Derecho o mercancía, el verdadero debate detrás del presupuesto educativo
La motosierra del ajuste ha pasado por innumerables aspectos de la vida en sociedad, pero sólo el recorte sobre la educación ha despertado una fuerte resistencia. La discusión de fondo es si la educación es inherente al ser humano o un mero producto sumido al sistema de precios del mercado.
En los diez meses de gestión libertaria, el recorte del gasto alcanzó a las jubilaciones, la cobertura de medicamentos esenciales para adultos mayores, la salud en general, las partidas sociales, la asistencia con alimentos a los más necesitados, las transferencias directas e indirectas a las provincias, o las empresas del Estado. La resistencia fue prácticamente nula.
En definitiva, muchos entienden que “para eso” fue elegido Javier Milei, cuya campaña proselitista tuvo como principal bandera “el ajuste”. Tal fue la principal herramienta de seducción a miles y millones de personas, hastiadas de “la vieja política” y hambrientos por un cambio extremo en el statu quo.
La educación sin embargo, parece ser una excepción.
El mensaje de la segunda marcha federal universitaria fue contundente. Por segunda vez en poco más de seis meses, miles de personas se manifestaron a lo largo y a lo ancho del país en contra del recorte al presupuesto universitario, trazando un límite al ajuste que no se advierte en la mayoría de las otras áreas o sectores alcanzados por la “motosierra”.
Contemplando ese único límite que la sociedad parece señalarle con claridad al gobierno en materia de recorte presupuestario, la decisión del gobierno de avanzar en el veto a la Ley de Financiamiento Universitario debiera ser analizada dentro de un contexto mayor. Lejos de ser una determinación aislada, el avance contra el presupuesto universitario es apenas una parte de la política presupuestaria educativa en su conjunto, en el gobierno libertario.
La educación es el único punto del ajuste de Javier Milei, que ha generado una enorme resistencia social. Es el mensaje que emerge de la marcha federal universitaria.
En efecto el Presupuesto 2025, avanza en un fuerte recorte a las partidas destinadas a la educación. El artículo 27 del proyecto de ley presentado por el presidente en el Congreso de la Nación suspende “el cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias”. Implica que el requisito establecido por ley de asignar al menos el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al presupuesto del sistema educativo en su totalidad, queda sin efecto.
Con ese telón de fondo, es valioso elevar la mirada por encima de la coyuntura para apreciar lo ocurrido en materia presupuestaria durante los años recientes, y las implicancias inmediatas y sostenidas de una quita de recursos a la más sensible de las inversiones: el capital humano.
Norte presupuestario
La forma en que el Estado destina fondos públicos a la educación, es materia de discusión política y debate parlamentario desde el regreso a la democracia. No obstante, si se ponen en perspectiva los datos de asignación presupuestaria en los últimos 40 años, lo que se aprecia es un sendero de sensible y progresivo incremento en las partidas destinadas a la educación.
En dicho recorrido, existen una serie de hitos que señalaron puntos de inflexión en relación a la asignación de los recursos públicos destinados a la educación.
El primero de ellos fue la Ley de Transferencia de Servicios Educativos (Ley 24.049), que en el año 1992 traspasó la responsabilidad política y financiera de la educación básica al ámbito de las provincias.
El segundo fue la Ley Federal de Educación (Ley 24.195), que terminó de delimitar las competencias en materia educativa de la Nación y las provincias.
El tercero fueron la Ley de Financiamiento Educativo (Ley 26.075) en 2005 y la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206) en 2006, las cuales establecieron la obligatoriedad de la educación formal desde los 4 años de edad, y el piso mínimo del 6% del PBI como asignación presupuestaria a nivel nacional.
Un reciente informe publicado por la fundación Argentinos por la Educación, pone en blanco sobre negro la evolución del presupuesto educativo en las últimas cuatro décadas. El estudio detalla la evolución del gasto público educativo consolidado (Nación + provincias) como porcentaje del PBI, desde el año 1980 hasta el año 2022. Allí se aprecia con claridad el salto presupuestario que generó cada uno de los hitos mencionados previamente.
Hasta el año 1991, previo al traspaso de la competencia educativa a las provincias, el presupuesto educativo consolidado había promediado el 3% del PBI y nunca había superado el 3,6%.
Luego de 1992, se inicia un sendero de crecimiento presupuestario que confluye en 2001, año de la última gran crisis, cuando el presupuesto educativo llegó al 4,7% del PBI.
Tras el impacto de la crisis y la sanción de las leyes que garantizaban el piso mínimo presupuestario en 2005/2006, la asignación de fondos públicos para educación creció hasta promediar 5,5% del PBI entre 2009 y 2017. En ese lapso, la meta del 6% de presupuesto mínimo solo se alcanzó en el año 2015.
