Caputo le congela el adelanto de fondos a las universidades públicas
El Gobierno empieza a hacer real su amenaza de desfinanciar a los gobernadores "rebeldes" y a trasladar el costo del retiro del paquete fiscal a organismos y dependencias públicas. La clave es una resolución del BCRA que habilitaba a las entidades del sector público no financiero a solicitar adelantos a fin de pagar sueldos, la cuál no sería prorrogada.
Tras la polémica en torno al dictamen de mayoría y el retiro del capítulo fiscal, todas las luces apuntan esta semana a saber si finalmente dará inicio el tratamiento de la Ley Ómnibus en el recinto de la Cámara de Diputados. Gran parte de la suerte del programa económico de Javier Milei se juega en la posibilidad de que todo el paquete de leyes sea aprobado o rechazado.
Con ese telón de fondo, el gobierno parece decidido a redoblar la apuesta en la tensa relación que mantiene con los gobernadores, especialmente con aquellos que se muestran críticos con distintos aspectos incluidos en el mega proyecto de ley.
En este sentido y en medio de duros cruces discursivos entre el oficialismo y la oposición, la semana pasada trascendió una frase atribuida al presidente Javier Milei, quien en medio de una reunión de gabinete habría dicho: «Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos». La sentencia apuntaba contra los gobernadores que se negaban a «colaborar» con sus legisladores para la firma de un dictamen de mayoría que habilitara el debate en el recinto de Diputados.
Asimismo y previo al anuncio sobre el retiro del capítulo fiscal de la Ley Omnibus, el ministro de economía Luis Caputo había advertido la semana pasada: “El déficit cero no se negocia”. En la misma oportunidad anticipó que “si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”.
«Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos»
Javier Milei
Finalmente, la amenaza parece empezar a cristalizarse esta semana, cuando el principal interrogante sigue siendo si habrá sesión en la cámara baja. Las universidades públicas comenzarán a padecer esta semana el recorte en el envío de fondos, previo al pago de salarios del mes de febrero. Si bien no se trata de un recorte directo a las arcas provinciales, las instituciones educativas se encuentran emplazadas a lo largo y a lo ancho del país, con lo cuál el pago de haberes corre riesgo para miles de trabajadores docentes y no docentes en las provincias.
La noticia tiene origen en una resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de enero de 2023, que vence el próximo miércoles 31 de enero. La «Comunicación ‘A’ 7674» del BCRA habilita a las entidades bancarias a otorgar adelantos transitorios al sector público no financiero con destino «al pago de haberes».
Se trata de una herramienta que utilizan las universidades públicas e incluso algunas administraciones provinciales, para solicitar al Banco Nación los fondos necesarios para pagar los salarios de los trabajadores durante los primeros días de mes, compensando dichos fondos con la entidad bancaria una vez que las partidas correspondientes son giradas por el gobierno nacional en concepto de masa salarial, coparticipación o regalías, según corresponda.
Hasta el momento, el BCRA no ha vuelto a prorrogar la herramienta. Ello significa que de no haber cambios, miles de trabajadores públicos provinciales o de universidades nacionales, podrían ver retrasado el cobro de sus haberes en el mes de febrero.
De concretarse la mora en el pago de haberes, el impacto se trasladaría luego a la cadena de pagos del sector financiero y productivo, con miles de personas que atrasarían el pago de los servicios, los alquileres o la tarjeta de crédito.
Tampoco ha habido palabra oficial alguna de parte de funcionarios del gobierno nacional ni del BCRA respecto a la posibilidad de que el adelanto de fondos deje de estar disponible desde este jueves para las entidades del sector público no financiero. No obstante ello, es inevitable trazar la conexión entre el posible desfinanciamiento y el anuncio del pasado viernes respecto al retiro del capítulo fiscal de la Ley Omnibus. Así lo entienden los actores involucrados.
Universidades públicas, las primeras afectadas
El vencimiento de la normativa que habilita a los bancos para el adelanto de fondos a las entidades del sector público no financiero, comienza a afectar de manera directa a miles de personas. Las universidades públicas fueron las primeras en levantar la voz para advertir a sus trabajadores docentes y no docentes sobre las dificultades para abonar los salarios del mes de febrero.
A lo largo y a lo ancho del país, las instituciones de grado que dependen del estado nacional comenzaron a advertir sobre el potencial riesgo de demora en el pago de haberes, que habitualmente se realiza el primer día hábil del mes gracias al adelanto de fondos que realiza el Banco Nación, hasta tanto el estado nacional gira los fondos correspondientes.
La primera en comunicar las dificultades fue la Universidad Nacional de Rosario. «A partir de una circular del Banco Central de la República Argentina dispuesta por las autoridades nacionales, el Banco de la Nación Argentina informó a nuestra Universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes», inicia el comunicado. Más adelante advierte que «el pago de haberes para agentes que perciben los mismos por Banco Nación, se efectuará en el momento en que la Tesorería de la Nación concrete la correspondiente transferencia».
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) comunicó la noticia con una publicación en su portal web, en el que anticipa que «Aún no hay fecha precisa para el cobro de haberes de la UNSJ», en la que aclara que «Banco Nación no otorgará el adelanto que realiza habitualmente para acreditación de sueldos. Está suspendida la operatoria por disposición del Banco Central».
La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) hizo lo propio en su portal web, en el que explica que «El pasado viernes 26 de enero fuimos notificados por autoridades del Banco de la Nación Argentina (nuestro agente financiero), de la imposibilidad de cumplir con el convenio de pago de haberes que fuera firmado oportunamente, en la cláusula referida al adelanto de nómina salarial sin costo financiero (cláusula VIII del convenio)».
La Universidad Nacional de las Artes (UNA), comunicó en la jornada de hoy acerca de la misma dificultad. «Como consecuencia de la circular del Banco Central de la República Argentina N° A7674, el Banco de la Nación Argentina (BNA) comunicó en el día de hoy, 29 de enero, que el pago de los salarios sólo se podrá hacer efectivo una vez que el Tesoro General de la Nación realice la transferencia de las partidas correspondientes». La Universidad Nacional de de Río Cuarto (UNRC) en tanto, eligió comunicar el problema mediante un mensaje del mismo tenor en redes sociales.
Es de suponer que los fondos correspondientes al pago de haberes del mes de febrero serán girados por el Tesoro Nacional. Ninguno de los anuncios dados a conocer hasta el momento en materia fiscal por el gobierno nacional da cuenta de una suspensión en los pagos o de despidos en las universidades. Sin embargo, el envío de las partidas suele demorarse y los salarios deben abonarse del 1 al 10 de cada mes. Ese es el delay que permitía salvar la herramienta financiera que vence el próximo jueves.
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