Echaron al fiscal y suspendieron al juez por el doble femicidio de Las Ovejas

Un año y once meses permaneció Ricardo Videla en el cargo de fiscal de Chos Malal. Ayer el jurado de enjuiciamiento dispuso su inmediata remoción, en un fallo unánime, por su actuación en los hechos previos al doble femicidio de Carina Apablaza y su hija Valentina, de 11 años, cometido por Lorenzo Muñoz en Las Ovejas.

Es la primera vez que se expulsa a un fiscal del poder Judicial, tras la puesta en marcha del Código Procesal Penal, el 14 de enero de 2014, que colocó en cabeza de este ministerio público la investigación penal.

“La señora Carina Apablaza no era abogada, sino una persona víctima de una situación de violencia que la colocaba en alto grado de vulnerabilidad; que concurrió reiteradamente a esa fiscalía en búsqueda de soluciones y que muchas veces se tuvo que ir de allí sin ninguna respuesta, seguramente frustrada e inquieta por la situación de indefensión que acarreaba desprotección efectiva. La aquiescencia –tolerancia o resignación– que pudo haber prestado en esas condiciones no es referencia para eximir de responsabilidad al fiscal”, planteó en su voto el presidente del jurado, Germán Busamia.

Además el cuerpo impuso una sanción para el juez civil Carlos Choco. Lo suspendió de sus funciones por 60 días sin goce de haberes. Entendió que “hubo inconductas de marcada gravedad en la tramitación del legajo de familia”, pero que el magistrado no incurrió en mal desempeño.

Carina denunció el 14 de septiembre de 2017 que Muñoz, su expareja, había abusado sexualmente de Valentina. Choco ordenó medidas de protección para la niña que se hicieron extensiva a la madre. El hombre tenía prohibido acercarse a ambas e intimidarlas. El 24 de octubre desobedeció la restricción, violentó a Carina y la amenazó.

En paralelo se inició una causa penal. El 2 de noviembre la fiscalía le imputó a Muñoz el delito y pidió a la jueza penal la prohibición de acercamiento.

Busamia aseguró que está acreditado que el fiscal no persiguió delitos de acción pública conexos a sus actuaciones. El vocal planteó que Videla “sabía que el delito de desobediencia a una orden judicial se había prima facie configurado conforme a los antecedentes que tuvo ante sí” y aún así “ni siquiera atinó a iniciar una investigación.” Indicó que estaban dadas las condiciones para que requiriera, a través de su asistente letrado, la privación de la libertad del imputado. Incluso le endilgó no haber adoptado “ninguna protección para las víctimas”, el 20 de febrero cuando gestionó la convocatoria a la audiencia que nunca se concretó. Dos días después Muñoz perpetró el doble femicidio.