Desalojo de crianceros actualiza sospechas de especulación inmobiliaria en Nahueve
La senadora Silvia Sapag se reunió con crianceros del norte neuquino que recibieron una orden de desalojo de sus tierras que ocupan para pastoreo. La justicia civil de Chos Malal emitió dos órdenes.
Los crianceros son parte fundamental de la economía del Norte Neuquino. Foto gentileza.
El desalojo de dos crianceros en el norte neuquino resuelto por la justicia civil de Chos Malal a favor de adquirentes de lotes fiscales desató una polémica en un tema sensible para el Movimiento Popular Neuquino que actualiza, otra vez, la venta de terrenos en Villa del Nahueve que tendría una revalorización a partir de la construcción de la represa.
La cooperativa Campesina Limitada informo que la situación fue como la punta del iceberg porque adueron que «la mayoría de las familias crianceras y campesinas de la zona no tienen títulos de propiedad sobre las tierras en que vivieron y trabajaron durante décadas» y se contrastó la situación de quienes obtuvieron los títulos de propiedad pese a que no acreditaban vivir en el campo y trabajar en una explotación por cuenta propia.
Quien salió a ponerle el marco político fue la senadora Silvia Sapag (Frente de Todos) e hija de Felipe Sapag, quien se reunió con crianceros del Norte neuquino, ante los numerosos conflictos y reclamos de estos pobladores en relación con la regularización de sus tierras.
Sapag manifestó su apoyo a los crianceros y productores de la región que hace muchos años vienen exigiendo a las autoridades provinciales sus títulos de propiedad, y aseguró que “es inadmisible que a esta altura tengamos cientos y cientos de familias que todavía no tengan la documentación que acredite legalmente su posesión, a pesar de que han vivido allí por más de 100 años y han sido pioneros en el poblamiento de la zona y en su desarrollo económico y social”.
La senadora resaltó el caso emblemático de Villa del Nahueve, donde hace unos años se entregaron a precios irrisorios parcelas de terrenos a funcionarios provinciales, intendentes y personas vinculadas al poder de turno.
La cooperativa informó a través de Juan Rupel que «la situación de irregularidad estructural en torno a la tenencia de la tierra, se representa en que la mayoría de las familias crianceras y campesinas de la zona, no tienen títulos de propiedad sobre las tierras en que vivieron y trabajaron durante décadas».
Describió que en la zona norte, se observa un proceso de valorización inmobiliaria producto de las obras que se vienen ejecutando en distintas localidades y estas iniciativas han generado un crecimiento del interés «por parte de los sectores concentrados del poder inmobiliario que ahora miran con ojos atentos, la posibilidad de quedarse con tierras fiscales y promover de esta manera un proceso de apropiación y concentración de tierras públicas, que se transformarán de esta manera en propiedad privada».
«Esta situación, es a costa de los derechos de familias que durante décadas trabajaron y vivieron en la tierra, conforme manda nuestra Constittución Provincial y la Ley 263; ambas consagran el principio de que la tierra es para quien la trabaja, es un bien social de trabajo no para la especulación o la renta».
Sapag coincidió con ese diagnóstico y le dio un contexto político: » Las políticas neoliberales que se han promovido últimamente, especialmente durante el gobierno de Macri, consideraron la tierra como un bien de mercado, no como un bien de trabajo, desarrollo y justicia social”, sostuvo.
Por otra parte planteó que “la imposibilidad de acceder a la tierra y no contar con los servicios esenciales ha llevado a muchos habitantes a emigrar de las zonas rurales hacia las ciudades en busca de una mejor calidad de vida. El ejemplo más claro es la gran cantidad de escuelas que en los últimos años han cerrado sus puertas por falta de alumnos”.
“El norte neuquino tiene un gran potencial y es una zona con grandes posibilidades de desarrollo económico, agropecuario, turístico, pero nada de esto es posible si no se tiene en cuenta la participación de la gente y la entrega de las tierras a quienes por vivir en el lugar tienen legítimos derechos”.
“En definitiva, lo que está en juego es el fortalecimiento de una identidad y el resguardo de una cultura, sin duda, la más genuina de la provincia de Neuquén”, concluyó la senadora.
La preocupación de la mesa campesina se originó en las medidas judiciales del Juez Civil de Chos Malal quien dictó «en plena pandemia dos sentencias de desalojo contra familias crianceras y campesinas en dos causas impulsadas por personas que han obtenido ilegalmente los papeles de la Dirección de Tierras, de manera absolutamente ilegal: los títulos de propiedad han sido entregados a quienes no acreditaban estar viviendo en el campo y trabajando en una explotación por cuenta propia».
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