Desactivan la toma de tierras de El Foyel pero la tensión en la cordillera no cede
Mientras se realizaba un desalojo ordenado, jóvenes encapuchados de la ocupación de Villa Mascardi cortaron el tránsito sobre la ruta nacional 40. La gobernadora Carreras pidió valorar el resultado de la intervención estatal.
Fuerte despliegue de la Policía de Río Negro en El Foyel. Finalmente el desalojo fue pacífico. Foto: Alfredo Leiva
La Justicia y el gobierno rionegrinos lograron ayer aliviar un poco la tensión en torno de las tomas y ocupaciones de terrenos en la zona cordillerana, aunque la tensión se mantiene y la paz no está asegurada.
La orden en El Foyel se cumplió en paz. Luego de más de tres horas de diálogo y ante la resistencia de algunos de los presentes, se detuvo a tres mujeres y un hombre. El resto abandonó el lugar de forma voluntaria. Los detenidos luego fueron liberados.
Mientras se realizaba este operativo, hacia el norte, en Villa Mascardi, los jóvenes de la comunidad que se hizo dueña de predios estatales y privados, decidió cortar la ruta toda la tarde.
El juez de Revisión Marcelo Álvarez Melinger dispuso cerca del mediodía el desalojo inmediato del predio privado ubicado en el paraje El Foyel, a 75 kilómetros de Bariloche, donde un grupo de personas encapuchadas con armas blancas permanecía en los accesos desde el jueves pasado.
El protocolo para llevar a cabo el desalojo fue presentado por el Ministerio Público Fiscal y consta de tres etapas. El juez enfatizó que la medida deberá realizarse “con luz solar y no puede ser realizarse en condiciones climáticas adversas, esto significa lluvia o nieve”.
Por la tarde la comunidad Lafken Winkul Mapu, que inició en 2017 la toma de tierras en la zona de Villa Mascardi, cortó el tránsito sobre la ruta nacional 40, paso obligado desde El Foyel a Bariloche. Lanzaron boleadoras y piedras.
El juez federal Gustavo Zapata, que subroga en Bariloche, ordenó la liberación. Para evitar “riesgos”, la gobernadora Arabela Carreras fue hasta el lugar, pero fue insultada. Hacia la noche la medida fue levantada.
Audiencia
En la audiencia del viernes pasado, el juez de Garantías Ricardo Calcagno había desestimado el pedido de desalojo pero declaró en rebeldía a Blanca Rosa Gallardo y Juan Carlos Oyarzo y ordenó su captura que no se concretó.
“Hubo un pedido del Ministerio Público Fiscal para realizar la audiencia de formulación de cargos que no se pudo llevar a cabo porque se solicitó un cambio de la defensa”, puntualizó el juez y agregó que ese mismo viernes, se programó otra audiencia para que el abogado defensor Manuel Mansilla pudiera participar.
Recordó también que la Fiscalía ofreció trasladar a los imputados en un móvil policial al Juzgado de Paz si no podían concurrir en un vehículo particular. Pero no se presentaron en la audiencia.
“Hoy (por ayer) la audiencia debería haber comenzado a las 9. Pero hubo un pedido de recusación de fiscales y del juez por parte del defensor quien se negó a participar de las audiencias dispuestas a partir de su pedido para argumentar sobre la recusación, de modo que fue desestimado”, puntualizó Alvarez Melinger.
En relación al pedido de la fiscalía de avanzar con el desalojo, el juez planteó: “La posesión de la familia Soriani se encuentra comprometida. Se encuentran sitiados lo que afecta su derecho de propiedad, libertad de movimiento y actividad agropecuaria. Por eso, considero que se habilite el inmediato desalojo. Los ocupantes podrán seguir tramitando”.
También destacó el protocolo de desalojo sugerido por el Ministerio Público Fiscal que “resguarda los derechos de las víctimas y brinda la posibilidad de que se logre un desalojo voluntario por parte de los ocupantes”.
El juez avisó que “hubo numerosos llamados a Mansilla para su concurrencia a la audiencia, de la que ya estaba debidamente notificado. Su incomparecencia injustificada en este expediente será comunicada al Tribunal de Ética”.
