Desalojo violento aumenta la tensión social de fin de año

“Por una Navidad con trabajo”, decía uno de los carteles colocados sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del Parque Industrial, en inmediaciones de la empresa Maderas al Mundo (MAM), que ayer, en pleno feriado, fue desalojada por la policía, a pedido de la fiscalía. Allí se encontraba parte del personal despedido hace cinco meses que permanecía en las instalaciones a la espera de una solución.

Durante el operativo represivo hubo heridos, entre ellos, el diputado, Raúl Godoy, que se acercó al lugar (ver aparte).

El 3 de julio pasado la compañía, que pertenece a la familia Bergese, despidió a la mitad del plantel, que en total eran 94, y suspendió al resto. La mayoría de los trabajadores tiene más de 17 años en la empresa, dedicada a la fabricación de bins para frutas.

El 9 de octubre dos de los obreros que habían sido echados, y que además son delegados, fueron acusados por usurpación. El fiscal Marcelo Jara tenía cuatro meses para llevar adelante la investigación.

Hace diez días, aproximadamente, Jara solicitó la orden de allanamiento de la fábrica, que finalmente no se concretó porque la policía indicó que no estaban dadas las condiciones para ejecutarlo. Insistió y el martes 5 de diciembre la jueza de Garantías, Ana Malvido, la concedió con la aclaración de que se resguarde la integridad física de las personas.

Entre las 6 y las 6.30 de la mañana la policía ingresó por la parte de atrás de la planta y detuvo a quienes se encontraban allí. Fueron llevados hasta la comisaría primera y a las 9.30 recuperaron la libertad. Cuando arribaron a la fábrica el resto de los trabajadores se produjeron los hechos de violencia, al igual que como sucedió hace exactamente una semana atrás con la protesta de los trabajadores tercerizados de Salud en cercanías al hospital Castro Rendón.

El fiscal jefe, Pablo Vignaroli, sostuvo que la orden fue requerida por los propietarios y el sindicato (ver aparte). Remarcó que la instancia de mediación estaba agotada. Sin embargo, la abogada de los trabajadores, Natalia Hormazabal, enfatizó que siempre hubo voluntad de llegar a un acuerdo.

“No se identificó en ningún momento el personal policial salvo el comisario de la comisaría 20, el resto no me quiso dar información de quienes eran”, planteó. Sobre el conflicto manifestó: “Presentaron un preventivo de crisis en abril el cual no tiene resultado, el sindicato lo rechaza en junio, y sin esperar esa resolución por parte de la subsecretaría de Trabajo, el 3 de julio toman medidas despidiendo gente. Lo que creo es que hay una avance de la justicia penal, un avasallamiento de las libertades democráticas de conjunto a nivel nacional y que tiene su escalada en la provincia de Neuquén”.

Los trabajadores acamparán durante todo el fin de semana, mientras la fábrica continuará colmada de policías, en cada rincón, en motos y en camionetas. El lunes habrá una movilización, a partir de las 10, en el contexto de un paro provincial resuelto por la CTA.

Un grupo llevará mañana su reclamo al Concejo Deliberante capitalino, donde asumirán los nuevos ediles, y participarán también de la 37° marcha de la Resistencia que organizan la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle.

El único integrante del gobierno provincial que brindó declaraciones fue el subsecretario de Seguridad, Gustavo Pereyra, quien respaldó el accionar de la policía y responsabilizó a Godoy de “incitación”. “De no hacer uso de la violencia por parte del diputado y de la gente que lo sigue, acá no hubiera habido ningún tipo de incidente”, lanzó.

“Yo con la edad que tengo ¿dónde voy a conseguir laburo? Tengo problema de columna, en las rodillas”, aseguró Cristina Tapia, quien ingresó a la maderera en 1978, con 17 años. “Toda una vida acá dentro de la fábrica”, apuntó. Ella entró en el lote de los suspendidos, vive en el barrio San Lorenzo. Contó que se desempeñaba en el secadero como clasificadora.

Ayer nadie imaginaba un escenario de piedra y gases. Los trabajadores tenían previsto realizar un bingo por la noche, en el barrio Villa Florencia, para recaudar fondos y parar la olla. “Esa es la manera que tenemos nosotros de aguantarnos económicamente, con la ayuda de la comunidad”, explicó Víctor Pérez, un trabajador con 25 años de antigüedad. Agregó: “Quieren echar gente al menor costo posible. Esta fábrica siempre fue viable. De un día para otro nos encontramos con los portones cerrados, no hubo intención de mediar. Los Bergese nos deben cinco meses de sueldo y todo el sufrimiento que nos hicieron pasar, lo que conlleva con la familia, el dolor, que eso no tiene precio. Se nos cambió la vida totalmente a nosotros. De ser laburantes pasamos a ser mendigos, andar pidiendo en la ruta, en el centro.”

La presencia del diputado

que terminó con una fractura

Duración

“Nosotros seguimos peleando por nuestra fuente laboral, nos echan de acá y no conseguimos laburo, es sabido”,

afirmó Víctor Pérez, quien entró a la fábrica cuando tenía 20 años.

“Pensaba jubilarme acá. La desgracia de los patrones éstos que tenemos, que nos dejaron en la calle a más de cinco meses en la lucha”,

aseguró Cristina Tapia, quien hace 39 años trabaja en la maderera.

“La solución alternativa no resultó efectiva. La policía permanecerá allí hasta tanto no se vaya a retornar a la fábrica”,

dijo el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, quien solicitó la orden de desalojo.

El sindicato aclaró que nunca pidió

la represión

El secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Madera de Neuquén, Soeimn, Pascual Villarreal, aclaró que no pidió el desalojo de la planta maderera. Mostró una nota del fiscal Pablo Vignaroli en la que éste certifica sus palabras.

“Siempre la culpa la tienen los otros y me acusaron a mí, yo por las dudas envié una nota al fiscal porque tal vez algún integrante del gremio lo había hecho, pero me contestó que no”, dijo Villarreal a “Río Negro”.

Contó que habían llegado a un acuerdo con el gobierno para reactivar la planta pero como fue rechazada por un grupo y ocupada no se pudo concretar. “Fueron 6 ó 7 los que se opusieron y la ocuparon”, apuntó.

“No fui a la fábrica para no generar controversias y no comparto el desalojo”, dijo.

Contó que el acuerdo implicó el cobro de una quincena y el aguinaldo en el mes de julio donde se destinaron 2,5 millones de pesos y de ahí no recibieron más dinero.

Dijo que de los 90 trabajadores, un 50% aceptaba el acuerdo con el gobierno.

fueron los cierres de empresas privadas que dejaron trabajadores sin empleo en la provincia de Neuquén. La desocupación es del 7,5%.

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