Día Mundial de la Lucha contra el SIDA: vivir con VIH no es un delito
El periodista y activista LGBT+ y VIH+, Lucas ‘Fauno’ Gutiérrez, pone sobre el tapete la criminalización que sufren muchos pacientes positivos. Relato sobre una situación que sigue estigmatizando a un sector enorme de la población.
136.000 personas viven con VIH en Argentina, según un boletín epidemiológico de fines del 2020. 17% desconoce su estado.
En el año 2009, cuando estrenaba apenas cuatro meses de diagnóstico positivo, me animé a retomar una vida sexoafectiva. Él sabía que yo era positivo y hasta me ayudaba a buscar información en una incipiente internet. Yo igual seguía aterrado. En cualquier momento del día me encerraba en el baño y me ponía papel higiénico en las encías para saber si me sangraban. Tenía miedo de transmitirle el virus con un beso. No importaba que yo supiera de memoria el mantra y lo repitiéramos juntos: “Los besos no son un peligro”. Imaginaba mi boca como la escena del ascensor en la película El Resplandor. Pasó mucho tiempo, muchas charlas, mucho amor y muchísima información para que mis inseguridades adopten un tamaño llevadero con mi cotidiano. No me puedo imaginar qué hubiese pasado si además tuviese que convivir con leyes que condenen mi vida VIH positiva; si un diagnóstico hiciera que, ante la ley, yo sea un potencial criminal.
En junio de este año, la fiscalía de Ciudad de México compartió en redes el rostro apenas tapado y divulgó los datos de Juan “N” por lo que luego conoceríamos como una denuncia de transmisión de VIH. Su pareja encontró la medicación antirretroviral de Juan, alegó que él nunca le había compartido su estado serológico y, al sentirse en riesgo, decidió denunciarlo. Él fue encerrado en un reclusorio por una semana. Si bien la fiscalía alega que fue por no responder a los citatorios, Juan declaró en una entrevista que la orden de aprehensión fue por “peligro de contagio”. Cuando pudo salir en libertad para continuar el proceso judicial se encontró con la exposición pública de su caso y denunció amenazas contra él y su familia.
¿Qué hubiese pasado si tanto la denunciante como el sistema legal hubiesen sabido que una persona VIH+ estando en tratamiento y sosteniendo su indetectabilidad no corre el riesgo de transmitir el virus sexualmente? ¿Juan “N” hubiese sido buscado y expuesto públicamente? ¿Su pareja se hubiese manejado de la misma manera? Mientras intentamos responder, la cara del denunciado sigue dando vueltas por las redes y su derecho a la confidencialidad está completamente violado.
En algunos estados de México aún está vigente la figura de “peligro de contagio” y en ella se amparan para violentar los derechos de las personas positivas. En 2018, la Suprema Corte de Justicia rechazó un artículo del Código Penal de Veracruz que condenaba el “contagio de enfermedades de transmisión sexual”. En 2012 los miembros de la sociedad civil internacional reunidos en Oslo, Noruega, también estuvieron de acuerdo en que el castigo no ayuda a erradicar el virus y plasmaron sus conclusiones en un informe. Una de sus preocupaciones fue la capacitación del sistema legal.
El pasado octubre, en la provincia de Córdoba, Argentina, un joven fue condenado en un caso de transmisión de VIH. En la comunicación del fallo, la misma justicia informó que el condenado no sabía su estado serológico, pero invocó la presunción de conocimiento y basó su decisión en una ley de profilaxis del año 1937. El joven estaba detenido desde 2019 en prisión preventiva, un recurso extraordinario que, según su abogada, fue usado por tratarse de una persona humilde y sin recursos.
En el juicio también se denunció violencia de género, según comunicó la justicia cordobesa. Sin lugar a duda esto debe ser condenado en este y en todos los casos. Sin embargo, la justicia también debe recurrir a todas las voces y herramientas especializadas para que la condena sea sobre quien ejerza esta violencia y no que signifique una criminalización de las personas que viven con VIH.
En este proceso legal se utilizaron recomendaciones de organismos internacionales de hace varios años y se obviaron las más nuevas; se utilizaron palabras como “enfermedad incurable”, además de todo tipo de terminología vetusta y estigmatizante. En un reciente comunicado, la Fundación Huésped, un faro del tema en Argentina y el mundo, manifestó su preocupación por los efectos de un fallo de estas características.
Pero la toga de juez y las ganas de bajar martillo no queda solo en uso de lo legal. La organización VIHve Libre denunció la semana pasada a la empresa BBVA México por pedir exámenes de VIH como parte del proceso para otorgar una hipoteca. En Argentina, en 2017, se vieron también señalamientos similares hacia instituciones bancarias por discriminar a personas positivas. Y quienes vivimos con el virus podemos armar un rosario de hechos violentos para contar, algunos que hasta pueden resultar en nuestra muerte.
Una ley, un castigo, fomentar el estigma, no va a cambiar nuestras acciones. Si algo podría suceder con estas acciones es que se evite una mayor cantidad de testeos, lo que haría que menos personas sepan su estatus. Una persona que sabe su estado serológico puede comenzar un tratamiento y evitar una futura transmisión. Además de esto, ¿cómo se comprueba qué persona involucrada en un contagio tuvo el virus primero? ¿Qué pasa con las responsabilidades compartidas en los encuentros consensuados? Y algo no menos importante: ¿Están preparados los sistemas de justicia para abordar estos procesos? La respuesta al VIH no puede ser la criminalización. Toda la sociedad tiene que ser parte de un abordaje integral, con justicia y empatía para todxs.
Por Lucas Gutiérrez (The Washington Post).-
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