Pero hay otras tres conclusiones que derivan de la dinámica presupuestaria para la educación en los últimos 40 años.
La primera es que el recorte del presupuesto educativo está lejos de haber comenzado con la motosierra de Milei. De hecho, el recorte inicia en la mitad de la gestión de Mauricio Macri y se sostiene en toda la gestión de Alberto Fernández. En efecto, la serie de datos revela que entre 2018 y 2022 el presupuesto educativo promedió 5% del PBI, un ratio similar al registrado al cierre del año 2023.
La segunda muestra que 3 de cada 4 pesos que se invierten en educación, no son aportados por la Nación, sino que provienen de las arcas provinciales. Son los estados provinciales los que administran y ejecutan las políticas orientadas a la educación básica (niveles inicial, primario y medio), mientras que los recursos nacionales están principalmente enfocados en la educación superior.
Tal es la importancia que reviste el recorte que la administración Milei pretende aplicar sobre el presupuesto universitario. Un segundo gráfico que aporta el estudio de Argentinos por la Educación, compara el incremento en el gasto público destinado a educación básica, con el incremento en la matrícula.
En el mismo se advierte que el mayor peso presupuestario (en especial luego de 2005/2006) recae sobre las provincias, frente a un crecimiento vegetativo y constante en la cantidad de alumnos. De allí se infiere que las provincias en su conjunto han incrementado notablemente el presupuesto educativo “por alumno” en los últimos 20 años.
La tercera, consiste en que el 6% del PBI que la ley establece como piso para los recursos públicos destinados a educación, es apenas un “norte presupuestario”. Una meta que muchas veces no se alcanza, pero no por ello se abandona. En definitiva, se trata de un objetivo ideal que debe orientar y regir las decisiones de gestión en todos los estamentos del Estado a fin de garantizar el derecho a la educación. ¿Derecho?
Mercancía o derecho
“La educación es un derecho humano fundamental y una herramienta decisiva para el desarrollo de las personas y las sociedades”, indica una publicación reciente de Unicef, titulada “Invertir en educación”.
“(La educación) Desempeña un papel vital en la creación de capital humano, la ruptura del ciclo de la pobreza, la promoción de la productividad económica y la eliminación de las desigualdades y desigualdades sociales” agrega el escrito, y finaliza advirtiendo que “La inversión en niños, niñas y adolescentes debe ser una piedra angular de las políticas del gobierno nacional, la cooperación para el desarrollo, los marcos globales y las prácticas comerciales responsables”.
“Lo que proponemos, que sería lo lógico, es debatir lo que quieren en el marco que corresponde, que es el de la ley de Presupuesto”.
Ministro de economía, Luis Caputo, en relación al presupuesto universitario.
Se trata de una concepción fundacional: si la educación es un “derecho humano”, es por lo tanto inherente a la existencia misma de las personas, y el rol de los Estados nacionales es simplemente el de “garantizar” ese derecho a todos y cada uno de los habitantes.
Equivale a decir que la educación no puede ser considerada por lo tanto como una mera mercancía sujeta a las reglas de mercado. Ni siquiera como un “servicio esencial” al cual los clientes acceden sometiéndose a la determinación del precio que surge del “libre juego de la oferta y la demanda”.
Esa es la discusión que suponía estar saldada por el plexo normativo argentino, pero resurge en medio del debate por el recorte presupuestario a las universidades. En el fondo, el meta mensaje que se trasluce es que “si alguien puede pagar por la educación, por qué el Estado debiera asignar presupuesto a la educación de ese alguien”.
La educación no debiera considerarse como una mera mercancía sujeta a las reglas de mercado o al sistema de precios que surge del “juego de la oferta y la demanda”.
Ese pareciera ser el relato que intenta instalar la actual gestión del presidente Javier Milei. En definitiva, lo que está en tela de juicio, son cuatro décadas de avance en materia de legislación educativa. Huelga decir que quien puede pagar por su educación, en su gran mayoría “ya lo hace”. Quien ostenta capacidad económica para acceder a la educación privada, elige pagar para obtener un “diferencial de servicio”, más relacionado a la infraestructura, la comodidad o la pertenencia, que con “el acceso” a la educación o la calidad.
Son contados por miles los casos de personas que pudiendo pagar una universidad privada, optan por formarse en la universidad pública, atento el prestigio de las casas de estudio, la especialización de las mismas, o la preeminencia de sus docentes.
La peligrosa traducción pragmática de la premisa que se esconde el discurso oficialista detrás de la renovada discusión por el gasto en educación, es el des financiamiento de todo el sistema educativo, donde los que terminarían sin poder acceder al “derecho a la educación” serían justamente los que no pueden pagar por ese diferencial.
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