Dura batalla legal le espera a la política tributaria rionegrina

El descuento compulsivo de impuestos a los estatales rionegrinos y la anunciada publicación de las listas de morosos amenazan con convertirse en un verdadero dolor de cabeza para la provincia. Numerosos letrados consideran que a todas luces la medida es inconstitucional y que «no resiste ningún análisis».

No menos grave será la cuestión relacionada con los automotores radicados en Río Negro, cuyos titulares los vendieron hace tiempo, pero su nuevo propietario nunca transfirió el bien.

Por esta razón, a la hora de publicar la lista de morosos aparecerán en ella personas que en realidad ya no son poseedores de esos vehículos y por lo tanto no son quienes generan la deuda impositiva. Esto significa lisa y llanamente que figurarán en esa nómina personas que no tengan deuda de Automotor con la provincia, pero que para las reglas de la DGR, siguen siendo los responsables. Sin embargo, ahora Rentas trabaja en un proyecto para que la denuncia de venta también sirva en el organismo provincial. (ver recuadro)

Abogados de Roca, a los que se podrían sumar otros del resto de la provincia, están convencidos que la retención compulsiva, es decir que el Estado se cobre directamente de los salarios lo que el empleado debiera pagar de impuestos, es inconstitucional.

Basan su convencimiento, primero en que es el Estado el primer incumplidor de sus obligaciones al pagar tarde los salarios y segundo, en jurisprudencia que sostiene que, salvo un embargo judicial, cada uno decide cómo utilizar sus ingresos y sólo el asalariado puede resolver el destino que le dará a lo que gana. Si paga impuestos o no es también su responsabilidad, pero en caso de no hacerlo la provincia debe acudir a otra vía para su cobro y no retener del sueldo como anunció que lo hará.

Entienden que, con el criterio oficial, también un acreedor de un comercio puede solicitar que se retenga del sueldo el valor de la cuota de un producto adquirido o un concesionario podría reclamar la retención de la cuota del auto.

Como ninguna de estas alternativas es viable, los letrados entienden que tampoco el Estado puede hacerlo, aunque sí podría proceder al cobro vía judicial del dinero de los impuestos impagos, como cualquier acreedor.

Consideran los abogados que con la puesta en marcha de la iniciativa, el Estado pasa a «ser injustamente privilegiado en relación a otros acreedores», lo que crea un situación de desigualdad porque un comerciante no tiene el mismo resorte para cobrar.

Cuando los letrados fueron consultados por la decisión de la justicia que desestimó una acción penal propuesta por los fiscales para frenar la retención compulsiva, uno de ellos dijo que «la Justicia no resolvió la cuestión de fondo y sólo opinó sobre el planteo puntualmente contra los funcionarios».

El director general de Rentas, Graciano Bracalente manifestó que esa cartera debe instrumentar esa retención impositiva porque así lo establece la ley del año pasado (decreto/ley 9/01). Sólo consideró que Rentas está evaluando el alcance del cobro directo tributario a los funcionarios municipales que cobran más de 1.200 pesos, considerando -sin mayores precisiones- que la función pública requiere del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Por otra parte, el ministro de Coordinación, Gustavo Martínez -que fue uno de los impulsores del proyecto del Ejecutivo- estimó días pasados que posiblemente se debería revisar el monto salarial a partir del cual se aplicará la retención al considerar que los actuales 1.200 pesos representan un poder adquisitivo inferior al criterio aplicado a mediados del año pasado cuando se diseñó ese esquema.

Si bien el decreto 9/2001 recién se comenzará a aplicar desde el mes de octubre, los abogados dijeron que ya recibieron numerosas consultas de algunos de los que sufrirán la retención.

«Ningún abogado puede decir que ganaría fácilmente un juicio, pero la retención compulsiva es inconstitucional y no tiene ningún sustento», aseguró uno de ellos, quien al igual que sus pares consultados, prefirieron mantenerse en el anonimato.

Lo cierto es que la velocidad de los planteos, que podrían incluir a funcionarios del gobierno por el nivel salarial que alcanza la medida, podrían ir a la misma velocidad que la aplicación del decreto ley.

Tanto la retención compulsiva como la publicación de listados de morosos que tal vez no lo sean, anticipan planteos judiciales que la provincia podría enfrentar por su política tributaria.

Jorge Vergara

Adrián Pecollo

No resolvió la cuestión de fondo

La aplicación de la retención tributaria se reeditó en el gobierno provincial recientemente tras un fallo judicial favorable de un tribunal que rechazó una denuncia penal contra el gobernador Pablo Verani y sus funcionarios. Esa causa investigó la «tentativa de malversación de fondos públicos» por el presunto desvío de recursos destinados a los salarios públicos.

La Cámara en lo Criminal, Sala «B» -integrada por Ricardo Aguirrezabala, Roberto Maturana y Ernesto Rodríguez- rechazó la apelación a un primer fallo que perteneció al juez Jorge Bustamante, que ya había dictado el sobreseimiento de los imputados.

En su fundamentación, Aguirrezabala manifestó que «no hay cambio de destino, ni diferente asignación de los fondos en cuestión». Afirmó que se «presupone el pago para poder efectivizar los descuentos que instrumenta, sólo en función de la aplicación de los fondos al pago de los créditos específicamente previstos pueden ser hechos los descuentos automáticos que autoriza».

Dos miradas diferentes

El gobierno rionegrino razona que la idea de retener del sueldo de los estatales lo que estos deben pagar de impuestos, se explica en que «el empleado público, en su carácter de tal, es el primero que debe cumplir con sus obligaciones y dar el ejemplo al resto de los contribuyentes».

En este sentido, el legislador Eduardo Chironi defendió la medida con la misma justificación y dijo que «por el nivel que se fijó, más que empleados comunes muchos serán funcionarios y con más razón están obligados a pagar los impuestos».

En la otra vereda, el abogado de Roca, Mario Alvarez, opinó que la medida «no resiste ningún análisis, es un acto más de prepotencia administrativa de la provincia que no paga en término, pero retendrá impuestos».