La víctima
“Hace más de 40 años que Miguel Soriani es reconocido como productor por la provincia de Río Negro. Después de haber pagado el derecho de pastaje durante 30 años, Soriani accedió a la compra de la tierra a la provincia. Y hace días que un grupo de encapuchados lo privan del derecho a su propiedad y mantienen en virtual secuestro a toda su familia”.
De esta forma, el abogado por la querella, José Bianco, expuso ante el juez de la causa, ayer por la mañana. “A sólo 70 kilómetros de este lugar está ocurriendo un delito y es obligación del Estado hacer cesar ese delito”, insistió en la audiencia virtual.
“No se puede condicionar la aplicación de la ley a la voluntad del delincuente. No se puede exigir a la víctima que soporte estoicamente el accionar del victimario hasta que el mismo decida ser identificado y estar a derecho”, cuestionó y añadió: “He tratado de medir mis palabras porque me cuesta creer que tenga que hacer un enunciado como éste en el 2020”.
La historia de cómo el terreno fue pasando de mano en mano
En 1969, Sixto Gallardo dejó de ser puestero en El Foyel para convertirse en poseedor de una parcela de tierra, a través de la cesión que le otorgó la viuda Aurora de Candia. Según el abogado de la querella, Jorge Paolinelli, esto está documentado en el expediente de la Dirección de Tierras de Río Negro.
“Este derecho de ocupación otorgado por la provincia se lo transfirió a Miguel Soriani en 1980, mediante escritura pública. También se pueden probar las mejoras que han introducido en el campo. En los años 80, ese campo no tenía caminos de acceso. Hoy tiene alambre perimetral, caminos, viviendas y una forestación”, relató Paolinelli. En 2005, el gobierno rionegrino decidió transferirle el dominio de las tierras a Soriani, a través de una escritura.
“En 2006, aparece el primer reclamo de los herederos de Sixto Gallardo”, expresó Paolinelli. Recordó que hubo una sentencia de primera instancia en 2013 y una de segunda instancia, en 2014. “La justicia determinó no hacer lugar”, dijo.
Nación insiste con el diálogo
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que preside la rionegrina Magdalena Odarda, sostuvo ayer que “ante una posible intervención de la fuerza pública, en el día de la fecha se remitió escrito al Juzgado Penal interviniente, solicitando que se convoque a una mesa de diálogo con las partes involucradas”.
Sostuvo el organismo nacional que el 16 de octubre pasado, se le pidió a la provincia de Río Negro “los antecedentes dominiales, en relación a los documentos y títulos expedidos en relación” con la propiedad de los Soriani.
“En ningún momento el INAI prestó apoyo logístico a la comunidad ni suministró ningún tipo de alimentos, agua, equipo de radio, ni celular, como falsamente circuló en algunos medios de manera maliciosa”, añadió el INAI en un comunicado.
Aclaró que “la presencia en la zona del vicepresidente de INAI, Luis Pilquiman, se enmarca en la competencia primaria en materia indígena conforme Ley Nacional 23.302 y Ley Provincial 2287, con la finalidad de interiorizarse sobre el temperamento procesal de la causa en el juzgado e impulsar el avenimiento a una mesa de diálogo en busca de una solución pacífica al conflicto suscitado”.
“La acciones del INAI -continúa el comunicado- se circunscriben en cumplir y hacer cumplir la perspectiva intercultural en las actuaciones de los poderes públicos, de conformidad al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y su correlato del artículo 42 de la Constitución de la Provincia de Río Negro” y las leyes que ratifican las adhesiones a acuerdos supranacionales.
Agresión a un trabajador de prensa
Un equipo periodístico del canal de televisión de noticias TN fue agredido ayer cuando cubrían la toma de tierras rionegrinas en El Foyel.
La Justicia autorizó el desalojo de la comunidad mapuche Gallardo Calfú del campo perteneciente a la familia Soriani. Allí, se produjeron incidentes de gravedad que tuvo como protagonista al equipo de trabajo del canal de noticias.
La Policía Provincial instalada en la zona se mantuvo al margen de esta agresión. Se supo que a uno de los periodistas de TN le pegaron con el trípode de la cámara en la cara generándole un corte importante cerca del ojo. Los mapuches le gritaban: “Apagá la cámara o te la bajamos”. Después de las amenazas vinieron los golpes.
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