Economía y salud en Río Negro

Juan Pablo Bohoslavsky * y Alfredo Calcagno**

A la luz del avance del covid-19 en Río Negro, materializado en el aumento del número de contagios y fallecimientos, y en el estrés extremo en el que se encuentra el sistema de salud, el gobierno provincial decidió implementar una política sanitaria más estricta en el Alto Valle.

Inmediatamente después del anuncio comenzó un juego de presiones por parte de los intereses económicos y políticos afectados por estas medidas. En esta nota intentaremos aportar algunos datos e ideas a fin de contribuir a encontrar el punto de equilibrio en el que se maximiza la cantidad de vidas salvadas mientras se minimiza el daño económico asociado a las cuarentenas.

A falta de vacunas y de un tratamiento efectivo, las únicas medidas eficaces para ralentizar la propagación del virus son las llamadas intervenciones no farmacéuticas. Éstas van desde campañas de concientización sobre la importancia de lavarse las manos, promover el distanciamiento social o usar barbijo, hasta el cierre de fronteras, establecimientos educativos, la prohibición de eventos masivos y la cuarentena. Estas restricciones tienen un costo económico elevado: la limitación de la circulación de bienes y de personas afecta a numerosas actividades económicas, reduciendo la oferta de bienes y servicios.

A su vez, el menor volumen de actividad provoca la caída de los ingresos de lo/as trabajadore/as y de las empresas de dichos sectores. Las economías sufren así un doble shock, del lado de la oferta y del lado de la demanda.  

Ante esta situación, alguno/as actores/as auspician que “salvemos la economía cueste lo que cueste para proteger a la gente”. Por un número de motivos este enfoque centrado en la economía es falaz. Primero, nunca se cerró totalmente la economía: se mantuvo una serie de actividades esenciales para, precisamente, proteger a la gente. Para las personas y las empresas que debían disminuir o cesar sus tareas se extendió una amplia red de apoyo que permitió cubrir las necesidades esenciales, salvar muchos empleos y preparar el crecimiento de pospandemia. Esta respuesta ante la emergencia ha sido ejemplar y da la orientación para, más adelante, seguir avanzando en políticas tributarias y sociales que aseguren que los grupos más afectados y de menores ingresos puedan disfrutar de sus derechos económicos y sociales básicos.

En segundo lugar, priorizar la apertura de negocios e industrias en el entendimiento que sin más comenzará a rodar la economía, más allá de lo que suceda con la curva de contagios, es una proyección que se ha revelado incorrecta. La evidencia señala que, ante el crecimiento del temor por el avance del virus, el comportamiento de lo/as consumidore/as cambia, se vuelve más austero, comprando solo lo esencial y aumentando correlativamente la tasa de ahorro. Asimismo, mientras dure la pandemia, los sectores que dependen del comercio exterior y del turismo seguirán enfrentando dificultades, no solamente por las medidas que puedan tomar las actividades locales, sino por las que adopte el resto del mundo.

En tercer lugar, desde una perspectiva estrictamente consecuencialista ¿de qué manera más personas infectadas y fallecidas podrían contribuir a la economía? Menos fuerza laboral viva, más licencias por enfermedad, más familias con menores ingresos por fallecimientos de alguno/as de sus miembros, nada de ello son buenas noticias para el crecimiento económico.

Y cuarto,  las políticas sanitarias ineficaces prolongan los contagios y el recrudecimiento exponencial  de los brotes, con lo que la precondición de estabilidad para la recuperación también se demorará. Aunque la interdependencia entre salud y economía no es algo nuevo, es necesario recordarlo en el actual contexto: sin controlar la pandemia es imposible pensar en la reactivación económica, tal como lo acaba de demostrar la Cepal en uno de sus últimos informes.

Cuando analizamos lo que ha sucedido en los países que evitaron, demoraron, limitaron o relajaron tempranamente las cuarentenas, no se encuentra que hayan conseguido de ese modo ninguna ventaja económica. El gráfico que acompaña esta nota  presenta, para un grupo heterogéneo de países, el número de muertes por millón de habitantes causadas por el covid-19 y la disminución de su crecimiento económico que puede atribuirse a la pandemia y a las políticas aplicadas para enfrentarla. Para estimar esto último, se consideró la diferencia entre las proyecciones de crecimiento de 2020 más recientes y las elaboradas a principios de año.

La evidencia señala que, ante el crecimiento del temor por el avance del virus, el comportamiento de lo/as consumidore/as se vuelve más austero, comprando lo esencial.

Si hubiera que elegir entre salud y economía, entonces los países con más fallecimientos deberían ser aquellos en donde la economía sufre caídas más moderadas, y viceversa. No es lo que se observa. Niveles similares de contracción económica son compatibles con valores muy diferentes de muertes por millón de habitantes, como muestra la comparación entre Argentina, Brasil y México, o entre Noruega y Suecia. Asimismo, los países que sufrieron menor costo económico (por ejemplo, China y la República de Corea) son también los que han tenido menos muertes que lamentar. Lo mismo puede decirse de Alemania, que logra mucho mejores resultados en ambos frentes que Bélgica, España, Francia, Italia o el Reino Unido.  

En definitiva, salvar vidas no ha implicado una mayor recesión económica que la exhibida por los países que han demostrado desprecio por las políticas sanitarias reconocidamente eficaces. De hecho, los países que han mostrado desdén por las medidas sanitarias tratando de priorizar la economía exhiben peores indicadores de deterioro económico. No poner la salud pública en el centro de los planes de acción gubernamentales no salva a la economía, solo conduce a lo peor de ambos mundos.

* Doctor en derecho. ** Economista.