Dos agendas,dos gobiernos

La cuestión Rafecas es ilustrativa del deterioro de la relación en el vértice del poder y también revela la principal decepción de la vicepresidenta con Fernández.

La construcción del Frente de Todos se basó en una reconciliación entre dos personas. Alberto Fernández y Cristina Kirchner estuvieron distanciados durante nueve años, hasta que se reencontraron en el Instituto Patria en diciembre de 2017. Todos sabemos más o menos qué pasó en el medio. Como en todas las relaciones humanas, una magnitud emocional atraviesa el vínculo entre el presidente y su vice. Se desconoce cuánto ha sido conmovida esa dimensión en medio del silencio que mantienen entre ambos desde hace semanas. Peor aún, cuánto de esto podría afectar la estabilidad de la coalición que gobierna la Argentina.

La vicepresidenta ha dado en los últimos días nuevas señales de alejamiento del rumbo de Fernández. Una distancia que insinuó en julio, cuando hizo conocer su disgusto por la convocatoria a las principales cámaras empresarias para la celebración del Día de la Independencia. Pronunció en agosto, cuando descalificó la reforma judicial del presidente, y desnudó en octubre, cuando expresó su abierto desencanto con el gobierno.

Ahora la expresidenta parece conducir una gestión paralela a la del presidente. En casos, antagónica. Dos agendas, dos gobiernos. Semanas atrás, cuando el gobierno reactivó el proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, el titular del bloque de senadores oficialista José Mayans advirtió que la iniciativa era “inoportuna”. Hasta donde se sabe, Mayans no expresa opiniones sin el consentimiento de su jefa. Esta semana se sucedieron este tipo de gestos desde el Senado. El domingo pasado, el bloque de senadores del oficialismo advirtió en una carta dirigida al Fondo Monetario que se abstenga de “condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”.

Sucedió mientras los enviados del FMI promediaban su misión en el país. El miércoles, el mismo bloque incorporó una cláusula que limita la toma de deuda en moneda extranjera para financiar gastos corrientes al proyecto de ley para la sostenibilidad de la deuda, que presentó ese mismo día por videoconferencia en el Senado el ministro Martín Guzmán.

El ministro ya se había despedido cuando eso sucedió. Horas antes, Diputados había dado media sanción al cuestionado impuesto a la riqueza, una iniciativa de Máximo Kirchner en la que el presidente nunca creyó.

El presidente envió el proyecto de aborto legal al Congreso. En medio del paisaje desolador que dejó la pandemia, acaso sea hoy su única expectativa para el final del año.

El viernes, en el cierre del plazo para su tratamiento en sesiones ordinarias, la comisión de Justicia que controla el neuquino Oscar Parrilli emitió un dictamen para la reforma a la ley de Ministerio Público. Aquí conviene detenerse. Los especialistas sostienen que el proyecto distorsiona el espíritu de la constituyente de 1994 que creó el órgano extrapoder: reduce las mayorías necesarias en el Congreso para nombrar al procurador general y reduce a cinco años su mandato. Además incrementa la representación de la política en el jurado de enjuiciamiento de los fiscales.

Será aprobado en los próximos días en el Senado, en medio de la tensión en el oficialismo por la suerte que correrá Daniel Rafecas, designado por el presidente para ocupar el cargo. Rafecas ha dicho que desistiría si se flexibilizaran las condiciones para su elección, es decir, si no hubiera un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición, como demanda la mayoría agravada que contempla la ley vigente. Significaría un revés para el presidente.

La cuestión Rafecas es ilustrativa del deterioro de la relación en el vértice del poder y también revela la principal decepción de la vicepresidenta: a poco de cumplirse un año en el poder, el presidente aún no ha podido ofrecerle garantías frente a las numerosas causas que enfrenta en la Justicia. Es ella misma quien se ha puesto al frente de esa tarea.

El acuerdo con el Fondo por la deuda demoraría no menos de tres meses. También la vacuna contra el covid, que no estaría disponible sino hasta enero. El presidente sin embargo intenta imponer una agenda: envió el proyecto de interrupción del embarazo a Diputados. En medio del paisaje desolador que dejó la pandemia, acaso sea hoy su única expectativa para el final del año.