fondos antes del vencimiento de marzo. Massa logró el visto bueno a la moratoria previsional y resta conocer la nueva meta de acumulación de reservas.
Las negociaciones entre los funcionarios del equipo económico argentino y el staff técnico del Fondo tuvieron lugar a lo largo del fin de semana en una serie de reuniones virtuales en las que se terminó de definir la aprobación a las metas del tercer trimestre de 2022 y se destrabó el desembolso de u$s 5.200 millones correspondiente al mes de marzo.
Se espera que en horas de la mañana el organismo haga oficial el parte de prensa en donde hará público el visto bueno al desempeño de 2022 y dará a conocer las nuevas metas monetarias y de reservas acordadas con el gobierno argentino.
El marco en el que se da la revisión de metas es delicado para la economía nacional. En vísperas de conocer el dato de inflación de febrero, la certeza es que los precios minoristas no detienen su marcha y avanzan a un ritmo del 100% anual.
A ello hay que agregar la sequía más importante en seis décadas, que según estiman los especialistas reportará una pérdida de entre u$s 15.000 y 20.000 millones este año, y el efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre el precio de la energía, que en 2022 significó erogaciones extra por u$s 5.000 millones.
Luego de transitar un total de 140 horas de reuniones entre el equipo económico argentino y el staff técnico, el Fondo decidió tomar en cuenta los argumentos del gobierno argentino, y considerar la solicitud de revisar algunas de las metas establecidas para 2023 en el acuerdo firmado hace exactamente un año.
El entendimiento que logró el fin de semana el equipo que conduce Sergio Massa supone que el FMI anunciará una flexibilización de la meta de reservas para 2023 y dará oxígeno a la gestión económica.
La principal es la relacionada a la acumulación de reservas en el Banco Central. El acuerdo original establecía que Argentina debía reunir u$s 4.800 millones en el primer trimestre de 2023. Los números en lo que va del año muestran que la entidad monetaria está lejos de alcanzar el objetivo. La sequía implicó una fuerte caída en la liquidación de exportaciones sojeras, y el Banco Central ha perdido u$s 1.400 millones de reservas solo en enero y febrero.
El entendimiento que logró el fin de semana el equipo que conduce Sergio Massa supone que el FMI anunciará una flexibilización de la meta de reservas para 2023 y dará oxígeno a la gestión económica que debe atravesar un complejo año político, con elecciones presidenciales de por medio.
El otro «logro» que se apunta Sergio Massa es haber logrado el guiño del organismo para la moratoria previsional aprobada y convertida en ley hace 15 días en Diputados. No es punto menor, ni en cuanto a la relación con el Fondo, ni en cuanto a la disputa interna del oficialismo.
En épocas en que el Ministerio de Economía y la relación con el FMI estaba a cargo de Martín Guzmán, el gobierno argentino había comprometido con el organismo que no habría una nueva ronda de moratorias previsionales. El mandatario pretendía cumplir con ese compromiso y si bien se mantuvo al margen de la discusión legislativa, en el kirchnerismo entienden que hasta el día de hoy Alberto Fernández «tiene pisada» la reglamentación de la nueva moratoria.
La jugada de Massa es a dos puntas. Por un lado logra torcerle el brazo al FMI en un punto sensible para casi un millón de nuevos potenciales beneficiarios. Por el otro se adjudica un gesto directo hacia el ala dura del Frente de Todos, y afianza su figura como «plan B» en caso de que Cristina confirme su decisión de no jugar en la elección presidencial.
Naturalmente, el consentimiento del Fondo en relación a la meta de reservas y a la nueva moratoria tiene su contraparte del lado argentino en cuanto a los compromisos que deberán asumirse en 2023. Según trascendidos, el staff técnico habría puesto el foco en los subsidios energéticos y en la necesidad de lograr que los sectores de mayores ingresos afronten el costo pleno de las tarifas energéticas.
En 2021 el gobierno argentino había destinado u$s 12.000 millones a los subsidios energéticos, lo que equivale al 2,5% del PBI. En 2022 y a raíz del incremento de los costos globales de la energía por la guerra, los subsidios representaron el 2,8% del PBI. El ministro Sergio Massa se comprometió a avanzar en esa revisión a lo largo del primer semestre del año.
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